
Tras diez años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc, la Defensoría del Pueblo le puso la lupa al cumplimiento de lo pactado en La Habana y a la satisfacción de los derechos de las víctimas que estuvieron en el centro de la conversación. Su resultado, plasmado en un informe que presentará la entidad esta semana plantea que, aunque Colombia creó la institucionalidad necesaria para echar a andar la paz, los rezagos en su implementación aún son importantes. En entrevista con El Espectador, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, explicó por qué la situación de conflicto que vive hoy el país no es atribuible al acuerdo que cumple una década ni es motivo para dejar de lado su cumplimiento.
El Acuerdo de Paz cumple 10 años en un momento político y fiscal que complica su implementación. ¿Cuál es la mayor preocupación de la Defensoría sobre los compromisos firmados hace una década y su cumplimiento?
La paz tiene un componente místico y otro mecánico. El primero tiene que ver con una decisión de hablar de paz, de reconciliación, de saber que en este país estamos en el mismo barco y que tenemos que sobrevivir y no seguirnos matando. Independientemente de las razones que haya, pues es nocivo para el proyecto que tenemos como país. Y el componente mecánico, que lo explicaría con una frase: obra son amores y no buenas razones. Tú puedes tener un discurso precioso de paz, pero eso se tiene que convertir en recursos, instrumentos e instituciones. Que la gente tenga acceso al agua potable en las zonas más afectadas por el conflicto, por ejemplo. Eso implica una acción institucional.
En este momento, infortunadamente, tenemos retos en ambos aspectos. De una parte, se ha planteado un falso dilema entre la paz y la seguridad. La paz se ha simplificado en una idea de aceptar en ella a todos los criminales, creerles y darles unas oportunidades que no merecen. Como no estamos de acuerdo en eso, entonces dicen que la paz es mala y tenemos que rechazarla. Eso no es la paz. De hecho, la paz implica justicia para las víctimas y bienestar para la gente que está en los territorios más afectados por la violencia. Esa simplificación nos está haciendo daño. Y en lo mecánico estamos viendo una reducción del presupuesto muy importante para la implementación del Acuerdo de 2016.
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¿Cuáles son las reducciones que más le preocupan?
No es solo el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sino el presupuesto para instituciones claves para la reincorporación o para la reforma rural integral, un punto que tuvo una reducción presupuestal de más del 70 %. Las entidades más afectadas en sus finanzas son la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que se encargan del desarrollo rural en las zonas de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y de la distribución de tierras. También la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que procura que alrededor de 11.000 personas que dejaron las armas hace diez años y siguen en proceso de reincorporación tengan las condiciones mínimas de seguridad y socioeconómicas para que no vuelvan a la guerra. Tenemos unos retos allí.
Pero también creo que no debemos desesperarnos. De hecho, creo que hay oportunidad. El propio Gobierno, a través de la ley de sometimiento, está diciendo que hay tres componentes de su política de seguridad: el desarrollo rural, que lo llaman intervenciones territoriales integrales; el fortalecimiento de la justicia, el sometimiento da la oportunidad de que la Fiscalía fortalezca sus capacidades de investigación y de llevar a los responsables ante la justicia; y la seguridad física, a través del despliegue del sector Defensa. Aunque la política de sometimiento pareciera no ser una política de paz, porque el Gobierno no la quiere presentar de esa manera, lo entendemos y lo respetamos, se está manteniendo abierto un canal de diálogo que permite que los grupos dejen las armas y entren por un conducto complementario al de la seguridad física y el despliegue militar.
Sí hay retos importantes, pero que el Gobierno comprenda que la paz es para las víctimas, para los territorios y que mantener abiertas las posibilidades de que los grupos ilegales puedan pasar a la vida civil por una vía distinta o complementaria a la militar es algo que hay que mantener abierto sin dejar de proteger a la gente.
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El pasado 30 de octubre, el embajador Mauricio Gaona dijo ante Naciones Unidas que el Acuerdo de Paz de Colombia no es un ejemplo para el mundo. ¿Qué opinión le merece esa postura de un funcionario del gobierno que tiene la obligación de implementar ese acuerdo al que se oponen?
Yo creo que el Acuerdo de Paz sí ha sido un referente para el mundo. Pero lo más importante es que sea un referente para Colombia. Y lo ha sido. También creo que no es real atribuir la violencia de hoy al Acuerdo de Paz de hace 10 años. Lo digo porque tenemos unos grupos que están haciendo mucho daño, que tienen un poder territorial importante y se dividen en tres vertientes. Una es el Ejército de Liberación Nacional (Eln), que nunca ha firmado un acuerdo de paz. La presencia y actividad del Eln hoy en día no es atribuible al Acuerdo de 2016.
Por otro lado, está el Clan del Golfo, que es el grupo ilegal más grande y con mayor presencia territorial en Colombia. Proviene de un reciclaje de la primera desmovilización de los paramilitares en los años 2000, aunque creo que no se explica únicamente por eso. Me parece difícil decir que este crecimiento y expansión del Clan del Golfo obedezca al Acuerdo de Paz, cuando su origen y sus miembros tienen otra explicación. Y en tercer lugar están las disidencias de las Farc. El acuerdo condujo a la desmovilización de más de 13.000 personas. De ellas, alrededor de 11.000 siguen cumpliendo el acuerdo, dejaron las armas y están en proceso de reincorporación. Más de 500 han sido asesinadas. El restante, que son más de 2.000, ha vuelto a las armas.
Ahí uno se preguntaría: ¿Reincidieron por el Acuerdo de Paz? Me parece difícil sostener ese argumento. Al contrario, si uno ve la historia de este siglo en violaciones a derechos humanos, desplazamientos, confinamientos y violencia territorial de los grupos, el momento de mayor paz que hubo fue después de la firma del Acuerdo de 2016. La gente dice: “Pero Cauca sigue en conflicto armado”. Sí, Cauca está en conflicto armado, pero tuvo una reducción muy fuerte de la violencia y de la presencia de estos grupos en 2016, 2017 y 2018. Es muy simplista decir que la situación de hoy del país es atribuible al Acuerdo de Paz del 2016. Eso es contraevidente.
Me pregunto por qué no es atribuible la situación actual al acuerdo que se hizo con los paramilitares de Ralito, si el Clan del Golfo es el grupo más grande hoy en el país. Hay una serie de situaciones distintas y adicionales que estamos perdiendo de vista. Eso es grave porque le echa la culpa al Acuerdo de Paz de algo de lo que no tiene la responsabilidad. Y aún peor, si hacemos un diagnóstico errado, vamos a tener una solución errada.
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¿Entonces le parece simplista la afirmación del embajador Gaona ante Naciones Unidas?
Sí. Creo que no recoge el aporte del Acuerdo de Paz en nuestro país y deja de lado que ese acuerdo es un elemento en una historia más larga y más compleja para la construcción de paz en Colombia. Y en algunos puntos puede ser contraevidente no reconocer la calma y la reducción de violaciones a derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que hubo después de la firma del Acuerdo, que tal vez ha sido el momento más pacífico que hemos tenido en las últimas décadas en Colombia.
¿Qué explicación tienen esas “guerras recicladas”, como las llaman en su informe?
Hay varias situaciones. Hasta el 2016, el conflicto armado colombiano tuvo alguna presencia de causas políticas. Esa causa o justificación empezó a desaparecer con la Constitución de 1991 y con el Acuerdo quedó cerrada esa puerta. Hoy en día estamos ante una violencia que desde los años 80 o 90 ha estado influenciada por el narcotráfico. Eso creció y hoy tenemos un conflicto distinto al que se terminó hace 10 años, basado en la búsqueda de recursos en las economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, el secuestro, la extorsión, entre otras. No es una causa nueva, pero es diferente a la que teníamos hace diez años. No estamos ante un grupo político unificado.
Eso ha generado una expansión y una multiplicación de los grupos. Hace un par de años eran dos o tres. Hoy estamos hablando de cinco o seis. Si hablamos en seis meses y esto no se logra contener, podríamos estar hablando de nuevos fraccionamientos. Lo que los une son las economías ilegales y no una justificación o ideología política. Lo otro diferente es que hay una prevalencia de la criminalidad organizada muy importante, que son redes ilegales, muchas veces con alcance transnacional, que están asociadas a esta criminalidad. El crimen organizado tiene la capacidad de sostener ejércitos, pero también tiene redes de corrupción para el lavado de activos, para pasar fronteras o evadir controles del Estado. Es un escenario completamente distinto.
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A eso se suma la ausencia del Estado en distintas regiones, como en los municipios PDET
Colombia ha tenido experiencias exitosas de desarme desde los años 80 y en despliegue de la fuerza pública. De hecho, en nuestras alertas tempranas vemos que quien más cumple las recomendaciones que hacemos es el sector de la fuerza pública y en lo que siempre nos ha quedado la deuda es en el desarrollo territorial en la ruralidad. El Acuerdo de Paz ha permitido avanzar en algunas cifras y eso no deberíamos dejarlo de lado. La reducción de la pobreza multidimensional en las zonas PDET ha sido significativa en los últimos 10 años, pero insuficiente porque la brecha con zonas urbanas sigue siendo muy amplia. También ha avanzado el paso directo de educación básica a educación superior en esas regiones. Hemos tenido avances, pero la brecha territorial sigue siendo enorme.
En el caso de los PDET, lo que hemos visto es que todos los gobiernos han hecho algo en torno a la planificación, la definición de las iniciativas y ha habido un proceso participativo de más de 250.000 personas. Pero la implementación ha sido escasa y con bajo impacto. Y es importante recordar que la desigualdad territorial es uno de los factores de persistencia de la violencia. Si en una zona como Catatumbo, Cauca o Nariño los campesinos ven una mejor oportunidad de vida en los cultivos de uso ilícito y no hay una forma de desarrollo territorial que de verdad dé otras alternativas, habrá una persistencia de la violencia. Si para los jóvenes y adolescentes de estos territorios su mejor opción de vida es irse a la guerra, tendremos una fuente para el reclutamiento y el crecimiento de estos ejércitos.
Está bien el despliegue de seguridad. No es la primera vez que lo hacemos y probablemente pueda llegar a algunos resultados, aunque no es fácil. Suponiendo que nos va bien por ese camino, si no lo complementamos de manera más audaz con programas de desarrollo territorial, seguramente vamos a tener esos factores de persistencia.
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La Defensoría dice que existe la institucionalidad necesaria para implementar el acuerdo, como la JEP, pero la brecha para hacer efectivos los derechos de las víctimas sigue siendo grande. ¿Por qué?
No podemos simplificar la discusión. Nuestro informe muestra que tenemos la posibilidad y la necesidad, más que de hacer reformas, de fortalecer o reevaluar aquello que sea necesario o que no está funcionando para maximizar los derechos de las víctimas. Creemos, por ejemplo, que la JEP no puede estar exenta de ese debate. Nosotros hemos planteado que haya procedimientos que realmente sean más eficaces y creemos que esa discusión se tiene que dar en torno a los derechos de las víctimas. ¿Qué necesitamos para la reconciliación y para los derechos de las víctimas? ¿La JEP lo está ofreciendo? ¿Cuáles han sido sus tropiezos o sus rezagos? Eso lo tenemos que hacer y, de acuerdo a ello, definir cómo vamos a mejorar la justicia para las víctimas, la seguridad jurídica para los comparecientes y maximizar los resultados.
Pero también hay que mirar el trabajo de la JEP en su contexto. Este no es el primer ni el único mecanismo de justicia transicional en Colombia. Estamos en un país de más de 10 millones de víctimas del conflicto armado, con millones de hechos que la justicia ordinaria históricamente en Colombia y en el mundo no ha tenido la capacidad de procesar ni de llevar a los responsables a la justicia. Entonces, ahora se dice: “Pasemos los casos a la justicia ordinaria”. Y yo creo que empezamos por la propuesta sin haber pasado por el diagnóstico. Me pregunto, ¿por qué la justicia ordinaria va a tener la capacidad de responder más oportunamente y mejor a los derechos de las víctimas de lo que lo ha hecho la JEP? ¿Cuál es el estudio de cargas? ¿Quiénes van a ser los fiscales y los jueces?
De hecho, puede generar retos nuevos, además de inseguridad jurídica para las víctimas y para los comparecientes que se han sometido a este procedimiento. Empezar por el final, por la discusión burocrática de que la JEP no sirve, no es imparcial y que hay que cerrar sus puertas modificando el Acuerdo de Paz y la Constitución, sin una solución que realmente sea certera para las víctimas, me parece que puede ser un retroceso importante para el país. Supongamos que avanzan estas reformas, ¿dónde creemos que vamos a estar en 10 años, cuando se cumplan 20 años del Acuerdo de Paz? ¿Realmente estamos pensando en un mecanismo que resuelva el problema? Esto se ha politizado demasiado, ha impedido un debate con un diagnóstico a fondo, sopesado y que nos puede llevar a nuevos errores.
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El camino que tomó el gobierno actual, según dice la propia JEP, es “asfixiarla” para que no haga su trabajo. ¿Cree que es una contradicción frente a la obligación del Ejecutivo de garantizar su funcionamiento?
Yo no centraría la discusión en el tema del presupuesto, porque si uno escucha lo que proponen Salvación Nacional, el Centro Democrático o el propio Gobierno, ellos no creen que estén asfixiando a la JEP. Sencillamente están diciendo: “Usen los recursos de una manera más eficiente para dar los resultados o llamen a la audiencia de reclutamiento”. Si uno escucha ese lado, pareciera que están pensando en las víctimas.
Pero creo que terminan simplificando todo en una discusión sobre la existencia burocrática de la JEP. Es una contradicción el hecho de no partir de una propuesta que tenga en cuenta cuál es el diagnóstico, qué es lo que ha fallado, cómo ha fallado, qué es lo que tenemos que mejorar y cómo eso nos va a conducir a maximizar el resultado. Ahí la JEP es una pieza. Es un medio y no es un fin en sí mismo. Estamos dejando de lado el debate de fondo.
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También la violencia alcanza a los firmantes de paz, de los cuales han asesinado a 521. ¿La falta de garantías de protección y condiciones para su reincorporación se ha convertido en incentivo para que vuelvan a las armas?
Por supuesto. No solo lo dice la Defensoría del Pueblo. Hay una sentencia de la Corte Constitucional del 2022 que declaró un estado de cosas inconstitucional sobre el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz para con los firmantes. Quisiera resaltar al menos tres elementos: la seguridad física, la seguridad jurídica y la reincorporación socioeconómica. Los tres son cruciales para ellos y para las víctimas, para que se mantengan fuera del conflicto armado y que haya garantías. Esa es una garantía de no repetición de la violencia en el territorio.
Las discusiones de la JEP tienen que tener en cuenta la seguridad jurídica de los combatientes, porque ellos dejaron las armas bajo un arreglo de justicia que incorporaba un tribunal de justicia especial. Cambiarlo tiene el efecto de decirles a ellos: “Quizás no vamos a cumplir el acuerdo de justicia”. Pero también tiene el efecto para los que siguen en armas de decirles: “Uno les dice que sí y después hacen otra cosa”. Y en el tema de seguridad física, ni se diga. Van más de 500 firmantes asesinados por múltiples riesgos relacionados con esta expansión y violencia de los grupos armados. Son estigmatizados o presionados para volver a los grupos. Preocupa muchísimo la reincorporación, porque una de las instituciones que más recorte presupuestal tuvo para el próximo año es la ARN. Eso pone en juego todos los beneficios socioeconómicos que requieren, el acompañamiento para no volver a las armas.
Más allá de la discusión del presupuesto, ¿qué hacer entonces para que esa falta de garantías no se siga consolidando como una razón para regresar a las armas?
Es importante que haya un mensaje de respaldo del Gobierno a la reincorporación de los firmantes. Es una obligación para la paz en Colombia y en el marco del cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional manifestar públicamente un compromiso de que no los van a dejar solos ni más expuestos de lo que ya están en la reincorporación. Y segundo, ya hubo el recorte presupuestal. Habrá que actuar con lo que hay. Ahora hay una serie de oportunidades que vienen con un nuevo gobierno de no dejar de lado el compromiso y establecer herramientas institucionales, presupuestales y de política pública para acompañar estos procesos.
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Algo similar ocurre con los líderes sociales, que en sitios como los municipios PDET se la juegan por implementar el acuerdo. Su informe dice que en estos 10 años han asesinado a 1.743 defensores de derechos humanos. ¿Quién o qué ha fallado en su protección?
El panorama de la protección de líderes sociales es muy desalentador. La expansión de los grupos y el crecimiento de la gobernanza territorial están dejando a los líderes locales, ambientales, juntas de acción comunal y a los firmantes de paz en una situación en la que, si no entran a colaborar, aceptar o a permitir la gobernanza ilegal, se tienen que ir o los matan. Esto ha costado inclusive la autonomía de estos liderazgos. Es una falta de presencia del Estado. En su gobernanza, los grupos ilegales cumplen funciones que son del Estado. Quien se oponga, quien levante la mano y diga: “Un momento, esto no debe ser así”, se vuelve blanco del grupo.
Los liderazgos sociales, como los niños reclutados, son la foto visible del fracaso de la presencia institucional integral del Estado. Por eso hago tanto énfasis. Esto no lo vamos a revertir solo con fuerza pública, aunque sea necesaria y eso también hay que hacerlo. Tenemos que garantizar que la gente en las regiones más afectadas por la guerra pueda decir que se acerca a las instituciones del Estado porque son su referente y no los grupos armados.
Otra de las entidades que se han quedado cortas, según su informe, es la Unidad para las Víctimas. ¿Qué opinión tiene sobre la razón detrás de esos rezagos?
Sería importante que el discurso y la afirmación de que todos y todas hacemos que el centro de la paz sean los derechos de las víctimas dejara de ser un cliché o un eslogan. Esto lo vemos porque en el debate sobre la JEP todo el mundo ha hablado mucho de ellas. Pero la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fue expedida en el 2011. Para 2021 se prorrogó su vigencia por 10 años más. Para el 2031, solo alrededor del 20 % de las víctimas habrán obtenido indemnización. En los procesos de reparación colectiva de campesinos, comunidades étnicas, organizaciones que han sido afectadas por el conflicto armado, hasta el momento menos del 5 % han terminado su programa del plan de reparación colectiva.
Tenemos una deuda de más del 95 % y ocho de cada 10 víctimas no han recibido atención psicosocial. Este es un tema profundo y grande. Colombia tiene el registro de víctimas más grande del mundo y atender esta deuda de derechos, que requiere un respaldo presupuestal muy importante, no es fácil para las finanzas del Estado. La Ley de Víctimas creó una comisión de financiación que le pedimos al gobierno anterior activar. Le reiteramos a este gobierno que es el momento de hacerlo y ver realmente qué le vamos a decir a la gente.
¿Qué le han respondido sobre esas solicitudes?
En el gobierno anterior se llegó a instalar, pero hubo un problema sobre si el Ministerio de Hacienda la presidía o no, así que nunca operó efectivamente. Y de este nuevo gobierno, estamos esperando que la active.
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La sensación, después de ver los análisis de la Defensoría, es que el Acuerdo no fue suficiente o que la institucionalidad se quedó corta. ¿Qué decirles a los firmantes de paz, a las víctimas y a todas las personas que creyeron en la firma de 2016?
Mi mensaje es que no nos dejemos confundir. Esta sigue siendo una agenda válida y necesaria para el país. La construcción de paz, de la mano de una política de seguridad seria, es algo que tenemos que resolver porque es la deuda de la Constitución del 91, que es la Constitución de la paz, y estableció que la gente en los territorios tiene derecho a ella. No caigamos en la polarización. Discutamos a fondo. Los políticos muchas veces nos quieren dividir y lo logran. La gente no está ganando con ese debate. Vamos a hablar de este tema y vamos a seguir construyendo paz en Colombia con seguridad, desarrollo territorial y justicia. Esa es la apuesta que tenemos que seguir defendiendo. De alguna manera tenemos que ponernos de acuerdo y seguir avanzando porque yo sí creo que Colombia tiene derecho a hacer la paz.
¿Qué decirle al presidente De la Espriella y al Congreso sobre las decisiones relacionadas con la implementación del Acuerdo que tienen en sus manos?
Al presidente Abelardo de la Espriella decirle que cumplir el Acuerdo de Paz es una obligación constitucional. El hecho de que haya sido elegido con unas posiciones ideológicas específicas no reevalúa la obligación constitucional de cumplirlo. La fórmula del Acuerdo de Paz en relación con la sustitución de cultivos, el fin al problema de las drogas ilícitas, el desarrollo territorial, la apertura política, la reincorporación y los derechos de las víctimas como objetivo central de cualquier política de paz y seguridad, es algo que le conviene también al Gobierno. Si avanza en esos temas y usa la obligación jurídica del acuerdo para complementar las nuevas propuestas que tenga, seguramente al final del gobierno le va a presentar mejores resultados al país y eso va a ser bueno para la forma en que sea recordado en la historia.
¿Cómo hacer la paz en un país que sigue en guerra?
La paz no es la firma de un documento o de un acuerdo. La paz son los derechos humanos de la gente en el territorio. Apostarle a la paz es apostarle a los derechos en el territorio. Eso es lo que inobjetablemente todos queremos.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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José A(64187)•10 de noviembre de 2026 – 09:30Es reconfortante lo afirmado por la Defensora del Pueblo, los ciudadanos debemos exigir a la clase política, desde nuestros Concejales en los municipios hasta los miembros del Congreso de la República, una discusión seria y profunda acerca del «Informe sobre los diez años del Acuerdo de Paz firmado con las FARC» presentado por la Defensoría del Pueblo, así como de la importancia de dar continuidad a la justicia restaurativa (JEP).