Su nombre es Luis Fernando Chaverra Grisales y es de Medellín. Lleva una camisa blanca, pantalón de dril y unos zapatos Converse. Camina al lado de su hijo, Hugo Chaverra, quien carga un cofre de madera coronado por una cinta con un nombre en letras doradas: Óscar Rodrigo Chaverra Grisales. La imagen es del 10 de agosto de 2025 y el rostro de Luis Fernando muestra el cansancio por el tiempo y la búsqueda de su hermano, desaparecido el 16 de diciembre de 2005. Encontró sus restos 20 años después, en el cementerio Las Mercedes, de Dabeiba (Antioquia), en medio de una investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que acaba de condenar a cinco exmilitares que participaron en este y en otros 34 asesinatos allí.
A su lado camina también Juan Ramón Martínez Vargas, magistrado de la Sección de Reconocimiento del Tribunal para la Paz, que este 13 de noviembre de 2026 emitió la sentencia en la que declaró culpables a los exintegrantes del Ejército por los delitos de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada y al crimen de guerra de homicidio en persona protegida. Los condenados son el coronel (r) Edie Pinzón Turcios, los mayores (r) Hermes Mauricio Alvarado Sáchica y Efraín Enrique Prada Correa, el sargento primero (r) Jaime Coral Trujillo y el sargento segundo (r) William Andrés Capera Vargas. Tendrán entre cinco y seis años de restricciones de derechos y libertades y trabajarán en proyectos de reparación para víctimas.
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La decisión, que iba a salir el pasado 29 de septiembre y se retrasó unas semanas por ajustes que dejaron por fuera de la sanción a dos comparecientes, se conoce en uno de los momentos más cruciales de la JEP, que está al borde del cierre de sus investigaciones y enfrenta un recorte presupuestal decretado por el Gobierno por COP 170.000 millones para terminar su etapa de juzgamiento. Es la tercera sentencia de tipo restaurativo, la segunda relacionada con ejecuciones extrajudiciales y la sexta que emite el Tribunal para la Paz, en ocho años de trabajo. Está relacionada con el caso conjunto 03 y 04 de la JEP, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados por el Ejército como bajas en combate y desaparecidos en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba.
El caso nació tras las confesiones del sargento segundo (r) William Andrés Capera Vargas, en el marco del subcaso Huila de la JEP. El exuniformado le dijo en agosto de 2019 al despacho del magistrado Alejandro Ramelli que el horror de las ejecuciones extrajudiciales vivido en ese departamento no tenía comparación con lo ocurrido en Dabeiba. Los magistrados empezaron a tirar del hilo hasta encontrar que la dimensión de las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas en ese municipio del occidente de Antioquia era aterradora. “Yo no tenía mayor idea de dónde quedaba ese municipio”, dijo en su momento el magistrado Ramelli. Siete años después, los primeros responsables de lo ocurrido allí fueron condenados.
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La barbarie del Ejército en Dabeiba
La investigación muestra cómo integrantes de los batallones de contraguerrilla 79 y 26 del Ejército actuaron en alianza con los paramilitares en Dabeiba y otros municipios del noroccidente de Antioquia, entre 1997 y 2007. Sus hallazgos han permitido, hasta ahora, recuperar 77 cuerpos sepultados de forma clandestina en el cementerio Las Mercedes. De estos, 18 ya fueron identificados y 17 entregados a sus familias, como es el caso de Óscar Rodrigo Chaverra Grisales. Ocho exmilitares estaban vinculados, pero solo cinco fueron condenados. A uno de ellos deben resolverle la situación jurídica, por no ser uno de los máximos responsables de los hechos. A los otros dos les habían imputado el delito de tortura sin seguir el procedimiento y tendrán que aclarar sus casos.
Los 35 asesinatos ocurrieron en el marco de 18 hechos criminales, que se perpetraron por medio de tres patrones. El primero corresponde a los homicidios de campesinos de la región que fueron estigmatizados o señalados falsamente por militares y paramilitares como colaboradores de la guerrilla. Según explicaron a El Espectador desde el despacho del magistrado Juan Ramón Martínez Vargas, el 37 % de las víctimas eran campesinos que, según la sentencia, se convirtieron en objetivo militar por vivir en una “zona roja”. Y agrega: “Este alto porcentaje refleja las condiciones históricas de exclusión de los sectores rurales en los que la condición campesina fue asociada a prejuicios insurgentes por el solo hecho de habitar en sus territorios”.
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Uno de los casos es el de Edison Alexander Lezcano Hurtado, el primer joven recuperado e identificado en el cementerio Las Mercedes. Tenía 23 años, era agricultor y padre de tres hijos. El 18 de mayo de 2002 fue interceptado por integrantes del Ejército mientras trabajaba en la zona rural de Dabeiba. Los uniformados, al mando del mayor Hermes Mauricio Alvarado Sáchica y con la complicidad del coronel Edie Pinzón Turcios, lo retuvieron ilegalmente, lo asesinaron con arma de fuego, lo presentaron como baja en combate y lo sepultaron en el cementerio local. “Todo el que vistiera de negro, o de blanco y negro, era guerrillero y tenía que morirse”, dijo sobre el caso el compareciente Yair Leandro Rodríguez Giraldo.
El segundo patrón criminal identificado por la JEP corresponde a los asesinatos de personas que estaban en situación de vulnerabilidad y eran llevadas desde otros sitios como la ciudad de Medellín y el municipio de Turbo hasta Dabeiba, donde los asesinaban, los presentaban como guerrilleros y los desaparecían. Según el despacho del magistrado Martínez Vargas, el 51,4 % de las víctimas fueron asesinadas de esta forma y eran, en su mayoría, personas desempleadas, consumidores de drogas o habitantes de calle interceptados en sitios estratégicos como la Terminal del Norte, en Medellín. La decisión señala que el mayor Efraín Enrique Prada Correa fue uno de los exmilitares con un rol clave en la planeación y ejecución de estos crímenes.
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El caso de Óscar Rodrigo Chaverra Grisales es uno de los más representativos. Era habitante de calle y deambulaba por los parques de San Antonio, Berrío, Bolívar y Botero, en Medellín. Su hermano, Luis Fernando Chaverra Grisales, salía de su trabajo en la Plaza Minorista y lo buscaba para darle comida. El viernes 16 de diciembre de 2005 no lo encontró y una vendedora ambulante le dijo que se había ido con un señor a trabajar a una finca. Nadie más supo de él. Paramilitares lo engañaron y se lo llevaron a Dabeiba, lo asesinaron y se lo entregaron al Ejército para presentarlo como resultado de un supuesto combate en la zona conocida como La Antena. Su cuerpo fue uno de los 77 exhumados en 2025, tras confesiones de Jaime Coral Trujillo.
En el tercer patrón criminal, la investigación se centró en las desapariciones forzadas de civiles sepultados de forma ilegal en el cementerio de Dabeiba y en los de municipios como Ituango. Las víctimas, interceptadas, asesinadas y presentadas como guerrilleros, eran llevadas a los cementerios municipales y enterradas en ropa interior o desnudas, dentro de bolsas plásticas o en ataúdes que proporcionaba el propio municipio. El sargento William Andrés Capera Vargas confesó que él mismo acompañaba las necropsias y usaba sus conocimientos de policía judicial para corregir detalles que correspondieran a la simulación de combates y los enterraban en fosas que se cavaban paralelas al camino central del cementerio, a unos 1,70 metros de profundidad.
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Lo que sucedió con Jorge Andrés Ortiz Zapata muestra la forma en la que funcionaron el segundo y tercer patrón criminal. Vivía en Medellín y fue diagnosticado con un trastorno esquizofrénico y psicótico agudo, una condición médica que lo ponía en un estado de especial vulnerabilidad. Estaba en Medellín, no tenía empleo y con engaños fue llevado por integrantes del Batallón de Contraguerrillas Número 79 hasta Dabeiba, asesinado y desaparecido el 23 de marzo de 2007. Su familia lo buscó durante 15 años, hasta que fue hallado en el cementerio Las Mercedes. El soldado profesional Levis de Jesús Contreras Salgado le dio información a la JEP sobre su lugar de inhumación, donde fue hallado y entregado a su familia en agosto de 2022.
Otro de los puntos que recoge la sentencia está relacionado con los crímenes contra menores de edad. Según la JEP, cinco de las 35 víctimas, personas asesinadas por los exmilitares condenados este 13 de noviembre, eran menores de edad. Sin embargo, la sentencia de 577 páginas no relata sus casos a detalle ni profundiza en las condiciones en las que ocurrieron los crímenes, pero sí señala que algunos de ellos eran habitantes de calle. “La selección de las víctimas no fue fortuita. Los perpetradores seleccionaron a quienes pensaron que no los buscarían. Se equivocaron”, dijo el magistrado Martínez Vargas. Y agregó: “Se vulneraron los derechos a la vida, la libertad, la honra y la verdad de forma sistemática”.
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Las obligaciones de los exmilitares
Los cinco exmilitares condenados por la Sección de Reconocimiento de la JEP tendrán que cumplir una sanción que se divide en dos partes. La primera está relacionada con los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador o Reparador (TOAR). Se trata de proyectos concertados con las víctimas y que están relacionados con cuatro líneas estratégicas: búsqueda de personas desaparecidas, memorialización y dignificación de los nombres de las víctimas, infraestructura rural y proyectos productivos. Son, en total, nueve proyectos que se ejecutarán entre diciembre de 2027 y octubre de 2034. Este diario supo que los recursos para su financiación ya están asegurados y que los gobiernos regionales han sido claves en ello.
El primer proyecto se llama “construcción de caminos para la paz” y se refiere al mejoramiento de vías rurales y caminos en diez municipios de Antioquia, para mejorar la conectividad de las comunidades. El segundo es “despejar caminos para la paz” y corresponde a labores de desminado humanitario en Dabeiba, Murindó, Mutatá y Turbo, municipios donde hay cuentas pendientes relacionadas con la recuperación de zonas afectadas por la siembra de minas antipersonal. También harán una intervención en la Terminal del Norte, en Medellín, sitio clave en el reclutamiento de víctimas. Allí se harán trabajos de restauración de lugares destinados a dignificar el nombre y la memoria de las víctimas de desaparición forzada.
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En esa línea, trabajará en la construcción de murales, intervenciones artísticas y “dispositivos con contenido memorial” en cuatro municipios, para convertir espacios públicos en sitios de memoria. La recuperación del buen nombre de las víctimas estará acompañada de una campaña en Dabeiba y Medellín en la que los comparecientes harán pedagogía para derribar los estigmas sobre la población de occidente y noroccidente de Antioquia. Además del desarrollo de proyectos productivos con víctimas, los comparecientes trabajarán en la construcción de puentes sobre el río Sucio, que atraviesa Dabeiba, y de espacios de dignificación en el cementerio Las Mercedes.
Uno de los puntos más importantes de la sentencia es el compromiso de los exmilitares con la búsqueda de los desaparecidos en Urabá y el occidente de Antioquia, que es una de las principales demandas de las víctimas. Como parte de la condena, los exuniformados tendrán que cumplir jornadas de trabajo bajo supervisión de la JEP y tendrán restringida su movilidad. Por ejemplo, no podrán desplazarse sin autorización y estarán monitoreados electrónicamente. Aunque las víctimas aún no se han pronunciado sobre la decisión, la sentencia marca un hito para esta justicia transicional: quedan establecidas las responsabilidades de quienes se aliaron con el paramilitarismo para asesinar a civiles inocentes y presentarlos como guerrilleros muertos en combates que nunca ocurrieron.
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Dunkel Damn(84992)•Hace 11 horas¿Estos se cuentan entre los 7382 inocentes a cargo del Matarife, o son nuevas adquisiciones ? E npara una tarea de contabilidad…..
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Dunkel Damn(84992)•16 de noviembre de 2026 – 12:27Una preguntica:¿ Esos 35 se los puedo sumar a los 7832 muertos inocentes a cargo del Granparacolombiano, o ya están incluidos en la cuenta? Es para una tarea econtabilidad de un amigo……
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Alberto(3788)•14 de noviembre de 2026 – 16:02Gracias a la JEP.
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ERWIN(18151)•14 de noviembre de 2026 – 15:236 años,por asesinar a 35 inocentes..y se quejan de laJEP..los tiempos tenebrosos del matarife ..fresco,como la lechuga.
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UJUD(9371)•14 de noviembre de 2026 – 13:12Gracias a la JEP.