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“La región oriental de la Altillanura es quizás el punto neurálgico más conocido de la fiebre de tierras contemporánea en Colombia”, señalaron, en un artículo académico publicado en octubre de 2025, varios investigadores colombianos, entre ellos el antropólogo Dario Fajardo, reconocido por sus trabajos sobre conflicto armado en Colombia y reforma agraria, y Diana Ojeda, quien ha estudiado la ecología política en el país.
La fiebre por la tierra, explica el antropólogo Julio Arias Vanegas, uno de los autores del estudio, no es exclusiva del contexto colombiano y tomó fuerza después de la crisis financiera y alimentaria global de 2008. En palabras de Arias, doctor en Antropología por el Graduate Center de The City University of New York (CUNY), se entiende como “ese interés de grandes compañías, incluso de grandes estados, por poder acaparar las tierras para la expansión particularmente de proyectos agroindustriales y extractivos”.
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Tras el anuncio del gobierno de Abelardo de La Espriella de querer transformar la Orinoquía en una “despensa agrícola mundial”, Arias cree que estamos viviendo un nuevo episodio de fiebre por la tierra en la Orinoquía. Aunque los planes del mandatario, que contemplan inicialmente una transformación de 400.000 hectáreas en la altillanura para sembrar soya y maíz, no son del todo nuevos, pues desde el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez se empezaron a plantear estos proyectos, sí cree que hay novedades que deben ser tenidas en cuenta.
Una de esas novedades, continúa el investigador del Instituto Pensar y profesor del Departamento de Antropología y del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Javeriana, tiene que ver con una “convergencia más fuerte” entre los planes del gobierno y del empresariado. Como contamos en esta nota, donde ahondamos en las preocupaciones ambientales sobre el proyecto del gobierno, el plan surgió de un estudio adelantado por Fedesarrollo y que ha sido apropiado y divulgado por la Asociación Empresarial en Pro del Desarrollo de la Orinoquía (Prorinoquia).
Una de las limitaciones que ha identificado el empresariado para llevar adelante sus planes tiene que ver con la Ley 160 de 1994, que, entre otras, regula el proceso para adjudicar baldíos en el país. Aunque todavía no se conoce la apuesta detallada del gobierno en este sentido, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, ha anunciado la radicación de un proyecto de ley que permitiría destrabar este aspecto.
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En esta entrevista con El Espectador, Arias explica por qué la ley que regula la adjudicación de baldíos “no le sirve” a los empresarios, explica la fiebre por las tierras en la Orinoquía y hace un llamado a que, antes de continuar con los planes de transformar esta región, se clarifique el acceso a la tierra de los campesinos y las comunidades indígenas que habitan la región.
¿Cómo analiza el anuncio realizado por el presidente Abelardo de la Espriella?
Esos anuncios, por un lado, podría decir que continúan con planes y promesas similares de al menos los últimos 20 años, por lo menos desde el primer gobierno de Álvaro Uribe, con el plan ‘Renacimiento de la Orinoquía Alta’, que derivó en el CONPES de la Altillanura. El reciente anuncio toca situarlo en un contexto más amplio, pues continúa con promesas similares: expandir la agroindustria y, para eso, mejorar la infraestructura, que sigue siendo una gran promesa incumplida.
También está la preocupación por lo que el empresariado empezó a llamar ‘la inseguridad jurídica’, que no es nueva; está por lo menos desde el primer gobierno Santos, que quiso transformar justamente los marcos legales para favorecer a las empresas.
Esas son algunas de las continuidades.
¿Qué es lo nuevo?
Que aquí no estamos hablando de la tierra exclusivamente como una unidad de producción agrícola, sino que también estamos hablando de la tierra en relación con otros recursos naturales, por utilizar esa categoría que también puede ser complicada, porque estamos hablando de un boom y de una fiebre por el suelo, pero también por minerales críticos, tierras raras, los recursos hídricos, pero también para poder desarrollar proyectos de energía solar.
Justamente en los acuerdos entre el gobierno de De la Espriella y el de Trump, que fueron hace un par de semanas, uno de los temas más claros fueron los referentes a los minerales críticos y de tierras raras. Entonces, hay que pensar en la tierra no solamente como el suelo, como convencionalmente lo pensamos, sino que estamos hablando de una fiebre por la tierra mucho más amplia que involucra todo tipo de recursos y de naturalezas. Además, el papel de Estados Unidos es mucho más directo, claro y explícito, y hay una presión en su competencia internacional por poder acceder a una variedad más grande de recursos naturales.
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Lo otro distinto es que sí pareciera que hay una convergencia muy fuerte de actores políticos y económicos interesados en, ahora sí, adelantar esos proyectos. Uno siente que hay un empresariado más organizado con una mayor articulación con los planes de este gobierno.
Varios investigadores y colegas suyos han abordado estos planes como parte de una “fiebre de la tierra en la Altillanura”. ¿A qué se refieren?
El término fiebre por la tierra no es exclusivo del contexto colombiano; tomó fuerza en el contexto global después de la crisis financiera y alimentaria global del capitalismo en el 2008.
Fiebres por la tierra se vivieron en muchos países del llamado sur global, en donde se hablaba de ese interés de grandes compañías, incluso grandes estados, por poder acaparar tierras para la expansión, particularmente de proyectos agroindustriales. Luego hubo una caída, pero ha habido una continuidad y una permanencia en el escenario global que ha vuelto a renacer con fuerza después de la invasión de Rusia a Ucrania, porque fue un momento de presión muy fuerte para el sector agrícola en el escenario global.
Ahora, con la presión de proyectos de transición energética, de mitigación del cambio climático, de transición energética, ha vuelto a ser más importante la tierra y el espacio, más ampliamente.
Los empresarios hablan de una “inseguridad jurídica” sobre la tierra, ¿podría explicarnos en qué consiste esa “inseguridad” que denuncian?
Todo esto parte de un diagnóstico de unos actores políticos y económicos, que es el siguiente: los principios generales de la Ley 160 de 1994, que recoge la de la Ley 135 de 1961, de la Ley de Reforma Agraria de los sesenta, constituyen para el empresariado en los últimos 15 años más o menos una serie de “barreras” y “limitaciones” para sus planes, respecto a la adjudicación de baldíos. Son tres principios. El primero es que los baldíos tienen que ser adjudicados, no pueden ser vendidos o concedidos, sino adjudicados por una sola autoridad: el Incora, en los años 60, luego el Incoder y, a partir de 2016, la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
El segundo es a quiénes se les puede adjudicar: a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Y, lo tercero, es en qué cantidad. Ahí aparece la figura de Unidad Agrícola Familiar (UAF), que se normativiza, por decirlo de alguna manera, en la década de los noventa y pone limitaciones en el número de hectáreas que se pueden adjudicar a una sola familia. Esta es una medida para todo el país, pero la limitación varía por las diferencias regionales, ecosistémicas, de suelos y de acceso a mercados, entre otros.
Esto lleva a que, por ejemplo, en algunas partes de la zona andina la UAF sea de unas pocas hectáreas, mientras que el Vichada llegue a más de 1.500 hectáreas por familia.
Todo esto es lo que “limita”, por seguir utilizando las mismas palabras del empresariado, el tipo de modelo económico que se vuelve dominante a partir de ese contexto de 2008.
¿Por qué los “limita”?
El modelo de las grandes plantaciones y de los grandes monocultivos, valga la redundancia, tiene que hacerse en una escala de miles de hectáreas para que sea rentable y eficiente para las grandes compañías, porque es un modelo dirigido particularmente a la exportación. Para ser competitivos en las escalas que necesitan las compañías, no basta 1.600 o 2.000 hectáreas, que es lo máximo de una UAF en el país. La escala de tierra debe ser mucho mayor.
Y acá hay un argumento también importante utilizado por las compañías y está relacionado con las características y las propiedades del suelo en ciertas zonas específicas, lo que se conoce como la Altillanura. Los municipios que la integran resultan atractivos por sus tierras planas, por la cantidad de recursos hídricos, porque son fácilmente mecanizables, pero para poder implantar proyectos de estas dimensiones hay que adecuar el suelo de unas formas, porque es muy ácido.
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El argumento de ciertos gobiernos y el empresariado es que esto es muy costoso y entonces el campesinado no tiene cómo adecuar esas tierras para ese modelo. Y, al mismo tiempo, para el empresariado, a menos de que les garanticen que pueden controlar la tierra de una manera u otra, pues también terminaría siendo costoso y perjudicial hacer grandes inversiones para adecuar la tierra sin tener una claridad sobre el control mismo de esta.
Otro de los temas claves sobre la tierra en Colombia es el acaparamiento de esta. ¿Cómo ha sido ese proceso en la Altillanura?
Las tierras de esa parte del país, particularmente Vichada y el nororiente del Meta, son tierras que históricamente no han sido tituladas. Es decir, siguen siendo vistas como parte del dominio del Estado, pero igual han sido ocupadas y trabajadas. Muchas personas han ejercido posesión, ocupación y las han explotado y trabajado. Entonces no son tierras que estén vacías, desocupadas o desaprovechadas, que es como el sentido más común —no necesariamente el legal— de lo que es un baldío. O sea, cuando se habla de baldíos, la gente piensa: ‘Eso está abandonado o vacío’. En ese sentido, las tierras de la altillanura no están así desde hace décadas.
En ese sentido, ¿qué esperaría de los planes del gobierno frente al campesinado que habita estas tierras?
Pues antes de adelantar este tipo de grandes proyectos, que garantice los derechos de propiedad del campesinado que ya está allá. Y no solo del campesino, sino también de los pueblos indígenas.
Claro, hay que incentivar estos proyectos. Uno podría decir que hay una justificación plausible respecto a la soberanía alimentaria, a la necesidad de cierto crecimiento y desarrollo económico.
Entonces uno diría: ‘Impulsen esos proyectos’. Pero pues que ahí también hay y ha habido gente, campesinos e indígenas que están reclamando el acceso e incluso la propiedad de la tierra. Entonces, primero clarifiquemos eso, clarifiquemos cómo garantizar ese acceso y esos derechos a la propiedad de campesinos e indígenas, muchos de ellos, además, víctimas de nuestro largo conflicto armado.
Uno de los grandes temas es que las comunidades indígenas, muy diversas y variadas, están reclamando la ampliación de los resguardos o la constitución de nuevos. Entonces, primero hay que clarificar todo eso, porque no es que esas grandes cifras de millones de hectáreas estén ahí listas y disponibles, que es la misma idea de hace 25 años. Hay gente y hay que clarificar qué hacer con esas personas que están ahí.
De todos modos, yo también soy muy cauto porque todavía no sé qué es lo que está proponiendo exactamente el gobierno. Pero uno esperaría que el gobierno, cualquiera que sea, llegue con ese punto de partida: acá hay muchas personas, pobladores históricos, y hay que hacer algo con ellos, aplicando principios de justicia agraria y ambiental.
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