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A mediados de su periodo presidencial, Belisario Betancur (1982-1986) soñó con construir una ciudad futurista en medio de la Altillanura colombiana, la subregión de la Orinoquía que abarca siete municipios de los departamentos del Meta y Vichada. “Marandúa”, como se llamó ese sueño inconcluso de Betancur, contemplaba utilizar 1,5 millones de hectáreas destinadas a la agricultura, la industria y el comercio, teniendo como referente Brasilia, una ciudad planificada para ser la capital de Brasil que fue fundada en 1960.
Tras recorrer algunos lugares de la Altillanura, entre ellos la base aérea de Marandúa, la única materialización del sueño de Betancur, Álvaro Uribe Vélez propuso, en 2004, transformar 6,3 millones de hectáreas de las sabanas de altillanura a cultivos agroindustriales. La referencia, nuevamente, venía de Brasil. Esta vez era El Cerrado, la sabana con mayor biodiversidad del mundo, que inició una agresiva transformación agroindustrial durante la década de 1950.
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Desde entonces, todos los presidentes que le han seguido han resaltado la importancia de la altillanura en relación con las posibilidades para desarrollar cultivos agroindustriales. En 2011, Juan Manuel Santos la presentó como el “nuevo polo de desarrollo, la nueva fuerza agrícola del país”, mientras que en 2023 Gustavo Petro se refirió a esta como “uno de los graneros del mundo” para mitigar la crisis alimentaria que enfrenta el planeta.
Abelardo de la Espriella no ha sido la excepción. El 7 de agosto, durante su discurso de posesión desde el Batallón Pichincha en Cali, señaló que la Orinoquía colombiana, que suma 13,5 millones de hectáreas, “será nuestro Mato Grosso, con vocación a convertirse en una despensa agrícola mundial”.
Su propuesta se ha empezado a materializar en los últimos días con anuncios por parte de varios miembros de su gabinete. Pero, a medida que se conocen más detalles del plan que iniciaría el próximo año con la siembra de 400.000 hectáreas de soya y maíz, algunos académicos e investigadores han empezado a hacer un llamado para que no se vayan a repetir los errores que han hecho que El Cerrado y en Mato Grosso también sean calificadas como unas “tragedias silenciosas” a costa de la expansión agroindustrial.
La transformación de la Orinoquía
Una semana antes de posesionarse como presidente, De la Espriella visitó el Vichada, “para conocer de primera mano el enorme potencial de una región llamada a convertirse en uno de los principales motores del desarrollo agropecuario de Colombia”, como señaló en su cuenta de X. Durante esa visita, se reunió con representantes de la Asociación Empresarial en Pro del Desarrollo de la Orinoquía (Prorinoquia), quienes le presentaron un “Plan de Estado” para que esta región siguiera un camino similar al de Mato Grosso, el estado brasileño que De la Espriella mencionó días después en su discurso.
La presentación, señala Clara Leticia Serrano, directora ejecutiva de Prorinoquia, que reúne a más de 20 empresas con presencia en la región, está basada en un documento elaborado por Fedesarrollo y presentado a inicios de 2025. Para este centro de pensamiento, “la Orinoquía en Colombia tiene un potencial significativo para convertirse en un actor clave en la agricultura latinoamericana y global”, explican en una síntesis de su propuesta.
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Este potencial, continúan los investigadores de Fedesarrollo, “es comparable al desarrollo del estado brasileño de Mato Grosso que, a lo largo de varias décadas, se transformó en uno de los principales productores agrícolas del mundo”.
Felipe Fonseca, director de Misión Orinoquía, un proyecto de Prorinoquia, expone algunas de las cifras planteadas por Fedesarrollo y que han sido “apropiadas y promovidas” por la asociación empresarial en distintas reuniones: con más de 25 millones de hectáreas, lo que corresponde al 22 % del territorio nacional, la Orinoquía tiene 15 millones de hectáreas de frontera agrícola, el límite del suelo rural que “separa las áreas donde se pueden desarrollar actividades agropecuarias de las demás áreas en las que estas actividades están prohibidas por mandato de ley o norma”, como la define el Ministerio de Agricultura. En otras palabras, del total de hectáreas que tiene la Orinoquía, en el 60 % de las tierras se puede sembrar.
“En 2025 alcanzamos 1,13 millones de hectáreas sembradas, lo que corresponde al 20 % del área sembrada del país”, destaca Fonseca, quien agrega que esta región es la más dinámica en este aspecto durante los últimos años. Mientras la tasa anual promedio de crecimiento entre 2019 y 2025 en el área sembrada de la Orinoquía fue del 3,9 %, en el Caribe fue del 1,1 % y en la Andina del 0,5 %, con un promedio nacional de 1,0 %. “Casi cuadruplica o triplica el promedio del área de crecimiento interanual del país”, anota Fonseca.
Al concentrar el 99 % de los cultivos de soya en el país, el 95 % del marañón, el 75 % del arroz secano, el 62 % del maíz amarillo y el 43 % de la palma de aceite, por mencionar algunos, Fonseca asegura que la Orinoquía “es una región que ya no promete ser el futuro, sino que su participación actual la convierte en un actor clave que hoy juega en la economía nacional”.
Pese a estas cifras, desde Fedesarrollo y Prorinoquia creen que la región tiene un enorme potencial inexplotado, que se traduce en las más de 13 millones de hectáreas de frontera agrícola que podrían ser sembradas por cultivos agroindustriales, como la soya, el maíz, la palma de aceite, entre otros. De estas, 6,9 millones de hectáreas están en la Altillanura.
En este punto, precisa Fonseca, es donde surge la comparación con Mato Grosso. Las características geográficas de este estado brasileño, indica el documento de Fedesarrollo, son similares a las de la Orinoquía y en particular a las de la subregión de la Altillanura: “Los suelos tienen un pH ácido, son tóxicos en aluminio y deficientes en calcio y magnesio, lo que los hace muy poco productivos, además de que cuentan con (…) prolongados períodos de lluvias seguidos por prolongadas sequías”.
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A pesar de esto, Mato Grosso pasó de tener poco más de un millón de hectáreas de tierra cosechadas en 1980 a expandir su área cultivada a casi 20 millones de hectáreas en 2020. Para 2024, referencia el centro de pensamiento, este estado brasileño “era el primer productor en Brasil en ganado bovino, soya, maíz y algodón, bienes en los que Brasil es líder global”.
Además de aumentar la productividad en el sector de la agricultura, Fonseca destaca el impacto económico y social que ha tenido la expansión de la agroindustria en Mato Grosso, que lo ubican, en la actualidad, “como el estado con la menor tasa de desigualdad y un mayor PIB per cápita”.
Sin embargo, para replicar la visión de Estado que inspira Mato Grosso, explican desde Prorinoquia, el Estado colombiano debe superar algunos desafíos. De esos, dice Fonseca, dos son “impajaritables”: el primero es la seguridad jurídica sobre la tierra y la segunda es el desarrollo de infraestructura terrestre, aérea y fluvial. Aunque el Ministerio de Agricultura no respondió un cuestionario enviado por El Espectador, anuncios recientes realizados por el líder de la cartera, Indalecio Dangond, y el vocero del gobierno nacional, Miller Soto, apuntan a que el gobierno está siguiendo la hoja de ruta trazada por Fedesarrollo y socializada por Prorinoquia.
Por ejemplo, el pasado 17 de septiembre, Soto presentó los cuatro frentes que tendrá la hoja de ruta para materializar los planes que el presidente De la Espriella tiene para la Orinoquía. El primero de ellos tiene que ver con las vías. “La comida no puede seguir saliendo por una trocha de 500 km. La infraestructura deja de ser un discurso para convertirse en una apuesta de Colombia en materia de producción”, aseguró el vocero del gobierno en una alocución. De hecho, el Invías ya anunció una inversión de COP 722.000 millones para las obras de la Transversal de la Altillanura.
Otro de los frentes son “las reglas claras sobre la tierra”. Esta semana, durante un debate de control político en el Senado de la República, Dangond aseguró que la cartera que dirige presentará cuatro proyectos de ley, entre esos un régimen especial para la Orinoquía, que contemplará “un marco diferencial que permita desarrollar plenamente su potencial productivo, proteger su riqueza ambiental y convertirla en un motor de seguridad alimentaria, empleo e inversión”.
Con esto, el gobierno busca habilitar 400.000 hectáreas para sembrar maíz y soya, y movilizar más de COP 8 billones en inversión productiva, que empezarían a ejecutarse en 2027.
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Pero de acuerdo con varios investigadores de organizaciones como The Nature Conservancy (TNC) y WWF, y de fundaciones que trabajan en la Orinoquía, en la propuesta de Fedesarrollo y Prorinoquia, así como en los planes del gobierno, hay un factor al que no se le está prestando atención: las evidencias del impacto ambiental que ha dejado la expansión agroindustrial en la Orinoquía y en los ecosistemas brasileños.
Piden no pasar por alto esta discusión, pues de lo contrario, advierten, las consecuencias “podrían ser catastróficas”.
Una biodiversidad ignorada y malinterpretada
Thomas Walschburger, científico senior de la organización The Nature Conservancy Colombia (TNC) y quien ha liderado varias investigaciones sobre la Orinoquía y su biodiversidad, dice que esta región es “muchísimo más diversa de lo que nos imaginamos”.
En estos ecosistemas de sabanas y pastizales, que han sido subvalorados y malinterpretados, complementa Sofía Rincón, coordinadora regional de Orinoquía en WWF Colombia, hay más de 23.000 especies de fauna y flora, lo que representa un tercio de las especies observadas en el país.
Walschburger, biólogo con un doctorado en Biología de la Conservación, destaca, por mencionar dos ejemplos, las 767 especies de peces registradas en la Orinoquía, “la segunda cuenca más biodiversa después de la Amazonía”, así como las 761 especies de aves, que equivalen al 38 % de la avifauna nacional.
Por su parte, Rincón destaca la importancia que tiene la Orinoquía en la regulación del agua. En esta región, que representa el 26 % de la disponibilidad hídrica y alberga el 48 % de los humedales, se generan los ríos voladores que “contribuyen en un 23 % de la humedad que llega al páramo de Chingaza, que es el principal proveedor de agua para Bogotá”.
Además de esos atributos, César Rojano, director científico de Cunaguaro, una fundación que lleva 15 años investigando y trabajando por conservación de la biodiversidad de la Orinoquía, cree que vale la pena resaltar una diferencia que ayuda a dimensionar la riqueza hídrica de ese enorme territorio: mientras que las sabanas inundables que dominan los departamentos de Casanare y Arauca se asemejan a un plato, en las de Meta y Vichada tienen una geoforma de “pequeñas dunas que concentran la escorrentía en algunos puntos”.
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Eso hace, dice este médico veterinario, que cuando llueve el agua se concentre en ciertos puntos, formando pequeños caños y brazos. “Esa escorrentía hace que sea una sabana que tiene mucha agua en forma de riachuelos, caños, quebradas y ríos”.
“Siendo muy sinceros, este tipo de suelos solamente se valoran por el petróleo que hay debajo o por la agroindustria que construyes encima, lo cual no deja de ser una trampa muy grande para este país, pues no busca en su biodiversidad y en su capital natural la forma de desarrollarse”, agrega Fernando Leyva, líder de Paisaje Icónico Orinoquía, de TNC.
Para prevenir ese “riesgo de pérdida de biodiversidad y sus servicios ecosistémicos”, señaló un grupo de investigadores del Instituto Humboldt en una nota de política publicada en julio de 2025, sugerían poner límites al proceso de transformación productiva que ha vivido la Orinoquía en la última década.
Un buen caso que menciona Rincón, de WWF, para comprender todas esas inquietudes es el arroz. En los últimos diez años, los cultivos crecieron 66 % y alcanzaron un área de más de 337.000 hectáreas en la Orinoquía, un espacio que equivale a unas veinte veces el área urbana de Bogotá. “No hubo un ordenamiento y por esa razón el arroz se expandió de manera desordenada, transformando la sabana inundable, que ahora no responde con la misma capacidad de regulación hídrica frente a eventos extremos”, explica.
¿Seguir el ejemplo de Brasil?
Aunque es muy pronto para anticipar los impactos ambientales que podría tener el plan anunciado por el gobierno de De la Espriella, Walschburger recuerda los resultados de un estudio que publicó en 2021 junto a otros dos científicos de TNC. En ese ejercicio, presentaron un modelo hidrológico para la región de la Orinoquía frente a cuatro escenarios de transformación por agroindustria y ganadería extensiva.
En el primero, considerando que se mantendría el ritmo de transformación que ya ha alterado más de 7,7 millones de hectáreas en la Orinoquía, se provocaría reducción de más de 50 % en el caudal durante periodos secos, sobre todo en los ríos de los departamentos de Casanare y Arauca.
En el segundo escenario, hacia el cual nos estamos encaminando, según Walschburger, los impactos “sobre el recurso hídrico son mayores”, pues se extenderían a los cuatro departamentos de la Orinoquía. Bajo este panorama, estimaron los científicos, “el río Meta en su desembocadura con el río Orinoco presenta una reducción del 83 %. Afluentes como el río Guaviare y el río Vichada presentan reducción del 10 y del 15 %”.
A este científico, quien señala que el modelo de este estudio es el único de su tipo que existe para el Orinoco, le sorprende que ante anuncios como el realizado por el Gobierno recientemente, no se contemple la realización de estudios de modelos hidrológicos. “El agua y el cambio climático no se tienen en cuenta”, lamenta.
En donde sí han hecho estudios sobre el impacto que ha tenido la expansión agroindustrial de las últimas décadas es en los referentes que han usado los presidentes colombianos: El Cerrado o Mato Grosso, en Brasil. El problema allí, resume Rojano, de la Fundación Cunaguaro, “es todo lo que viene detrás del éxito económico”.
En El Cerrado, la sabana más rica y biodiversa del mundo, con cerca de dos millones de kilómetros cuadrados (el doble de la extensión del territorio continental de Colombia), ya se ha perdido el 50 % de sus coberturas naturales por cuenta del desarrollo agroindustrial impulsado desde hace varias décadas, sobre todo del cultivo de soya y la ganadería extensiva.
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En 2021, un estudio determinó que, por cuenta de la transformación de los ecosistemas, “el cambio climático ya se puede detectar a escalas locales y regionales”, con aumentos mensuales de entre 2,2 y 4 °C en las temperaturas máximas y de entre 2,4 y 2,8 °C en las temperaturas mínimas entre 1961 y 2019.
Otra investigación, publicada en 2025 en la revista Ecohydrology & Hydrobiology, determinó que “las variaciones en el uso y la cobertura del suelo afectan el flujo superficial con mayor intensidad que los cambios climáticos, y que la reducción del caudal durante los 36 años del estudio se debe a cambios en el uso y la cobertura del suelo, en particular al uso del agua para la agricultura”.
En resumen, señalaba WWF hace un par de años, “este paisaje de gran valor, que nunca ha recibido la misma atención que su vecino más famoso, el Amazonas, está siendo destruido a un ritmo alarmante”. En su llamado, la organización ambiental advertía que si 14 empresas agrícolas globales no ponían fin a la deforestación y la conversión de tierras para 2025, “este hábitat crucial, fuente de agua y sumidero de carbono podría perderse para siempre, poniendo en peligro un clima habitable y la seguridad alimentaria mundial”.
Este es un camino que, advierten los investigadores de TNC, WWF y Fundación Cunaguaro, no debería replicarse en Colombia. Para que la historia de El Cerrado no se repita en la Orinoquía colombiana, consideran que es necesario adelantar varios procesos.
En un documento que TNC, WWF y Wildlife Conservation Society (WCS) le enviaron al Ministerio de Ambiente, le piden que la “mejor forma de celebrar los 10 años de expedida la frontera agrícola es refinarla, para mejorar su alcance y efectividad”. En el caso de la Orinoquía, explicaron las organizaciones ambientales, “la frontera agrícola hoy establecida no considera, en debida forma, determinantes esenciales como sabanas, humedales y otros ecosistemas dulceacuícolas”.
Para Rincón, de WWF, el reto no es solo tener la información, sino implementarla. En el mismo sentido, Walschburger considera que “a pesar de que hemos hecho miles de ordenamientos y priorizaciones, nunca se traducen en acciones”.
Otro de los avances que Rojano y Rincón esperarían ver en este proceso son acuerdos intersectoriales, en donde “no solamente los agroindustriales ‘marquen la parada’”, sino que también se involucre a las comunidades y al sector ambiente.
Un punto más que Rojano considera esencial es crear una nueva normatividad específica para este modelo productivo, pues cree que Colombia no cuenta con la capacidad institucional para hacer seguimiento a la expansión agroindustrial sostenible en el país. “Con lo que tenemos hoy en día, a mí me parece que el resultado más plausible es una catástrofe ambiental”, apunta.
Hay que “evaluar la pertinencia de adoptar medidas regulatorias, como el licenciamiento ambiental, estudios y planes de manejo, tanto en la producción de alimentos como en la de biocombustibles”, sugirió el grupo de investigadores del Instituto Humboldt en el texto que publicó en 2025.
Aunque desde El Espectador consultamos al Ministerio de Ambiente para conocer cómo se está involucrando en el plan recién anunciado por el gobierno, y para saber con qué instrumentos cuenta para ayudar en el ordenamiento territorial que requiere esta expansión, al cierre de esta edición no habíamos recibido respuesta.
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Cordillerano(64187)•Hace 58 minutosEsperemos que alguno de los expertos del MADS se atreva a presentar este artículo periodístico al titular de ese ministerio y a su vez al Minagricultura, así tal vez llegue a oídos de ADLE y si no los declara insubsistentes ipso-facto, de pronto se interesen en Palacio por tan delicado y complejo tema que no puede ser en manera alguna exclusivo de "empresarios" (léase negociantes) o políticos (entiéndase como electoreros).
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Banano(52366)•Hace 1 horaMuy documentado el artículo. Sin embargo, dejo por fuera la experiencia de Agrosavia de más de 20 años en investigación sobre producción y proyección de la Orinoquia. Que lástima.
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Mario Giraldo(196)•Hace 1 horaOlvidaron mencionar que cerca de 3 millones de ha de esa region están en manos de Sarmiento Angulo, los ingenios cañeros del Valle y otros terratenientes que esperan que el gobierno les haga las inversiones de cuenta de la nación, para ellos voltear esas tierras y volverlas en los primeros departamentos privados del país, o sea, el gobierno hace el gasto y ellos se quedan con la utilidad y con medio pais…..