¿Bogotá debe invertir más recursos para mejorar la seguridad en El Campín?

La tradición familiar de ir a disfrutar el espectáculo del fútbol, se ha visto empañada por actos de violencia, como los de este martes.

Foto: Agencia AFP

¿La seguridad de El Campín es cosa del Distrito o de los privados a quienes se lo arriendan?, es una de las preguntas más frecuentes que se han hecho en los últimos días, tras el lamentable hecho violento que se registró en la noche del martes.

En una rueda de prensa, la alcaldesa Claudia López comunicó unas medidas acordadas con el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, precisamente para evitar que este tipo de sucesos se repitan. Entre estas estuvo la prohibición de asistencia a barras visitantes del El Campín, en lo que resta del año; un mayor compromiso de los organizadores de los partidos para velar por la seguridad; además de refuerzos tanto en el registro como en la venta de boletas, para saber quién las compra y quién ingresa al estadio.

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A su vez, Jaramillo comunicó que se vetará de por vida, en todos los estadios del país, a aquellos hinchas que incurran en actos delictivos en medio de los encuentros deportivos. De igual forma, los aficionados de Nacional no podrán ingresar a El Campín en un año y medio.

En suma, lo que se podría interpretar del discurso de Claudia López es que habrá una mayor coordinación entre el Distrito, los organizadores de estos eventos deportivos y La Policía. ¿Pero qué acaso eso no se debió hacer antes de que la alcaldía autorizara el primer pitazo después del cierre por la pandemia?

Eso es lo cuestionan algunos concejales, además de la Procuraduría, que este viernes comunicó el inicio de una investigación preliminar en contra del Distrito y la Policía, por supuestas irregularidades y omisiones cometidas en el encuentro deportivo.

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“El Ministerio Público solicitó la práctica de diferentes pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 de la ley 734 de 2002”, comunicó la Procuraduría.

Según la concejal Marisol Gómez (Bogotá Para la Gente), “esta investigación que abre la Procuraduría parece más política. Yo le preguntaría a este ente ‘¿qué sabemos de las investigaciones supuestamente abiertas sobre las muertes de civiles a manos de la fuerza pública en la protesta social?’. Más que echar culpas, tenemos que entender que la labor del Distrito es de coordinación, esa es su responsabilidad y es corresponsable, y no el responsable total, de lo que se deba hacer en los estadios para controlar la violencia entre los hinchas”.

Gómez dice que dicha corresponsabilidad se tiene que dar, pues el espectáculo del fútbol involucra a muchos actores, y si todo el deber recae en el Distrito, pues terminará siendo un asunto que se saldrá de sus manos. Incluso, a su parecer, en este ‘todos ponen’ de la perinola también entra a jugar el Gobierno Nacional “porque el fútbol es un fenómeno de todo el país y los hinchas van y vienen por las ciudades. La violencia no es exclusiva de El Campín, también se presenta en Barranquilla, Medellín y otros territorios”, concluye.

Para el concejal Jorge Colmenares (Centro Democrático), es evidente la necesidad de inversión que necesita El Campín en su apartado de seguridad. Puntualmente, se necesitaría una inyección en nuevas tecnologías, como las del tipo biométrico, que permitan la identificación de hinchas con antecedentes delictivos, por ejemplo. “Todo esto debe ser buscado sin escatimar gastos, porque lo que vamos a buscar es salvar vidas”, concluyó.

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Sin embargo, el tipo de tecnologías que propone Colmenares han llegado a ser un dolor de cabeza en la capital, pues al recordar el fallido sistema de cámaras con reconocimiento facial que se intentó implementar en Transmilenio durante la administración de Gustavo Petro, la ciudad se dio cuenta que se necesita una robusta base de datos que permita contrastar la información. Base de datos que, hasta la fecha, no se tiene y que podría dejar a Bogotá, nuevamente, con una millonaria inversión que no serviría para nada.

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Una apuesta similar a la de Colmenares es la que propone el concejal Humberto Amín (Centro Democrático), quien además resalta que la administración distrital es la garante de la convivencia y seguridad en la ciudad, y que esta es su obligación constitucional y legal. “No se le puede delegar a privados y se deben disponer los recursos necesarios para cumplir con ese mandato”; dice.

Pero también asegura que una parte de la organización le corresponde a las empresas que conforman este negocio, por lo que su invitación también es a la de un trabajo articulado, donde la coordinación y dirección sea asumida por el Distrito.

Más allá de inversiones en tecnologías o infraestructuras, la concejal Heidy Sánchez (Coalición Colombia Humana) cree importante atacar el problema estructural, que es la violencia en la juventud. Para ella, es clave seguir avanzando en programas como Goles en Paz y en mesas de barras a nivel local.

Ahora, otra de las discusiones está en hasta qué punto el Distrito debe proveer seguridad en la realización de estos eventos deportivos pues, como lo dice el concejal Martín Rivera (Alianza Verde) sí es necesario que se haga este tipo de acompañamientos en el interior del estadio. No obstante, se debe tener en cuenta que históricamente Bogotá ha tenido un déficit de Policías (el cual, para julio del año pasado se contaba en unos 9.000 uniformados), de tal modo que hay para quienes parece injusto destinar este tipo de recursos públicos y humanos en un espacio privado.

Sin embargo, al ver la realidad, se puede caer en la cuenta de que este es un dilema serio para la capital pues, como lo asegura la concejal Diana Diago (Centro Democrático) “no se puede pensar que los privados, a los que se les presta el estadio, puedan disponer de un dispositivo de seguridad tan grande, y sobre todo con los antecedentes de El Campín”.

Como sus otros colegas, piensa que sí, se necesitan refuerzos, puntualmente con protocolos de bioseguridad para saber quién está entrenado y qué antecedentes tiene (de nuevo, el hueco estaría en si Bogotá dispone de esa base de datos), además de un rol más protagónico de parte de las secretarías de Seguridad, Gobierno y Cultura, en programas que fomenten el fútbol en paz.

En suma, todos coinciden en que debe haber un trabajo más articulado entre el Distrito, empresas, hinchas y demás actores del fútbol en la capital. Un trabajo en el que se asignen roles claros y se asuman responsabilidades con base en la capacidad de cada quien. Una oportunidad para mejorar y diseñar estrategias que permitan ser menos reactivos y más preventivos en esta materia.