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Las 16 curules de paz —creadas en el Acuerdo Final de 2016 para garantizar representación política a las víctimas del conflicto armado— enfrentan su última elección el próximo domingo 8 de marzo, tras el periodo legislativo 2022-2026, bajo un panorama que combina presencia masiva de actores armados, riesgos de fraude, financiación tardía y afectaciones climáticas que podrían alterar la jornada en varias regiones.
El diagnóstico más contundente lo entregó la Misión de Observación Electoral (MOE). “En el 96,8 % de los municipios donde se votará por las curules de paz hay un actor armado presente”, afirmó Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE. La cifra corresponde a 168 municipios agrupados en 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep, el nombre jurídico de las curules de paz), territorios priorizados por haber sido los más golpeados por la guerra.
“Ante el vacío de poder que deja la desmovilización de la extinta guerrilla de las FARC, lamentablemente lo que encontramos es una fragmentación de distintos actores armados en territorio. Es decir, ya no hablamos de una sola disidencia, sino que tenemos al menos cuatro estructuras disidentes en este momento”, explicó Rubiano.
Las curules de paz fueron concebidas como un mecanismo de reparación colectiva. Sin embargo, ese contexto actual contradice el espíritu del Acuerdo de Paz firmado con las FARC.
“Tenemos unos retrasos importantes en la implementación del Acuerdo de Paz (…) Ya no hablamos de una sola disidencia, sino que tenemos al menos cuatro estructuras disidentes en este momento”, explicó, al referirse a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (la disidencia de Walter Mendoza), el Estado Mayor de Bloques y Frente (comandada por Calarcá Córdoba), el Estado Mayor Central (de Iván Mordisco) y la Segunda Marquetalia (de Iván Márquez), además del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo).
La MOE encontró además una superposición entre municipios con alta concentración de cultivos ilícitos y riesgo electoral extremo, particularmente en zonas como Guaviare y Meta. Pero el fenómeno no se limita a la coca, sino a otros tipos de economías ilegales como la extracción de oro, que al insertarse en algún punto en la cadena legal facilita la circulación de dinero.
“Hoy ya tenemos que hablar de economías atadas a la extracción de minerales, no solamente oro, el tráfico de migrantes, el robo o contrabando de combustibles cuando estamos hablando de zonas de oleoducto, de zonas de frontera. Como el oro en algún momento se vuelve legal en un anillo, una cadena, por decirlo de manera muy coloquial, es más fácil pasarlo como legal, lo que no pasa con la coca”, explicó Rubiano, quien agregó que en el sur de Bolívar, por ejemplo, la Serranía de San Lucas concentra disputas por el control de minería aurífera.
Justamente allí este fin de semana ocurrió un ataque con drones cargados con explosivos contra la base militar de San Lucas, en zona rural del municipio de Montecristo (Bolívar), que dejó 12 militares heridos. El ataque fue atribuido a presuntos integrantes del ELN que lanzaron un explosivo adaptado a un dron contra la unidad militar.
Los riesgos y violencia política contra candidatos
El informe advierte que en 103 de los 168 municipios coinciden elementos de preocupación (ver gráficos). “Encontramos que, de los 168 municipios, en 103 hay factores indicativos tanto de fraude electoral como factores de violencia”, señaló Rubiano.
En materia de fraude, la preocupación no se limita a compra de votos o trashumancia, sino a condiciones estructurales. “Hallamos municipios en donde (…) el promedio de votos nulos es cerca de 10 puntos porcentuales por encima de lo que ocurre a nivel nacional”, explicó. Esto refleja también varias faltas en la pedagogía electoral y el acceso a información.
A eso se suma que hay alertas por inscripción atípica de cédulas en los puestos rurales de las curules de paz. En Tumaco, por ejemplo, se pasó de unas 7.000 inscripciones rurales en 2022 a 16.000 en 2026, un aumento del 107 %. Para la MOE, estos movimientos pueden indicar intentos de incidir en una circunscripción que ya de por sí tiene un bajo umbral electoral.
En contraste, en el Catatumbo el desplazamiento por la crisis humanitaria —la peor que ha vivido el país en las últimas dos décadas— redujo el censo electoral, lo que también es un detrimento para la democracia.
“Al reducir los censos electorales de una circunscripción que ya en sí misma es de una baja votación —porque estamos hablando de representantes que se escogen con menos votos incluso que en una circunscripción especial indígena o afrodescendiente— la posibilidad de hacer mucho más fácil la manipulación es muy alta”, señaló Rubiano.
A esto se suman los pactos firmados por algunos grupos armados en el marco de la política de paz total que no han sido respetados a la luz de los hechos de violencia que se han presentado. Entre ellos, el cese al fuego anunciado este domingo por el ELN, que irá del 7 al 10 de marzo. “En términos formales tenemos cuatro acuerdos firmados, pero son pactos absolutamente etéreos y no tenemos mecanismo de verificación”, advirtió. Aunque no existen reportes formales de restricciones generalizadas, la MOE ha recibido alertas comunitarias sobre cobros para permitir traslados de campaña en algunas regiones del Cauca.
Emergencia climática y financiación tardía
El componente climático podría alterar de forma significativa la jornada. Según la MOE, que se basa en el monitoreo de alertas del IDEAM, tres circunscripciones están en alerta máxima: Chocó, sur de Bolívar y sur de Córdoba (ver mapas). “Tenemos el 100 % de los puestos de votación para esas curules de paz afectados”, señaló Rubiano.
Esto implica posibles traslados de puestos, dificultades para transportar material electoral y mayores costos para votantes.
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La financiación es otro punto crítico. Las curules dependen principalmente de recursos estatales anticipados. Sin embargo, la resolución del Consejo Nacional Electoral que autorizó el giro salió apenas semanas antes de la elección.
Con siete congresistas buscando reelección y discusiones sobre una eventual prórroga del mecanismo —en paralelo a la extensión de los PDET por diez años—, la elección de 2026 no solo definirá nombres, sino el balance de una de las apuestas más significativas del Acuerdo de Paz.
El desafío no es menor porque se trata garantizar que, en territorios donde la guerra persiste y las economías ilegales se expanden, la representación de las víctimas no quede atrapada entre armas, irregularidades y emergencias. La pregunta de fondo es si el Estado logrará blindar este mecanismo de reparación política en su última cita con las urnas.
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