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La votación de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz (Citrep) –también conocidas como curules de paz– se hará por última vez este 8 de marzo, en medio de preguntas sobre el impacto real que han tenido en los 168 municipios más golpeados por el conflicto armado, donde se eligen a estos representantes.
El camino no ha sido fácil. Aunque las curules se pactaron en el Acuerdo de Paz de 2016 para garantizar la participación política de las víctimas del conflicto armado, su llegada y paso por el Congreso han estado marcados por desafíos. Primero, los cinco años que tuvieron que pasar desde la firma del pacto hasta que se votaron por primera vez en las elecciones de 2022. Después, la llegada al Congreso en medio de la falta de financiación y pedagogía estatal, lo poco que conocían algunos de los representantes sobre funcionamiento del Congreso y las diferencias en la experiencia política de quienes llegaron a esos escaños.
Algunas de esas dinámicas ayudan a explicar por qué la idea de una “bancada de paz” nunca terminó de consolidarse. Aunque desde el inicio los 16 representantes intentaron articular una agenda común, algunas diferencias fueron marcando caminos distintos dentro del Congreso. Así se desprende del balance legislativo que hizo la Fundación Ideas para la Paz (FIP) de los tres primeros años de las curules.
Irina Cuesta, coordinadora de proyectos e investigaciones de la FIP, explica que, desde su diseño, las Citrep no estaban pensadas para funcionar como una bancada tradicional. “Ellos no llegan asociados a una colectividad política, sino como representantes de sus territorios”, señala. Esa condición –dice– ha representado un reto para actuar de manera coordinada.
A eso se suman diferencias en los perfiles de los candidatos y en sus capacidades técnicas y ritmos de aprendizaje dentro del Congreso. “Había líderes campesinos, personas que han liderado la sustitución de cultivos de uso ilícito, indígenas, jóvenes, presidentes de Juntas de Acción Comunal, familiares de políticos tradicionales y hasta familiares de antiguos actores del conflicto, como el hijo del exjefe paramilitar Jorge 40”, dice el informe de la FIP. Ese último es Jorge Rodrigo Tovar, uno de los siete representantes que busca la reelección en estos comicios.
El balance de los tres primeros años de las Citrep da cuenta de esa diferencia. Según el informe de la FIP, mientras algunos representantes presentaron “235 proposiciones en las dos legislaturas estudiadas, hay otros que únicamente han hecho cinco”.
Esa diferencia, sin embargo, también se debe a las comisiones de las que hacían parte los representantes. “Por ejemplo, el mayor número de proposiciones se presentan en las comisiones primera y en la tercera, en donde se discuten, en la primera los temas de paz, y en la tercera el plan de desarrollo y el presupuesto general de la nación”, se lee en el informe de la FIP.
Otro punto que ayuda a explicar las dificultades para consolidar una “bancada de paz” tiene que ver con factores políticos. “Desde el principio sabíamos que uno de los desafíos iban a ser las cercanías políticas o las posibles cooptaciones de partidos tradicionales frente a las curules de paz”, explica Cuesta. Eso –añade la investigadora– también hizo que el interés de algunos representantes terminara absorbido por agendas distintas.
¿Qué tanto han impulsado las curules iniciativas relacionadas al Acuerdo de Paz?
Las curules fueron pactadas como parte de la apertura política contemplada en el punto 2 del Acuerdo firmado con las antiguas FARC. El balance de la FIP muestra que, a pesar de los retos, lograron mover iniciativas concretas alineadas con lo planteado en ese pacto.
Entre los avances más concretos, la FIP destaca la inclusión de las víctimas en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Plurianual de Inversiones; la aprobación de la Comisión Legal de Paz y Posconflicto; la ampliación del plazo para que las víctimas declaren ante el Ministerio Público; y el Acto Legislativo que reconoce al campesinado como sujeto político de derechos con especial protección constitucional.
A estos logros se suma uno del último periodo legislativo: la ampliación por diez años la vigencia de una de las principales apuestas del Acuerdo de Paz, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pensados para transformar de fondo la vida en los 168 municipios más golpeados por la guerra.
Más allá de los proyectos de ley, las curules también ejercieron control político sobre temas estratégicos del Acuerdo, como el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito. “No se puede decir que no hubo agenda. Realmente se trabajaron intereses estratégicos y control político, que son de los más relevantes que puede ejercer un congresista”, dice la investigadora Cuesta.
Las dificultades de priorizar la agenda de paz en medio de las dinámicas del Congreso
A pesar de los avances de las curules de paz, persiste un desafío estructural: consolidar la construcción de paz como eje central dentro de la actividad legislativa.
Según el balance de la FIP de los primeros tres años, aunque los 16 representantes forman parte de la Comisión de Paz de la Cámara, solo en seis casos al menos la mitad de su producción legislativa se centró en temas de construcción de paz. La tendencia disminuyó: del 43 % de proyectos relacionados con la paz en 2022-2023, se pasó al 32 % en la legislatura siguiente.
Esas cifras deben leerse en una clave más amplia. La acción de los representantes de las curules de paz ha quedado sumergida en medio de las dinámicas generales del Congreso.
“Esto es un congresista que igual tiene que responder a su rol como representante de la Cámara en debates y que tiene que ver también con otros temas”, señala Cuesta. Eso ha limitado la prioridad que le ha dado a la agenda de paz.
Según explica la FIP, esa dinámica se ve reforzada por el hecho de no pertenecer a ningún partido político. Esto le permite a los representantes movilizarse individualmente y tomar decisiones sin arriesgar su capital político. No tienen la obligación de declararse de gobierno o de oposición.
“Hay trayectorias de estos personajes que terminaron muy cooptados políticamente. No es un secreto que unos se alinearon más con el gobierno y otros hacia los partidos tradicionales. En últimas ese es el juego político del Congreso de la República”, añade Cuesta.
La brecha entre los congresistas y los territorios que representan
En medio del funcionamiento de esas dinámicas dentro del poder Legislativo, se perpetúa una de las dificultades que las Citrep no logran superar de todo: la brecha entre los territorios y el Congreso.
La idea de la curules de paz era que llegaran con agendas centradas en los municipios más afectados por el conflicto, pero se enfrentaron a una institución donde tienen lugar debates nacionales y prioridades legislativas más amplias. Esto hace que muchos temas urgentes en sus territorios compitan con otros proyectos que dominan la agenda del Congreso.
La percepción general desde el territorio –explica la investigadora Cuesta– es que escogieron un representante más. “Es decir, una persona a la que se le da un apoyo, pero con quien no necesariamente se sostiene la comunicación o con quien no es claro en concreto cómo esas agendas estratégicas del territorio logran posicionarse en el Congreso”, señala.
Lo que identificaron en el proceso de hacer el balance legislativo de las Citrep es que hubo una brecha importante de comunicación y de incidencia territorial. “A pesar de que en algunos casos venían de procesos territoriales y con la idea de mover esas agendas territoriales, la brecha entre la comunicación del territorio y del congresista se fue ampliando”, explica la investigadora.
Esa es la muestra de que estos escaños no han podido desligarse de los retos históricos de la representación política en Colombia, donde es profunda la brecha entre lo que los territorios necesitan y lo que atiende el Congreso. Según la FIP, eso hace necesaria una rendición de cuentas más sólida, que vaya más allá de la comunicación a través de grupos de WhatsApp o redes sociales.
Para Cuesta, fortalecer la relación con los territorios implica dotar a las comunidades de capacidades de control político. “Aparte de elegir a quienes tengan un rol como congresistas y la responsabilidad sobre agendas de paz y de víctimas, también debe existir la capacidad desde los territorios para exigir y ejercer control político frente a la implementación de políticas”, advierte.
El caso de Karen Manrique, una muestra de cómo se deslegitima la confianza
El interés de hacer control político, sin embargo, parece deteriorarse en medio de investigaciones alrededor de candidatos a y representantes actuales de las curules de paz. Según la investigadora Cuesta, esto afecta la percepción de los territorios sobre la funcionalidad de esos escaños y, en consecuencia, reduce la importancia que se le da desde los territorios a hacerle seguimiento al papel que desarrollan en el Congreso.
Uno de los casos que ha estado en el centro del debate público es el de Karen Manrique, elegida en 2022 como representante de la curul de Arauca y que busca la reelección para 2026. La Corte Suprema de Justicia estudia si ordena su captura el marco del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En medio de ese escenario, esa Citrep podría quedar sin representante.
“Casos como los de Arauca como que suman, digamos, esas alertas que hay sobre diferentes regiones, que no son menores. Creo que son mucho más evidentes, tal vez, de lo que fueron hace 4 años, aunque en ese momento ya hubo unas alertas evidentes”, dice Cuesta.
En comparación con el periodo anterior –dice la investigadora– las estructuras maquinarias políticas clientelares en muchos territorios ya comprenden cómo manejar las curules de paz con fines electorales y se aprovechan de ello. “A eso se suma la pedagogía que otra vez fue tremendamente corta en el territorio. Entonces, a pesar de que llevamos ya con una experiencia de 4 años en Curules, territorialmente eh pues si no no se interpreta bien de qué se trata o cómo se trata y esto, por supuesto.
El profesor de la Universidad del Norte Luis Fernando Trejos es mucho más crítico. “Las curules de paz se volvieron una oportunidad barata para que grupos armados y grupos políticos regionales tengan representación en el Congreso. Para ellos, es la oportunidad de tener un Representante a la Cámara a mitad de precio”, escribió en su cuenta de X.
La verdadera prueba de estas curules, entonces, llegará con la elección de este 8 de marzo: demostrar que las comunidades más golpeadas por el conflicto pueden tener una voz real en el Capitolio sin que sea nublada por los intereses de las maquinarias políticas.
Este ciclo electoral será la oportunidad para enfrentar los retos pendientes y acercar al Congreso los problemas de los territorios más afectados. Es una deuda que el país aún tiene con las víctimas.
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