Emergencia económica, deuda y confianza: el tablero completo detrás de la defensa de Petro

Colombia emitió USD 5.000 millones en bonos, con tasas entre 5,65 % y 6,75 %, y recibió órdenes por USD 23.000 millones, casi cinco veces el monto ofrecido.

Foto: Presidencia

En tiempos convulsos, la palabra “emergencia” suele alarmar aún más el panorama. A ruptura. A riesgo.

Hoy, el presidente Gustavo Petro volvió a defender el decreto de emergencia económica desde un terreno paradójico: la confianza de los mercados y el costo de la deuda pública.

Durante la alocución, Petro sostuvo que el decreto no respondió a un capricho político, sino a un menú de “hechos sobrevinientes”, es decir, circunstancias nuevas que alteran el equilibrio fiscal. El argumento central es que, debido a que el Congreso hundió la ley de financiamiento, dejó al Estado sin herramientas para pagar sus deudas en condiciones.

Según el presidente, esa decisión tuvo un efecto inmediato. Colombia tuvo que salir a endeudarse dentro del país a tasas cercanas al 13 % anual, un nivel que calificó como insostenible frente a las condiciones que el país había logrado antes. “Nosotros no nos endeudamos para gastar en nuestro programa, sino para pagar las deudas que heredamos”, dijo, insistiendo en que el problema es el costo de la deuda.

Petro explicó que el decreto de emergencia permitió imponer impuestos vía decreto a los “ricos de los ricos” y a las rentas especulativas con el objetivo de reducir el déficit fiscal. “Entonces se cayeron las tasas de interés”, afirmó. “Y nos ofrecieron casi más de cuadro veces más de lo que pedimos”.

Ayer, Colombia salió a los mercados internacionales y realizó la mayor emisión de bonos en su historia: cerca de USD 5.000 millones en deuda externa. Fue la primera colocación en dólares desde abril pasado y se dio en un momento especialmente sensible, a pocos meses de las elecciones legislativas y presidenciales, con tensiones políticas con Washington y con los activos del país bajo presión.

La operación se estructuró en tres tramos, con vencimientos en 2029, 2031 y 2033, y tasas que oscilaron entre 5,65 % y 6,75 %, para un costo promedio cercano al 5,93 %.

El apetito de los inversionistas fue alto. La emisión recibió órdenes de compra por más de USD 23.000 millones, casi cinco veces el monto ofrecido, con participación mayoritaria de fondos del Reino Unido y Estados Unidos.

“Eso se llama confianza en Colombia”, subrayó Petro, al señalar que el mercado internacional reaccionó positivamente y ofreció recursos más baratos que los disponibles semanas atrás. Con esos recursos, explicó, el Gobierno estaría pagando deuda cara por deuda más barata, reduciendo el déficit y mejorando el perfil de la deuda para los próximos gobiernos.

Sin embargo, la alta demanda no borra la realidad de fondo. La emisión implica nuevos compromisos de pago y desplaza obligaciones hacia los años 2029, 2031 y 2033, cuando una parte del presupuesto nacional deberá destinarse al servicio de esa deuda.

En diciembre, la calificadora de riesgo Fitch Ratings rebajó el puntaje soberano de Colombia de BB+ a BB, un escalón más dentro del territorio de los llamados bonos basura. La agencia citó los déficits fiscales persistentes y puso en duda que, tras elecciones de 2026, exista un ancla fiscal creíble que permita enderezar las cuentas públicas.

En su evaluación, Fitch advirtió que el gasto primario aumentará 13 % a finales de 2025 y llevará el déficit primario al 2,9 % del PIB.

Colombia perdió el grado de inversión en 2021 y, desde entonces, la deuda se ha mantenido elevada y la regla fiscal —que funcionaba como freno al gasto— fue suspendida, lo que activó la alarma del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).

La contradicción aparece a la vista. Mientras el mercado respondió con alta demanda a la emisión de bonos (más de cuatro veces el monto ofrecido), las calificadoras siguen viendo un riesgo fiscal elevado.

Por otra parte, la llamada de Petro a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de las tensiones, pudieron distender las aguas de confianza en los mercados, como una posible señal para suavizar la percepción de riesgo en el corto plazo.

Decreto de emergencia en la lupa de la Corte

La defensa del decreto de emergencia también estuvo acompañada de que, lejos de expandir el gasto, el Ejecutivo recortó el año pasado cerca de COP 16 billones (cuando se cayó la tributaria). La emergencia, dijo, es para romper la espiral “que nos puede llevar a que sea cada vez más cara, más cara, hasta hacernos quebrar”.

Petro argumentó contra las decisiones del Congreso. A su juicio, al quitarle al Estado capacidad de recaudo, se elevó automáticamente el precio de la deuda; cuando la restableció vía decreto, el costo bajó.

La discusión, ahora, se trasladó a la Corte Constitucional. El alto tribunal ya activó la revisión del decreto y pidió pruebas, conceptos técnicos y explicaciones detalladas sobre la justificación económica de la medida. El magistrado ponente solicitó, entre otros puntos, análisis de exministros de Hacienda y expertos en finanzas públicas para evaluar si el Gobierno contaba o no con mecanismos ordinarios antes de acudir a la emergencia.

El mandatario cerró la alocución con un pedido a los magistrados: entender la “lógica” detrás de la medida.

“Si se le da al Estado la capacidad de pagar su deuda, baja el costo de la deuda, fue lo que hizo el decreto de emergencia. Vamos por la línea correcta de la política económica”, concluyó.

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