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El debate sobre el futuro de los combustibles volvió al centro de la agenda. El presidente Gustavo Petro afirmó que el subsidio a la gasolina y al diésel es responsable del hueco fiscal y calificó como un “error histórico” haberle pagado a Ecopetrol con recursos del presupuesto nacional. Su advertencia no dejó espacio a matices: si el Congreso no aprueba la nueva reforma tributaria por $26,3 billones, la deuda se trasladará —directa e indirectamente— al bolsillo de los consumidores en 2026.
La tributaria, que el gobierno prefiere llamar “ley de financiamiento”, busca cubrir un presupuesto de $556,9 billones para 2026. Sin la reforma, advierte Hacienda, quedaría un faltante de $26,3 billones. El ministro Germán Ávila defendió que el proyecto se construyó con dos principios: no gravar artículos de la canasta familiar y mantener la progresividad para no afectar a hogares de bajos y medianos ingresos.
En medio de la presión de los gremios transportadores y las estaciones de servicio, que temen un alza inminente, la discusión se mueve en la tríada de la sostenibilidad de Ecopetrol, el déficit de las finanzas públicas y el impacto directo en la canasta familiar.
David Jiménez Mejía, presidente ejecutivo de Comce, que agrupa a las estaciones, explicó que la reforma cambia la estructura del IVA y eleva el impuesto al carbono, lo que disparará los precios por galón. En sus proyecciones para el próximo año, la gasolina corriente subirá $1.021 solo por impuestos; mientras que el diésel sumará $658 por la misma vía.
En el paquete de medidas del Gobierno también aparecen el IVA de 19 % para híbridos, licores, juegos de azar en línea, hospedaje para turistas extranjeros y servicios de software en la nube, además de cirugías estéticas y transporte de valores. Con estos ajustes, el Gobierno proyecta recaudos por $1,3 billones en 2026, que ascenderían a $4,8 billones en 2030.
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Comce advierte que, en un escenario de tarifa plena de IVA a 19 % y mayores impuestos a biocombustibles, el incremento podría llegar incluso a $1.825 en gasolina y $1.087 en diésel. Los efectos se verían en la canasta familiar y el índice de precios al consumidor, incluso “esbozados por entidades como el Banco de la República y el DANE”.
El argumento del Gobierno es que el aumento busca incentivar la transición energética. Pero los gremios responden que la medida desconoce la realidad: el 95 % de la movilidad en Colombia depende de combustibles fósiles, repartidos en 48 % diésel y 52 % gasolina.
“Desde nuestro sector, podemos afirmar que casi la totalidad de lo que se transporta en Colombia -sea productos, mercancías o personas- se hace a través del transporte terrestre automotor”, recalcó Jiménez.
Entre enero de 2022 y junio de 2025, el Estado transfirió $72,8 billones a Ecopetrol para cubrir el subsidio a la gasolina y el diésel, recursos que salieron “de los más pobres” vía presupuesto, dijo el presidente Petro. Esa cifra, que equivale a más de dos reformas tributarias del tamaño actual, es el principal argumento del Ejecutivo para defender la necesidad del ajuste.
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Gremios advierten golpe a hogares y transporte
El descontento no viene solo de las estaciones de servicio. La Confederación General del Trabajo (CGT) y la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) anunciaron un rechazo frontal a la reforma.
Denuncian que afectará pasajes de bus, transporte de alimentos y vestuario, golpeando la economía popular. Además, califican la iniciativa de regresiva e inequitativa.
Los gremios exigieron al Congreso hundir el proyecto por considerar que castiga a trabajadores y hogares.
“El pueblo trabajador y transportador no puede seguir pagando las crisis de un Estado y carga contra quienes más aportan a la nación”, señaló la carta firmada por ambas organizaciones.
Falso ARGUMENTO D @MinHacienda gravar COMBUSTIBLES Y HASTA LA ADMINISTRACIÓN D CONJUNTO D VIVIENDAS afecta alimentos, Vestuario, PASAJE BUS, FLETES CAMIONES Q LLEVAN TODO LO Q CONSUMES
— ACC Camioneros (oficial) (@ACC_camioneros) September 3, 2025
hasta al TRACTOR q usa el campesino,
Muy grave mentir y olvidar q hasta exministro d… https://t.co/sMGqYq5bTl pic.twitter.com/cijkAc2ebp
El antecedente más claro fue en septiembre de 2024, cuando el Gobierno intentó aumentar en casi $2.000 el precio del diésel como parte de un ajuste gradual de $6.000.
El paro de camioneros obligó a reversar la medida y fijar un alza menor de $800. Desde entonces, el diésel sigue siendo el gran foco de resistencia gremial, con tensiones de parte y parte frente a los acuerdos que cesaron las marchas.
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Un camino difícil en el Legislativo
El proyecto enfrenta además un camino cuesta arriba en el Congreso. El antecedente inmediato es el hundimiento de la ley de financiamiento de 2024, que buscaba recaudar menos de la mitad de lo que ahora propone el Gobierno. En un año preelectoral, con una relación desgastada entre el Ejecutivo y el Legislativo, no parece el mejor escenario para aprobar nuevos impuestos.
Expertos como José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, y Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, han advertido que si bien los subsidios a los combustibles fueron costosos, no explican por sí solos el déficit actual.
Este responde, en buena parte, al aumento en el gasto público y a un presupuesto que en 2025 supera los $511 billones, con un déficit estimado de $137 billones. En ese contexto, la discusión sobre impuestos a la gasolina se cruza con un debate mayor: la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Minhacienda reconoce que las medidas podrían tener un efecto de hasta 0,44 puntos porcentuales en la inflación de 2026, aunque aclara que el traslado pleno de precios rara vez ocurre y que los efectos reales serían menores.
Aun así, analistas como César Pabón, de Corficolombiana, advierten que cualquier demora en la baja de la inflación se traduce en tasas de interés más altas por más tiempo, un costo adicional que, al final, también terminan asumiendo los hogares.
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