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En la noche de este miércoles 9 de septiembre, tras un consejo de ministros que se llevó a cabo en la Casa de Nariño, el presidente Abelardo de la Espriella firmó 11 decretos que contemplan nuevas medidas a un mes del terremoto de magnitud de 7,4 que sacudió a gran parte del occidente y centro del país.
En tres de esos decretos, el gobierno nacional contempla medidas extraordinarias y transitorias para el sector educativo, particularmente para los colegios de los municipios más afectados por el sismo. A la fecha, según el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), 331 personas fallecieron por el terremoto, 4.505 resultaron heridas y todavía hay 111 desaparecidos.
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Los decretos también presentan el balance de afectaciones en el sector educativo más reciente. En términos generales, 5.309 sedes educativas de 423 municipios resultaron afectadas. En total, más de 1.147.000 niños han visto alterado su derecho a la educación como consecuencia del terremoto, según las cifras recopiladas por el Ministerio de Educación.
Los departamentos con mayor número de sedes educativas afectadas son Valle del Cauca, con 1.404; Antioquia, con 868; Caldas, con 742; Chocó, con 408; Cauca, con 362; Risaralda, con 359; Tolima, con 306; Cundinamarca, con 249; Huila, con 218, y Quindío, con 200.
En el primero de los tres decretos dirigidos al sector educativo, el 1386 de 2026, el gobierno nacional resalta que existen imposibilidades o restricciones de utilizar determinadas sedes educativas, aunque no especifica cuántas ni cuáles. Sin embargo, asegura que debido a esto, se podría interrumpir el servicio educativo y afectar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
En ese sentido, este decreto permite que 47 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) en Educación autoricen que la prestación del servicio se realice en los espacios que se consideren idóneos para tal fin, “incluso fuera de las sedes de los establecimientos educativos que cuentan con reconocimiento de carácter oficial, siempre que presenten condiciones seguras para el aprendizaje”.
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Aunque el título del decreto señala que se adoptan medidas transitorias para prestar el servicio educativo en espacios físicos o alternos mediante modalidades remotas, no especifica a qué modalidades hace referencia.
En cualquier caso, serán las ETC las encargadas de autorizar la utilización de espacios físicos alternos seguros y solo durante la vigencia del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada por el gobierno nacional para atender los impactos del terremoto.
“La autorización temporal para utilizar espacios físicos alternos permite evitar que la afectación de la infraestructura se traduzca en la interrupción del servicio educativo, siempre que dichos espacios sean idóneos y presenten condiciones seguras para el aprendizaje”, asegura el gobierno nacional en el decreto.
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La segunda medida, contemplada en el Decreto 1387 de 2026, suspende de manera temporal los resultados del proceso de auditoría de la matrícula que 47 ETC le reportan al Ministerio de Educación en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT).
Según el gobierno, “los territorios afectados por el sismo presentan obstáculos operativos, técnicos, sociales y administrativos para el desarrollo de las actividades previstas en el proceso de auditoría de matrícula, entre ellas la recolección y aporte de las evidencias documentales requeridas para soportar los registros objeto de verificación y acreditar la identificación y atención de los estudiantes”.
Esto es clave, porque de la auditoría de la matrícula realizada por el Ministerio de Educación, con base en la información reportada por las entidades territoriales certificadas, se definen los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) que se destinarán al año siguiente para esas ETC.
Esto, aclara el gobierno, “busca impedir que las alteraciones extraordinarias directamente derivadas del sismo produzcan consecuencias sobre la asignación de recursos destinados a la prestación del servicio educativo que puedan reducir la capacidad de respuesta de las ETC precisamente durante el período en que deben atender las consecuencias de la calamidad y restablecer la continuidad del servicio”.
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Finalmente, mediante el Decreto 1038 de 2026, el gobierno nacional abre la puerta para que las ETC soliciten la reorganización, redistribución o reprogramación de las semanas de trabajo académico previstas en los calendarios escolares.
La reorganización, que deberá ser autorizada por el Ministerio de Educación y que no “afectará los derechos de los trabajadores del sector educación”, solo podrá extenderse hasta la culminación del calendario académico, sin que este exceda el 31 de diciembre de 2026.
“Mantener de manera rígida la distribución temporal ordinaria del calendario podría resultar incompatible con la necesidad de atender las condiciones particulares de los establecimientos educativos y de las comunidades afectadas”, manifestó el gobierno en el decreto.
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