Tres semanas. Ese es el tiempo que le ha tomado al nuevo Gobierno ubicar en cargos clave a varias personas con posiciones públicas contrarias a las políticas de igualdad y género. Especialistas en esta materia encuentran en los nombramientos un patrón narrativo que reúne viejas banderas sobre la familia tradicional, la infancia, la supuesta “ideología de género” y la “batalla cultural”, ahora en manos de funcionarios con capacidad para incidir en decisiones administrativas y de gobierno. ¿Quiénes han sido nombrados y cuáles son sus posturas?
Por un lado está el Ministerio de Educación, encabezado por Viviane Morales, designada el pasado 7 de julio, quien en las últimas semanas, anunció una revisión de los materiales escolares utilizados como parte de su propuesta para combatir lo que considera una “ideologización” dentro de las aulas, principalmente en temas de género. Además, presentó un proyecto, con el que busca modificar parcialmente el Decreto 1075 de 2015, para ajustar las reglas bajo las cuales las entidades educativas territoriales pueden contratar con terceros. El borrador incluye la posibilidad de establecer acuerdos con organizaciones religiosas e iglesias para desarrollar estrategias pedagógicas en colegios oficiales. Aun así, Morales asegura que este tipo de contratos existe desde hace más de tres décadas.
Su postura es conocida en este tema. Además de ser la primera mujer fiscal en el país, en el pasado impulsó un referendo para prohibir la adopción por parte de parejas del mismo sexo, reconocida desde 2015 por una decisión de la Corte Constitucional. También fue una de las figuras que, hace una década, recurrió al concepto de “ideología de género” para cuestionar, primero, las medidas contra la discriminación en los colegios adoptadas tras el caso de Sergio Urrego. Un joven de 16 años que se quitó la vida después de sufrir discriminación por parte de las directivas de su institución debido a su orientación sexual y cuya muerte dio lugar a una sentencia que ordenó revisar los manuales de convivencia. Posteriormente, utilizó ese mismo marco para cuestionar el enfoque de género incluido en los Acuerdos de Paz.
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El 12 de agosto, Morales designó a Gledy María Foliaco Rebolledo y Camilo Noguera Pardo para liderar los dos viceministerios de su cartera. Foliaco, licenciada, magíster en Educación y con más de 20 años de trayectoria en el sector asumió como viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media. Noguera, abogado con maestría en Docencia e Investigación Universitaria, llega al Viceministerio de Educación Superior con una trayectoria marcada también por sus cuestionamientos a los enfoques de género en la educación.
Esa posición quedó plasmada en 2025, cuando dirigió la investigación “Adoctrinamiento en género en colegios. Invalidando la narrativa”, publicada por la Universidad Sergio Arboleda, de la cual es egresado. En mayo de este año llevó parte de esos planteamientos a una columna en Semana, en la que afirmó que “en los últimos tiempos, las narrativas y enfoques de género han contaminado la educación escolar”.
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El 17 de julio de 2026 fue anunciada Paola Holguín como ministra de Cultura. La exsenadora del Centro Democrático ha dicho que desde esa cartera buscará desmontar las “narrativas de género” y promover otras centradas en la familia. Su trayectoria en estos temas viene de años atrás. Durante su paso por el Congreso integró la bancada autodenominada “provida” y, tras la Sentencia C-055 de 2022, que despenalizó el aborto hasta la semana 24, respaldó el llamado “Referendo por la vida”, que buscaba proteger constitucionalmente la vida desde la concepción y revertir los efectos del fallo.
También respaldó proyectos de ley como “¡Con los niños no te metas!”, sobre acopañamiento, orientación y tratamientos de afirmación de género en menores de 18 años; “Estoy vivo desde la concepción”, contra el aborto; y “Los padres eligen”, sobre la participación de las familias en la educación sexual integral de sus hijas e hijos. Ninguna avanzó en el legislativo.
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Cerca al oído del mandatario de la “patria milagro” está Enrique Serrano López, escritor, filósofo, profesor y exdirector del Archivo General de la Nación, designado el 22 de julio como asesor presidencial. Serrano llega al Gobierno con una tarea especialmente política: ayudar a darle forma a lo que llaman la “batalla cultural”, una disputa promovida por sectores de derecha frente a los discursos que se asocian con el progresismo y los derechos humanos. Su nombramiento no fue presentado como uno meramente técnico. Al anunciarlo, De la Espriella afirmó que “la batalla más importante que libra una nación es la batalla por las ideas” y que el Gobierno necesita voces capaces de “convertir las convicciones en argumentos”. Algo que, en la práctica, podría convertirse en una forma de dar sustento político a los valores promovidos por sectores conservadores.
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Anunciada el 29 de julio como directora del ICBF, María Carolina Restrepo llegó a la entidad después de una trayectoria principalmente jurídica, financiera y corporativa. En sus primeras semanas al frente de la institución tomó dos decisiones que abrieron cuestionamientos sobre el enfoque de género en la entidad. Primero, estableció lineamientos para incorporar en el lenguaje institucional términos como “niñez” y excluir la palabra “niña”, una medida que defendió bajo el argumento de tratarse de una “precisión”. También ordenó retirar un mural en el que aparecía la expresión “Aquí estuvo Resistencia Chiquita”, al considerar que podía existir una instrumentalización política de menores. La frase corresponde a un colectivo de niñas que surgió tras el feminicidio de Yuliana Samboní en 2016 y que desde hace años utiliza el arte para que las menores de edad aprendan a identificar las violencias basadas en género.
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El 4 de agosto, Alejandro Ordóñez fue nombrado embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), cargo que ya había ocupado durante el gobierno de Iván Duque. Su postura frente a los temas de género adquirió especial visibilidad durante sus años como Procurador General de la Nación. Desde ese cargo cuestionó a los primeros jueces y notarios que formalizaron uniones entre parejas del mismo sexo en el país, apoyados en una interpretación amplia de la Sentencia C-577 de 2011. Años después, el alto tribunal zanjó la discusión y consolidó el reconocimiento de estas uniones.
En 2016 también fue uno de los principales opositores al enfoque de género incluido en el Acuerdo de Paz y sostuvo que allí estaba “encriptada” la supuesta “ideología de género”. Ordoñez estará ahora al frente de la representación de Colombia ante uno de los principales escenarios regionales donde se discuten estándares de derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+.
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El 13 de agosto, De la Espriella nombró como agente liquidador del Ministerio de Igualdad a John Milton Rodríguez, pastor cristiano, exsenador y dirigente de Colombia Justa Libres. La designación deja a la entidad encargada de combatir desigualdades históricas de poblaciones constitucionalmente vulnerables a cargo de quien, en 2022, impulsó junto con la bancada “provida” del Congreso un referendo para revertir el derecho al aborto. Milton llegó a plantear la prohibición total, incluidas las tres causales. Años después, será él quien conduzca la liquidación de una cartera que agrupó la articulación de políticas dirigidas, entre otras poblaciones, a mujeres y personas LGBTIQ+.
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Si bien estos cargos no les dan vía libre para eliminar derechos de un plumazo, sí les permiten decidir, desde los lugares que ocupan, qué se prioriza, qué se financia, qué lineamientos se cambian y qué mensaje se envía al país desde cada una de esas instituciones.
El panorama actual no se limita a los nombramientos, empieza a reflejarse también en otros escenarios. En el nuevo periodo legislativo, la bancada “provida” ya ha impulsado varias iniciativas, entre ellas una reforma al artículo 11 de la Constitución para establecer la “protección de la vida desde la fecundación” y así eliminar el derecho al aborto; un proyecto para prohibir la maternidad subrogada bajo la figura de “explotación reproductiva”; y la llamada “Ley Laura”, que busca restringir procedimientos quirúrgicos de afirmación de género en menores de edad.
“En la Comisión Primera de 22 senadores, al menos cinco han manifestado sus agendas antiderechos; y en la Comisión Sexta de 13, al menos tres se enuncian como antigénero. Es un resultado preocupante, puesto que la Comisión Primera se ocupa de los asuntos constitucionales, las reformas a la Constitución y los derechos fundamentales y por ella se tramitan proyectos legislativos sobre los derechos LGBTIQ+ como ‘Nada que curar’ o ‘Ley integral trans’”, dice Wilson Castañeda Castro, director de Caribe Afirmativo, organización que trabaja por los derechos de las personas sexodiversas en Colombia.
Desde ese mismo sector también han empezado a moverse acciones para presionar decisiones del Ejecutivo. Una de las más recientes fue la carta que la senadora Sara Castellanos y la representante Carol Borda, ambas de Salvación Nacional, enviaron a Ana María Vesga, ministra de Salud. Allí le solicitaron revisar y derogar medidas adoptadas por el Gobierno anterior sobre interrupción voluntaria del embarazo (IVE), parto humanizado, atención en salud de niños, niñas y adolescentes trans y eutanasia en menores de edad.
¿Qué patrón narrativo hay en los recientes nombramientos del gobierno de De la Espriella?
Estos nombramientos, que recaen en personas que han sostenido posiciones explícitas contra distintos derechos y políticas relacionadas con género y la diversidad, coinciden también en marcos discursivos atravesados por convicciones religiosas. Para José Fernando Serrano, director del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes, la preocupación no radica en que personas creyentes ocupen cargos públicos, algo propio del pluralismo democrático y de la laicidad del Estado, sino en que esas convicciones puedan influenciar las decisiones que toman en entidades públicas. “En este caso en particular, tenemos personas con experiencias de fe que quieren hacer de ella política pública, lo cual ya empieza a generar algo de ruido”, dice en entrevista con El Espectador.
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Pero además, Serrano encuentra allí un hilo común entre estas figuras, por medio de ideas como la “familia tradicional”, la “protección de la niñez” y el supuesto “adoctrinamiento” en los colegios. Son nociones que, explica, son agrupadas bajo la llamada “ideología de género”, un término promovido desde el Vaticano que surgió en los años noventa, en medio de debates internacionales sobre feminismos, derechos sexuales y reproductivos y población LGBTIQ+. Pero que no tiene ningún sustento científico, académico o jurídico.
“Se acuñó en ese escenario por sectores supuestamente conservadores, pero es más complejo que esto; eran sectores que estaban en contra de estos temas, como el Vaticano, países islámicos y algunos países africanos, que se oponían a estos debates amplios. Y acuñaron ese término para empaquetar allí un montón de cosas que les generaban sospecha, inquietud o que consideraban precisamente en contra de una idea singular de familia, de sociedad o de una cierta idea de valores”, comenta.
El experto advierte que estas narrativas suelen seguir patrones reconocibles para ganar legitimidad y movilizar apoyos. Para que estas conversaciones se consoliden, recurren a elementos como la construcción de un pánico moral alrededor de aquello que se presenta como una amenaza para la familia, la niñez o determinados valores. Adicionalmente, ese discurso, puede presentarse como una propuesta aparentemente positiva, como “recuperar los valores”, pero que en el fondo está cargada de discriminación.
A esa mezcla se suma la construcción de un enemigo, incluso cuando el lenguaje no lo plantea de forma explícita. “Cuando hacemos este ejercicio de decir ‘es que nos quieren imponer’, estamos implícitamente construyendo esos enemigos, por eso son narrativas muy peligrosas en ese sentido”, afirma.
Otro ingrediente son las verdades incompletas que pueden convertirse en vehículos de desinformación. Y, finalmente, aparece la apelación a una idea tan amplia y compartida que resulta difícil controvertirla, como la protección de la niñez. “Esta idea de ‘vamos a proteger los niños’ acoge e invita a sectores de izquierda, a sectores de derecha a sectores que nunca se han sentido parte de ningún partido político, pero el llamado a vamos a proteger los niños, convoca un montón de cosas”, finaliza.
Aumento de violencia y barreras de acceso a derechos ya reconocidos: los riesgos que advierten las organizaciones sociales
El director de Caribe Afirmativo reconoce que existe una institucionalidad sólida que dificulta una regresión inmediata de derechos, además de una sociedad civil con capacidad de incidencia, a la que atribuye gran parte de los avances en materia de diversidad sexual, género y derechos reproductivos. Aun así, advierte que narrativas como la “batalla cultural” o la “agenda woke” pueden estigmatizar a los movimientos sociales y abrir nuevas ventanas de riesgo en un país donde ya persisten altos niveles de violencia y barreras para acceder a derechos.
Según la organización, entre 2024 y 2025 los asesinatos de personas LGBTIQ+ aumentaron un 64 % y el último año cerró con 270 casos. Las dificultades también están en materia de derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, un informe publicado este año por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres documentó que, pese a la despenalización del aborto, el 9,7 % de las mujeres acompañadas tuvo que desplazarse para acceder al servicio por falta de oferta, personal o medicamentos, y Bogotá recibió el 43,1 % de esos casos.
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Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, coincide en esta evaluación. Considera que estos discursos pueden deslegitimar las vivencias de las personas LGBTIQ+ y generar un entorno en el que otras personas se sientan autorizadas a reproducir actos de intolerancia y violencia. También expresa especial preocupación por la educación sexual integral ante la posible participación de organizaciones religiosas en los colegios. “Esa educación sexual tiene que ser universal, no puede ser basada en ciertos valores religiosos porque eso atenta contra la libertad de cultos que debe profesar el Estado”, dice a El Espectador.
A su juicio, parte del problema está en cómo los discursos sobre “ideología de género” tergiversan las demandas y experiencias de las personas sexodiversas “diciendo que nosotros queremos convertir o cambiar la orientación sexual o la identidad de género de los niños”, cuando, sostiene, lo que se busca es proteger a quienes son víctimas de violencia y discriminación por este motivo.
“Estamos de acuerdo con que [la educación sexual] se haga de acuerdo a la edad, de acuerdo a unas metodologías y a unas pedagogías adecuadas a cada ciclo vital. Pero no nos parece correcto que se quieran imponer unos valores religiosos que excluyen a una población”, subraya.
¿Qué debería preservar el nuevo Gobierno en materia de género y diversidad?
Más allá de los riesgos que identifican las fuentes consultadas, el antropólogo José Fernando Serrano insiste en que quienes asumieron estos cargos deberán gobernar dentro de un marco constitucional y responder a las deudas históricas del país en asuntos de género, entre ellos menciona las violencias basadas en género y la educación sexual integral.
“Si un chico tiene una pregunta sobre su sexualidad, no va a ir a la profesora o a la iglesia, va a ir a la red social, a ChatGPT o a la pornografía, que es donde puede encontrar respuestas a sus inquietudes sobre sexualidad. Entonces, ojo, esa es una responsabilidad histórica. Y, además, la violencia de género sigue estando presente y es sobre ese tipo de cosas que debemos de actuar. El silencio no permite actuar sobre eso. El silencio lo que hace es que legitima las violencias”, concluye.
Caribe Afirmativo plantea esa misma discusión desde la continuidad institucional. Para la organización, el nuevo Gobierno no parte de cero, sino que recibe políticas y compromisos que ya fueron construidos para garantizar los derechos de las personas LGBTIQ+. Entre ellos están el CONPES 4147, el Sistema Nacional para la Garantía de Derechos de esta población, las rutas de atención frente a la violencia y los protocolos de inclusión en entidades públicas. También advierte sobre la necesidad de preservar los recursos y avances técnicos alcanzados, como la Guía de Práctica Clínica para la Afirmación de Género de Personas Trans.
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Por Redacción Género y Diversidad
