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El 20 de junio de 2020 fue aprobada por el Congreso una ley que crea un fondo para combatir la pobreza extrema en Cartagena (Ley 2038). La ley ya fue demandada y encendió las alarmas en un sector de la ciudad que teme que la iniciativa autorizada se convierta en una puerta a la corrupción, la privatización de recursos y el desalojo de poblaciones vulnerables. Las dudas aumentan debido a que el senador Fernando Araújo Rumié es el autor de la propuesta, pues se sabe que su familia representa a una de las más poderosas de la capital de Bolívar, que tiene empresas con intereses urbanísticos, hoteleros y aeroportuarios, y que hace dos décadas protagonizó una polémica controversia de tierras conocida como el caso Chambacú. (Presidente Duque sanciona ley que crea fondo para erradicar pobreza en Cartagena)
La Ley 2038 solo tiene diez artículos. En síntesis, su objetivo principal es crear un fondo económico constituido con dinero público y privado para invertir en acciones y convertir lo recaudado en una estrategia para erradicar la pobreza extrema en Cartagena, conservando, de paso, los recursos naturales. El fondo estará vigente hasta 2033, con posibilidad de prórroga, y los contratos que se pacten se regirán por el derecho privado y no por el derecho público, lo que, según los detractores de la norma aprobada, le quita transparencia a la contratación pública. Guillermo Gómez Merlano, abogado y opositor de dicha ley, afirma que en la ciudad ya existe un plan para erradicar la pobreza y se maneja con recursos de la Alcaldía de la ciudad. (Cartagena: ¿llegó la oportunidad de cambiar de rumbo?)
“Si ya existe un programa para la pobreza, ¿para qué crear uno nuevo y no fortalecer el que existe? ¿Por qué el fondo va a ser manejado por privados por contratación directa? Eso se presta para la corrupción. Si la contratación se rigiera por el derecho público, tendría que pasar por procesos licitatorios y los contratistas tendrían que cumplir requisitos estrictos. Pero al pasar al derecho privado nada es obligatorio”, recalca Gómez. En la misma línea, la abogada Carmenza Morales, autora de una demanda contra la ley que ya fue admitida por la Corte Constitucional, aseguró que ningún aparte de la norma responde a las causas de la pobreza en Cartagena como un problema estructural, que también obedece a procesos migratorios y de desplazamiento.
La ley dispone que los recursos del fondo provendrán de todo lo que se haya dispuesto para superar la pobreza extrema o conservar el medio ambiente en Cartagena en los Planes de Desarrollo del distrito y el departamento o el Presupuesto General de la Nacional. Y además autoriza la consecución de dineros que se obtengan o se le asignen a cualquier título, como, por ejemplo, aportes de cooperación internacional o de empresas privadas. Los opositores de la ley insisten que en estos aspectos se afecta el principio de autonomía del distrito y se les da injerencia al Gobierno y a los privados, diluyendo, a su vez, que la obligación legal para la decisión de erradicar la pobreza extrema en Cartagena empieza principalmente en la Alcaldía. (Le puede interesar: 7 datos sobre la desaparición de Alexandrith en Cartagena)
El fondo funcionará como patrimonio autónomo, sin planta de personal y administrado por una fiduciaria; y su dirección quedará a cargo de una junta directiva con representación pública y privada. Dos delegados del presidente de la República, dos de la Gobernación de Bolívar, dos de la Alcaldía de Cartagena, tres representantes de la sociedad civil y dos de los aportantes. “El Distrito solo tiene dos cupos de once en la junta, una posición minoritaria. En cambio, tienen asiento aportantes capitalistas que tienen en mente la recuperación de su capital, no un fin social”, señala Danilo Contreras Guzmán, abogado, exjuez y otro de los demandantes, quien agrega que esas facultades exorbitantes le permitirán dirigir la contratación de los macroproyectos más grandes de la ciudad, destinados a combatir la pobreza y protección del medio ambiente hasta 2033.
Un artículo publicado por periodistas de Contratopedia Caribe da cuenta de que los seis macroproyectos pendientes en Cartagena tienen que ver con drenajes pluviales, protección costera, alimentación para los más pobres y puestos de salud. Según La Silla Vacía, solo el Plan Maestro de Drenajes Pluviales, que evitará que la ciudad se inunde en épocas invernales, costará $2,1 billones. Según el abogado Contreras, es una perspectiva de negocio muy rentable que ahora se fortalece con la ley aprobada, al punto de que podrá determinar la política ambiental de la ciudad. La misma crítica hace Rubiela Valderrama, del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena, quien afirma que el fondo parece un “De Todito”, una especie de alcaldía paralela que recoge recursos para que sean manejados por particulares. (Le puede interesar: “No te dediques al fútbol porque te puedes morir”: el homicidio de Harold Morales en Cartagena)
“Es prácticamente otra administración y se le quita autonomía al distrito”, sostuvo Rubiela Valderrama a El Espectador. La líder social ratificó que no solo su movimiento está atento al desarrollo que le dé a la ley aprobada, y que, en cualquier caso, así el asunto no tome la importancia que debe tener como debate público necesario, la suya y otras organizaciones de mujeres ya están recorriendo los barrios vulnerables de Cartagena para socializar la ley entre sus habitantes, más que todo para hacerles comprender las consecuencias de vender sus lotes ante cualquier oferta que les llegue.
En la exposición de motivos que dio sustento a la ley aprobada es tácito el objetivo de construir obras, resaltando que en la actualidad el 6,7 % de la población cartagenera vive en zonas con calles sin pavimento. Según el abogado Guillermo Gómez, la opción de encarar el desafío de revertir este diagnóstico terminará beneficiando básicamente a los privados mediante cuantiosos contratos de construcción. Un estudio adelantado por el Banco de la República ya ha advertido que los proyectos prioritarios para erradicar la pobreza extrema en Cartagena están relacionados con vivienda, acueducto, alcantarillado, escuelas, hospitales, parques y vías. Un panorama que el Estado no ha logrado revertir durante décadas y ahora entra en la órbita de los intereses privados.
La ley, de autoría del senador Fernando Araújo, se enfoca en cuarenta barrios de Cartagena, que agrupa a unas 214.000 personas: el 75 % de la población pobre de la ciudad, el 78 % de la población en pobreza extrema, el 80 % de la población que no tiene acueducto y el 82 % que carece de acceso a alcantarillado. Barrios vulnerables que, en el sentir de los detractores de la norma, están situados en el mismo horizonte geográfico del Hotel Las Américas, en La Boquilla; o la construcción del nuevo aeropuerto de Cartagena en el sector de Bayunca, cuyo contrato está en la mira de los intereses de la familia del senador Araújo. Una investigación del portal Cuestión Pública reveló que el capital de esa familia incluye 39 empresas colombianas, cuatro panameñas y al menos unas 35 propiedades.
En el debate sobre los alcances de la ley, la abogada Carmenza Morales expresa que es relevante recordar que la principal actividad económica de la familia del senador es la urbanización y que, en el pasado, por temas relacionados con tierras, la controversia pasó de reubicación a erradicación. En una columna publicada por este diario titulada “La ley del despojo”, Javier Ortiz Cassiani recordó que, en 1993, el alcalde y el Concejo cambiaron la destinación del uso del suelo de la zona de Chambacú para que una parte fuera construida, y el asunto quedó en manos del Consorcio Cartagena de Indias S. A., cuyos socios eran Fernando Araújo Perdomo, excanciller y padre del senador Fernando Nicolás Araújo; y Alberto Araújo Merlano, su abuelo. “Unas treinta familias del sector Papayal, que aún permanecían allí, fueron sacadas con tanquetas de la Policía”, contó Ortiz en su columna. (Una ley de despojo)
En respuesta a estos cuestionamientos del pasado y a los actuales por la aprobación de la ley 2038, el senador Fernando Araújo Rumié respondió a El Espectador que la ley no tiene que ver con los negocios de su familia. “Soy uno de por lo menos 50 miembros de mi familia. Yo no participo de los negocios, no hago parte de ninguna junta directiva ni los administro. Los miembros de mi familia no tuvieron nada que ver con la ley. Es mera especulación”, aseguró el congresista. Según el autor de la iniciativa, el fondo que se creó es tipo cuenta, no tiene burocracia y no quita, sino que, por el contrario, es un instrumento para que el Distrito, con transparencia, pueda realizar obras, proyectos y programas enfocados en la superación de la pobreza, propósito superior de la ley.
“No es cierto que se vaya a privatizar el fondo. Hay muchas entidades públicas que atienden calamidades, con régimen de contratación privado, como la gestión del riesgo o el fondo de adaptación. La pobreza extrema en Cartagena es una calamidad, tan grave como la calamidad ambiental, y se requiere agilidad en la forma como se ejecutan los proyectos. No es que los recursos sean privados, pueden ser privados o públicos, pero administrados por el sector público, con vigilancia de las entidades de control”, agregó el senador Araújo. En las próximas semanas, la Corte Constitucional deberá definir si la ley es acorde con la carta, y ya llegaron conceptos de la Procuraduría y las universidades de Cartagena, Santo Tomás y Externado con nuevos argumentos.
Una consulta popular contra la ley
Un grupo de ciudadanos constituyeron un comité promotor de la consulta popular #NoaLaLeyDelDespojo, que se opone a la Ley 2038 de 2020. El fin de la consulta sería preguntar “si está de acuerdo, sí o no, con entregarle la facultad de aprobar y ejecutar planes y programas para erradicar la pobreza extrema y la conservación de los recursos naturales del medio ambiente a la junta directiva que manejará el fondo creado por la Ley 2038 de 2020”.
Según los promotores, la ley en cuestión “corresponde a un modelo de desarrollo concebido y ejecutado por las élites cartageneras, que se ha extendido con efectos devastadores, dejando una estela de miseria, segregación y despojo en una ciudad que es una de las más desiguales del país”.”Estamos convencidos que la aplicación de la ley no es el camino para superar la miseria, ni es la herramienta adecuada para emprender las obras de adaptación climática que demanda la ciudad”, concluyeron los detractores de la ley.
“No voy a desfallecer”: senador Fernando Araújo
En entrevista con El Espectador, el senador Fernando Araújo Rumié defendió la Ley 2038, de su autoría, y aseguró que el tema ambiental fue incluido en el de extrema pobreza porque existe una relación entre ambos. “El 80 % de la población que vive en pobreza extrema vive en zona de riesgo de inundación o deslizamiento, como la loma de Albornoz”, sostuvo el congresista.
“El fondo está en proceso de reglamentación. Las dudas que plantean los ciudadanos son válidas para que sea el Gobierno Nacional el que incluya esas salvedades. Ahora se está trabajando en mesas técnicas y están participando entidades como el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Interior. Además, las comunidades van a tener asienta en la junta directiva del fondo. La ley tuvo el más amplio apoyo en el Congreso: cuatro debates, dos audiencias públicas, dos debates de conciliación y fue votado unánimemente. Su propósito es la superación de la pobreza. No voy a desfallecer”, concluyó el senador Araújo.
Por Pilar Cuartas Rodríguez
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