A la cárcel exjuez de Cundinamarca por presunto fraude a decenas de pensionados

Con base en las pruebas recopiladas, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó a Burgos Rodríguez los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción, peculado por apropiación y abuso de la condición de inferioridad. Durante la audiencia, el exjuez no aceptó los cargos en su contra.

De acuerdo con la investigación, el exfuncionario judicial no habría actuado solo. Las pesquisas apuntan a que hizo parte de una organización más amplia, integrada también por notarios, otros servidores públicos y particulares, quienes se habrían encargado de fabricar demandas y títulos ejecutivos relacionados con rentas vitalicias.

Lea también: Fue extraditado a Estados Unidos alias "Araña", jefe de los Comandos de Frontera

La particularidad del esquema, según la Fiscalía, es que estos procesos eran radicados en ciudades distintas a aquellas donde realmente residían tanto los demandantes como los demandados, lo que les permitía llevar los casos ante despachos judiciales sin competencia territorial para conocerlos.

Ese, precisamente, habría sido el rol de Burgos Rodríguez dentro de la estructura que sería admitir demandas pese a no tener jurisdicción sobre ellas, ordenar el embargo de mesadas pensionales y disponer que los recursos quedaran bajo custodia del juzgado a su cargo, en lugar de remitir los procesos a los despachos competentes.

Le puede interesar: Tribunal revoca fallo que ordenaba a De la Espriella pedir perdón por acto religioso

La magnitud del presunto esquema se refleja en las cifras que maneja la Fiscalía. Entre 2020 y 2025, el juzgado que dirigía Burgos Rodríguez tramitó 1.660 expedientes relacionados con esta modalidad, un volumen que, según los investigadores, resulta significativo para un despacho de esas características.

De ese universo de procesos, la Fiscalía logró documentar al menos 21 casos en los que las decisiones judiciales derivaron en embargos de hasta el 50 % de las mesadas pensionales de las víctimas. En uno de ellos, un mismo demandante habría llegado a recibir más de COP 1.150 millones como resultado de estas retenciones.

Más noticias: Terminó el paro armado en Santa Marta tras cuatro días de tensión y militarización

Uno de los casos documentados dentro de la investigación involucra a una mujer de 82 años, residente en Valledupar (Cesar), quien atravesaba serias dificultades económicas. Según reconstruyó la Fiscalía, en 2022 miembros de la organización se habrían aprovechado de esa situación de vulnerabilidad para engañarla y conseguir que firmara documentos en blanco. Esos papeles habrían sido utilizados posteriormente para promover en su contra una demanda ejecutiva, proceso que terminó costándole COP 63 millones de su pensión.

Siga leyendo: Juez suspende cierre de Zona de Ubicación Temporal de excombatientes en Putumayo

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.