En la vereda La Samaria, en La Macarena (Meta), el CTI de la Fiscalía y el Ejército capturaron a Oliver Lozano Serna, alias “Chimbo de Oro”, presunto líder logístico del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc de alias “Calarcá”. La operación, que ocurrió el pasado 21 de septiembre, marchaba tan bien que el presunto miembro del grupo armado ya tenía esposas y estaba rumbo a presentarse ante un juez de garantías para legalizar su captura.
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Sin embargo, el operativo terminó en una asonada de pobladores que, como confirmó el Ejército, le quitaron literalmente al capturado a las tropas. Un día antes, en La Plata (Huila), 500 civiles impidieron el avance de 70 militares en la vereda Los Sauces.
Dos asonadas en cuestión de horas que pusieron de nuevo el tema en la agenda y, de paso, revivieron el problema de judicializar a la población civil que participa en estas asonadas. Por estos hechos, el viceministro del Interior para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón, radicó una denuncia en Fiscalía contra de los máximos líderes del Bloque Central Isaías Pardo, del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.
La cartera señaló que este grupo estaría detrás de la instrumentalización de civiles que protagonizaron asonadas en contra de la fuerza pública en La Plata (Huila) en agosto pasado. Además, pidió también que se adelanten averiguaciones sobre otros episodios registrados en el país.
El Ejército rechazó la instrumentalización de la población civil por parte de los grupos armados y denunció que tiene evidencia de que hay líderes comunitarios participando “en actividades ilegales, lo cual será puesto en conocimiento de las autoridades judiciales competentes”.
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Sobre la asonada en La Plata, donde las autoridades señalaron que los militares fueron obligados por civiles a subir a vehículos particulares para sacarlos al corregimiento de Belén (Huila), el Ejército denunció que la población actuó bajo presión del grupo Hernando González Acosta, que hace parte de las disidencias controladas por alias “Iván Mordisco”.
De acuerdo con información de inteligencia conocida por este diario, las presiones incluían intimidaciones de desplazamiento forzado y asesinatos selectivos, si no lograban sacar a los uniformados. La institución agregó que “estos hechos serán denunciados ante las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones correspondientes”.
El ministro de defensa, Pedro Sánchez, también se pronunció sobre estas recientes asonadas y manifestó que al interior de la población que las protagoniza hay integrantes de las disidencias y resaltó que “hay unas denuncias que estamos avanzando, porque aquí vimos unos delitos claros que no podemos dejar pasar por alto”.
En los que va corrido de este 2025, con estos dos hechos serían en total ocho asonadas. Tanto el Ejército como el Ministerio de Defensa anunciaron que presentaron denuncias formales contra quienes participaron en estas acciones para detener la labor institucional. No obstante, expertos coinciden en que existen varias dificultades para lograr la judicialización de estas personas.
En entrevista con El Espectador, Jorge Mantilla, experto en seguridad e investigador de las dinámicas del conflicto, explicó que el procesamiento es difícil por el principio de distinción, contemplado en el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y que exige la diferenciación entre la población civil y los combatientes en un conflicto armado.
“Las responsabilidades penales son de carácter individual e individualizar a determinadas personas, en el marco de estos contextos operacionales, es muy complejo, sobre todo teniendo en cuenta la disminución de las capacidades de la fuerza pública en materia de inteligencia. Es decir, tenemos unos despliegues operacionales en los cuales los uniformados realmente están a ciegas sobre lo que está pasando en territorio”, señaló Mantilla.
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Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), coincidió en este punto. “No hay mucho aparato, pero no es el Ejército el que tenga que hacer eso per sé. Ahí tiene que haber toda una institucionalidad”.
Bonilla agregó: “Tiene que haber articulación con la Fiscalía, y desafortunadamente, el diseño nacional puede que sea articulado, pero en el territorio es muy complejo porque se tiene muy poca gente en esas entidades. Entonces, todo termina tardando muchísimo tiempo más. Al final, son cuellos de botella, pues en los territorios no hay suficientes funcionarios de la Policía, Fiscalía, jueces, etc. Entonces se vuelve como una torre de casos nunca resueltos”.
Por su parte, el investigador de crimen y profesor de la Universidad de Antioquia, Germán Valencia, explicó que, en estos casos, se debe partir de conceptos jurídicos que en las asonadas, todavía no son claros.
“¿Estamos ante una retención, ante un secuestro, o ante una acción de protesta? Cualquiera que sea la forma de llamarlo, detrás de ello está el asunto de que la población está tratando de sobrevivir, en medio de la guerra de las disidencias por mantener sus negocios de narcotráfico. Se supone que allí hay presencia de infiltrados a los cuales hay que responsabilizar. Pero, la comunidad no está contestado el avance del Ejército con armas, entonces ¿qué delito es? Es muy difícil para la Fiscalía establecer unas órdenes de captura para estas comunidades si no es claro ni siquiera qué delito hay”, puntualizó el profesor Valencia.
La Defensoría del Pueblo enfatizó que estos hechos registrados en Huila y Meta no son aislados, sino que se enmarcan en un escenario de riesgo previamente advertido por la entidad. Según su primera alerta temprana de 2025, la confrontación entre distintas estructuras de las disidencias —el Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, comandado por alias “Iván Mordisco”, frente al Bloque Jorge Suárez Briceño y el Frente Raúl Reyes, bajo el mando de “Calarcá”— genera un entorno de alta vulnerabilidad para las comunidades campesinas y para la misma fuerza pública.
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En el caso de Huila, el riesgo es mayor por la presencia del Bloque Central Isaías Pardo, también bajo la órbita de “Mordisco”, lo que convierte al departamento en un territorio estratégico para el tránsito de economías ilegales y la expansión del poder de este grupo armado.
Este mismo contexto fue resaltado por el Ejército, que clasificó la zona del suroccidente como “vital” para las disidencias. De acuerdo con la Defensoría, estas estructuras no solo imponen reglas de movilidad y horarios mediante panfletos, sino que recurren a amenazas de desplazamiento, asesinatos selectivos y restricciones al uso de recursos naturales para consolidar su control.
Según la Defensoría, a este clima violento se le suma el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, práctica que evidencia la sistematicidad de los crímenes y su carácter de graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Con este panorama, las recientes asonadas reiteran la práctica criminal de cómo los grupos disidentes instrumentalizan a la población civil para impedir las operaciones del Estado, lo que plantea un doble desafío.
Por un lado, proteger a las comunidades de represalias y, por el otro, garantizar que la justicia pueda individualizar responsabilidades en medio de contextos donde la línea, entre la presión armada y la participación ciudadana, se difumina.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Valentina Gutiérrez Restrepo
