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Luego de 35 años del magnicidio de Carlos Pizarro Leongómez, el caso tuvo un nuevo movimiento en la justicia. La Fiscalía General de la Nación decidió este 7 de julio que el general en retiro Miguel Maza Márquez, exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), continúe en libertad mientras avanza la investigación en su contra por su presunta responsabilidad en el crimen. El Espectador conoció el documento de 57 páginas en el que el ente investigador expone las razones que sustentaron esa decisión.
Aunque la Fiscalía sostiene que Maza Márquez, investigado de ser presunto coautor en los delitos de homicidio con fines terroristas y concierto para delinquir, habría participado en el magnicidio, concluyó que no se cumplen los requisitos para imponerle una medida de aseguramiento. El ente investigador señaló que, desde el momento del crimen, ocurrido el 26 de abril de 1990, hasta la decisión adoptada este 7 de julio, no existen elementos que demuestren que Maza Márquez “haya desplegado acciones encaminadas a interferir, ocultar, destruir o entorpecer el recaudo probatorio dentro de esta actuación”.
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En esa línea, la Fiscalía explicó que no considera necesario privar de la libertad al exdirector del DAS, pues no advierte un riesgo de que interfiera con la investigación. Asimismo, en el documento se lee: “A ello se suma la inexistencia de subordinados que puedan ser presionados para modificar declaraciones, documentos o testimonios, porque el sindicado (Maza Márquez) se encuentra desvinculado de cualquier estructura estatal desde el 5 de septiembre de 1991, y la desaparición del DAS, hace más de catorce años, elimina cualquier capacidad institucional para incidir en funcionarios, testigos o intervinientes”.
Este no fue el único argumento de la Fiscalía para decidir no solicitar una medida de aseguramiento contra el general en retiro. Según la decisión, la edad de Maza Márquez, de 88 años, “reduce o disminuye la posibilidad de evadir la justicia, a lo que debe agregarse su delicado estado de salud”. El ente investigador explicó que el exdirector del DAS padece insuficiencia renal terminal, diabetes mellitus con complicaciones renales, enfermedad renal crónica en etapa cinco, así como trastornos psicológicos y neurológicos.
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Por ello, Maza Márquez requiere controles médicos frecuentes, tratamientos continuos y soporte clínico permanente. En ese sentido, la Fiscalía concluyó que “la edad avanzada, el diagnóstico médico crítico y la dependencia permanente de servicios especializados de salud no solo evidencian una limitación física y funcional, sino que hacen materialmente imposible cualquier escenario real de evasión”.
El ente investigador también tuvo en cuenta los pronunciamientos de las altas Cortes en casos como este. Según el documento, la cúpula de la justicia ha reiterado en sus decisiones que “la adopción de una medida de aseguramiento frente a enfermedades graves que resultan incompatibles con la vida en reclusión no constituye una concesión discrecional, sino la materialización del respeto por la dignidad humana, el derecho a la vida y la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
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En consecuencia, la Fiscalía señaló que, al imponer una medida de aseguramiento, “no puede limitarse a la gravedad de los hechos. El juez está obligado a ponderar factores de especial protección, entre los cuales se encuentran la enfermedad grave, la edad avanzada y demás condiciones personales que revelen una afectación relevante a la dignidad humana, la salud y la vida del procesado”.
La presunta participación de Maza en el crimen
Según el documento conocido por este diario, estaría acreditado que, para la época de los hechos, el exdirector del DAS habría tenido responsabilidad en el “progresivo debilitamiento del esquema de protección del candidato Carlos Pizarro Leongómez, los cambios intempestivos de escoltas en fechas cercanas al magnicidio, el manejo directo y autónomo de la coordinación de seguridad y la desviación del curso de las investigaciones hacia hipótesis ajenas a los responsables reales”.
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Además, el ente investigador señaló que, durante la investigación, se estableció que Maza Márquez también tendría el control, la coordinación y la dirección de los esquemas de seguridad de los candidatos presidenciales de izquierda José de Jesús Antequera, asesinado el 3 de marzo de 1989, y Bernardo Jaramillo Ossa, también asesinado el 22 de marzo de 1990.
Asimismo, la Fiscalía sostuvo que estos hechos se alinean con las graves falencias atribuidas al DAS, como ocurrió también en el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, perpetrado el 18 de agosto de 1989, caso por el que el exdirector de ese desaparecido organismo fue condenado en 2016.
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El asesinato de Carlos Pizarro
Carlos Pizarro Leongómez, candidato presidencial de la AD-M19, fue asesinado el 26 de abril de 1990, cuando viajaba a bordo del vuelo 532 de Avianca, que cubría la ruta entre Bogotá y Barranquilla (Atlántico), en plena campaña política. Minutos después del despegue, un joven de 22 años identificado como Gerardo Gutiérrez Uribe, alias “Jerry”, abrió fuego contra el candidato.
Aunque Pizarro fue trasladado a la clínica de la Caja Nacional de Previsión, en Bogotá, las heridas que sufrió en la cabeza y el cuello le provocaron una hemorragia que derivó en un paro cardíaco. En medio del ataque, Jaime Ernesto Gómez Muñoz, escolta del candidato presidencial, le disparó a alias “Jerry”, quien también murió a bordo del avión.
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Según confirmó la Fiscalía en el documento, alias “Jerry” era primo de Andrés Arturo Gutiérrez Maya, el sicario que el 22 de mayo de 1990 asesinó a Bernardo Jaramillo Ossa, candidato presidencial de la Unión Patriótica (UP). Ossa murió en el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, cuando se disponía a abordar un vuelo de Avianca con destino a Santa Marta.
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