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Las primeras Sanciones Propias impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entrarán en su fase de ejecución a partir del 15 de agosto. Con dos sentencias ya en firme y definidas las condiciones jurídicas, institucionales y financieras para su cumplimiento, los comparecientes comenzarán a desarrollar los proyectos con los que buscarán contribuir a la restauración de los derechos de las víctimas, las comunidades y los territorios afectados por el conflicto.
Se trata de las sanciones impuestas a siete exintegrantes del último Secretariado de las antiguas Farc, responsabilizados por hechos de secuestro y otros crímenes cometidos durante el cautiverio de sus víctimas, y a 12 exintegrantes del Batallón ‘La Popa’, condenados por asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentados de manera ilegítima como bajas en combate, también conocidos como falsos positivos, en la región de la Costa Caribe.
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Las sentencias fijaron tanto las restricciones de derechos y libertades que deberán acatar los 19 máximos responsables como las acciones de carácter restaurativo que estos deberán ejecutar. Entre ellas se contemplan obras de infraestructura, iniciativas de tipo productivo, procesos de desminado humanitario, labores de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y actividades orientadas al fortalecimiento comunitario en los territorios afectados por el conflicto.
Para la puesta en marcha de estos proyectos, el Gobierno Nacional ya destinó una asignación inicial de COP 50.000 millones. No obstante, la JEP advirtió que la ejecución integral de las sanciones requerirá que, en las próximas vigencias fiscales, el Ejecutivo garantice los recursos necesarios para dar continuidad a los proyectos restaurativos en el mediano y largo plazo.
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Así quedaron las primeras sanciones de la JEP
El pasado 1 de julio, la JEP confirmó las sentencias contra el antiguo Secretariado de las Farc y contra los exmilitares del Batallón La Popa. El fallo redefinió varios aspectos de ambas condenas y permitió, por fin, iniciar la ejecución de las primeras sanciones restaurativas. La decisión resolvió 31 apelaciones presentadas por víctimas, organizaciones que las representan, entidades estatales, la Procuraduría y los propios comparecientes, quienes cuestionaron aspectos como el monto de las penas y su verdadero grado de responsabilidad en los crímenes.
El fallo contra los siete exintegrantes del último Secretariado de las Farc, responsables de más de 21.000 casos de secuestro, fue el que sufrió más ajustes. Con ponencia del magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, la Sección de Apelación individualizó las penas según el rol de cada compareciente: mantuvo ocho años para Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel y Pablo Catatumbo; redujo la sanción a siete años para Pastor Alape, a seis para Julián Gallo y a cinco para Rodrigo Granda.
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Además de ajustar las penas, la segunda instancia diseñó un cronograma de ejecución de los trabajos restaurativos que se extenderá hasta 2034, organizado en siete fases regionales, y endureció las condiciones de cumplimiento.
En ese contexto, los comparecientes deberán mantener una residencia fija, cumplir horarios de trabajo definidos, contar con autorización judicial para salir del departamento o del país y estarán sujetos a monitoreo electrónico. El tribunal también revisó los reconocimientos de trabajos restaurativos realizados antes del fallo y revocó varios de los concedidos a Londoño, Catatumbo, Gallo y Granda, al considerar que no todos guardaban una relación directa con el daño causado por los secuestros.
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En el caso de los siete exmilitares del Batallón La Popa, condenados por 135 casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, el fallo tuvo menos modificaciones. La Sección de Apelación, con ponencia de la magistrada Ana Manuela Ochoa, revocó parcialmente la inclusión de los delitos de tortura y persecución, al considerar que estos fueron incorporados de forma irregular en una etapa avanzada del proceso.
No obstante, reconoció que esos crímenes sí ocurrieron contra comunidades indígenas, campesinas y otros grupos vulnerables. Como consecuencia, ajustó las condenas individuales, que quedaron entre cinco y ocho años de Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador-Restaurador (TOAR), según el nivel de participación de cada uno en los hechos.
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El tribunal fijó criterios sobre la individualización de las penas, el reconocimiento de trabajos restaurativos, las restricciones de derechos y la participación de las víctimas en la ejecución de los proyectos. Asimismo, se creó un sistema permanente de verificación mediante informes periódicos y audiencias de seguimiento, que estará liderado por la Sección de Reconocimiento de Verdad de la justicia transicional.
Esta labor contará con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva de la jurisdicción, el acompañamiento del Ministerio Público y un componente de verificación internacional, a cargo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En contexto: Las sentencias que destraban las primeras sanciones de la JEP contra exfarc y exmilitares
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