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Con el argumento que se afectó la honra, dignidad y vida del periodista Gonzalo Guillén, el abogado Roberto Rodríguez le solicitó al Juez 30 de conocimiento de Bogotá que el comunicador fuese declarado víctima en el expediente judicial que se surte en contra del empresario Carlos Mattos, quien es procesado por un entramado de corrupción que fraguó para quedarse con la representación de Hyundai en Colombia. Pese a que estaba previsto que el despacho analizara los preacuerdos que Mattos pretende celebrar con la Fiscalía, la audiencia avanzó con la solicitud que hizo la defensa del periodista.
Rodríguez pidió ante el juzgado que el comunicador fuese declarado víctima luego de que durante la primera semana de febrero el empresario, a través de una carta, no solo pidiera disculpas públicas, reconociera haber pagado dádivas para recibir beneficios judiciales, sino que, además, confesó haber entregado dineros a Guillén para que iniciara una campaña de desprestigio en contra de la Fiscalía en el marco de la investigación que se adelanta desde hace un poco más de cinco años en territorio colombiano.
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“Esa carta inundó los medios afectando la vida, honra, dignidad, reputación y patrimonio moral de Gonzalo Guillén”, resaltó Rodríguez y añadió que esa situación ya supone un daño concreto sobre la integridad del comunicador y sobre su profesión. El abogado explicó en audiencia que el periodista recibió recomendación médica de no alterarse porque sufre de problemas cardiacos. No obstante, dijo que, la situación en la que se ha visto envuelto por las declaraciones de Mattos no le han permitido tener la calma que le dijeron sus médicos.
En la diligencia también intervino la Fiscalía, la Procuraduría y el delegado de víctimas quienes no consideraron pertinente que se le diera calidad de víctima en el proceso al periodista porque las apreciaciones del abogado no tienen relación con el expediente que tiene ante los estrados judiciales a Mattos. La determinación de esta solicitud se conocerá el próximo jueves luego de que el juzgado decretó la suspensión de la diligencia.
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El proceso judicial en contra del empresario que fue extraditado finalizando 2021, obedeció a un entramado de corrupción que descubrió la Fiscalía, y que vinculó a varios funcionarios públicos, desde ingenieros, abogados y jueces que hacían parte del Complejo Judicial de Paloquemao en donde se fraguó que Mattos se quedara con la representación de la marca Hyundai en Colombia.
Todo empezó cuando la promotora de carros en Corea rompió relaciones comerciales con Carlos Mattos, quien era la cabeza de Hyundai en Colombia. La intención de Hyundai Corea era comercializar sus autos con el grupo ecuatoriano Eljuri. No obstante, esa intención se vio truncada porque el empresario interpuso una demanda civil con la que logró una medida cautelar en 2016 que frenó la decisión de la multinacional. Con esa determinación llegaron una seguidilla de sobornos y favorecimientos por parte de Mattos que tenía como finalidad mantener la representación de la marca en su poder.
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Mattos burló la justicia durante un poco más de cuatro años. Incluso, en una parte de su proceso la Fiscalía lo declaró en contumacia porque no se presentaba ante las diligencias que se hacían virtualmente mientras él se encontraba alojado en Europa. Si bien, su expediente se movió con las capturas de funcionarios judiciales, el proceso en su contra cogió forma hasta este año luego de que fue extraditado en un estado grave de salud.
El empresario por su edad y condición médica ha estado algunos días bajo supervisión médica. No obstante, eso no ha sido impedimento para que busque colaborar con la justicia. Mattos pretende que durante los próximos días se le avalen dos preacuerdos con la Fiscalía. En su momento, ha dicho que tuvo “una serie de acercamientos ilegales con Dagoberto Rodríguez, oficial mayor del juzgado sexto civil, y Reinaldo Huertas, juez sexto civil del circuito”.
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Los encuentros se hicieron, según el empresario, por intermedio de su entonces abogado Luis David Duran Acuña, también procesado por los mismos hechos. A juicio de Mattos, los funcionarios judiciales “decidieron, a través de una contraprestación económica, decretar una medida cautelar” que lo favoreciera en el expediente. Por estos hechos, la Fiscalía ha procesado a un poco más de 10 personas que han confesado haber colaborado en la intención de Mattos de defraudar a la justicia.
En las excusas públicas que hizo el empresario durante la primera semana de febrero no solo salpicó al periodista Guillén, sino que también se comprometió a no “cometer ningún comportamiento ilegal o ilícito”. En sus palabras, Mattos consideró que “la sanción a la que me he hecho acreedor se convierte en un ejemplo claro y directo qué, bajo ninguna circunstancia, se debe corromper la administración de justicia”.
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De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, el empresario pagará US$1 millón de dólares, lo que en pesos corresponde a unos $4.000 millones. La mitad recibirá la Fiscalía y la otra la Rama Judicial, que está acreditada como víctima dentro del expediente. Además de esta millonaria indemnización, Mattos acordó con la Fiscalía que pagará 56 meses de prisión (cuatro años y medio) y pedirá disculpas por lo ocurrido.