
Lo que sucedió con Kendry Téllez Álvarez, conocido en las disidencias de “Iván Márquez” como “Yako”, es “una contradicción” para la familia de Miguel Uribe Turbay. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le quitó el beneficio de libertad condicional, luego de que la Fiscalía lograra una orden de captura por su presunta participación en el asesinato del precandidato presidencial. Pero este disidente de las Farc lleva más de un año y ocho meses lejos del radar de las autoridades y hasta de su abogado, que dice que no sabe dónde está. La orden de esta instancia de justicia transicional, que se tardó siete meses en tomarse, también dejó de lado la petición de la Procuraduría de expulsarlo del Sistema Integral para la Paz. Además, llega en un momento difícil para la JEP por el recorte de COP 181.000 millones a su presupuesto, iniciativas para reducir su tiempo de vida y una dura discusión sobre sus avances y trabajo en siete años.
La decisión se conoció en la noche del 27 de octubre de 2026, pero tiene fecha del 9 del mismo mes. Está firmada por la magistrada Diana María Vega Laguna (vicepresidenta electa de la JEP) y el magistrado Pedro Julio Mahecha Ávila, integrantes de la Sala de Amnistía o Indulto de la justicia transicional, que fueron quienes evaluaron el caso. La orden de revocarle la libertad condicional a alias “Yako” llegó luego de que el 2 de marzo de este año el Juzgado 60 Penal de Control de Garantías de Bogotá emitiera una orden de captura en contra de siete integrantes de la Segunda Marquetalia. Entre ellos, Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”; José Manuel Sierra, alias “Zarco Aldinever”; y Kendry Téllez Álvarez, alias “Yako”. Solo hasta ahora se conoce la decisión de la JEP, que solo le quitó el beneficio de libertad y no lo expulsó porque, según esa instancia, no se ha podido comprobar que haga parte de las disidencias de las Farc.
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Los hallazgos de la Fiscalía
Durante más de un año, la Fiscalía ha intentado armar el rompecabezas del magnicidio de Miguel Uribe Turbay para llegar a quienes dieron la orden de asesinar al político. En marzo pasado, la fiscal delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo Rivera, expuso que el grupo que adelanta la investigación tiene testimonios y pruebas que darían cuenta de que el crimen habría sido ordenado por la segunda Marquetalia de “Iván Márquez”. Fue por eso que pidieron que se emitieran las órdenes de captura en contra de los integrantes de la cúpula de ese grupo ilegal que, hasta ahora, no se han hecho efectivas. El Espectador supo que la Fiscalía está evaluando declararlos como personas ausentes para avanzar en la imputación en su contra.
Lo que sostiene la Fiscalía, según se lee en la decisión contra alias “Yako”, es que este disidente de las Farc habría participado en la planeación del atentado contra Miguel Uribe Turbay, el 7 de junio de 2025 en el barrio El Golfito, al occidente de Bogotá. La Fiscalía dice que, al parecer, José Manuel Sierra, alias “Zarco Aldinever” y uno de los jefes de la Segunda Marquetalia, le dio la orden a alias “Yako” de contactar a alguna persona que pudiera coordinar y ejecutar el crimen del senador. La persona con la que este disidente se habría comunicado sería Simeón Pérez Marroquín, alias “el Viejo”, testigo clave del caso y condenado en marzo pasado mediante preacuerdo a 22 años de cárcel.
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Además, alias “Yako” habría gestionado la entrega de la pistola Glock nueve milímetros con la que un menor de 15 años le disparó al senador en tres oportunidades. El documento de la JEP dice también que el integrante de las disidencias de “Iván Márquez” tenía la orden de “coordinar la comisión de otros homicidios contra personas de relevancia en la vida pública”, pero no detalla contra quiénes se estarían planeando otros atentados. El propio Simeón Pérez le dijo a la Fiscalía en un interrogatorio el 9 de febrero de 2026 que había conocido a alias “Yako” cuando ambos estuvieron presos en la cárcel de Acacías (Meta) y en La Picota (Bogotá). Luego de que ambos salieran de la cárcel, al parecer, mantuvieron comunicación.
El documento señala que “Yako” le dijo a Simeón Pérez que hacía parte de la Segunda Marquetalia. “Le transmitía información relacionada con su funcionamiento y actividades (…), le propuso hacer parte de dicha estructura y realizar un curso como combatiente, lo que, de acuerdo con su versión, constituía un intento de incorporarlo a esa organización”, señala el documento. Incluso, el disidente de las Farc le habría propuesto a “El Viejo” que se convirtiera en colaborador de la Segunda Marquetalia para “vueltas buenas”, como el movimiento de armas y la planeación de homicidios. Simeón Pérez le dijo a la Fiscalía que, en coordinación con “Yako”, viajó a la frontera entre Colombia y Venezuela para reunirse con el “Zarco Aldinever”.
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“Aunque la orden directa de atentar contra la vida del senador habría sido impartida por alias ‘Zarco Aldinever’ (…), Téllez Álvarez habría desempeñado funciones de dirección y coordinación de actividades preparatorias, especialmente en materia de inteligencia y logística”, le informó la Fiscalía a la JEP. Incluso, el documento dice que alias “Yako” le ordenó a Simeón Pérez establecer contacto con Elder José Arteaga Hernández, alias “Chipi”, cerebro logístico del atentado; y con Katherine Andrea Martínez Martínez, alias “Gabriela”, quien transportó y entregó el arma usada para el atentado. Por eso es investigado por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego agravado y concierto para delinquir agravado.
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Una decisión a medias
Tras revisar la orden de captura contra “Yako” y la información enviada por la Fiscalía sobre su posible participación en el asesinato de Miguel Uribe Turbay, la Sala de Amnistía o Indulto le revocó la libertad condicional que había recibido en diciembre de 2018. Pero no lo expulsó del Sistema Integral para la Paz porque, según la JEP, no hay información ni pruebas suficientes de que haya reincidido en actividades ilegales o que haga parte de alguna estructura al margen de la ley. Parte de esta decisión se basó en que el Comando Conjunto Estratégico de Transición de las Fuerzas Militares indicó que no hay registro de que después del 1 de diciembre de 2018 esta persona haya ingresado a algún grupo armado organizado.
Un dato contradictorio, porque en el cartel de los más buscados por el magnicidio publicado en marzo pasado por el Ministerio de Defensa, la Policía y la Fiscalía sí aparecen su nombre y su foto, además de una recompensa de hasta COP 500 millones por información para capturarlo. La conclusión es que ni la JEP, ni la Fiscalía, ni la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ante la cual se presentó por última vez dos días antes del asesinato de Miguel Uribe Turbay), ni el abogado que representa a alias “Yako” saben dónde está el presunto disidente de las Farc. Pero la decisión de la JEP solo reactiva el cumplimiento de una pena que ya estaba pagando por los delitos de secuestro y porte de armas. No ordena su expulsión.
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La Procuraduría argumentó, en un concepto enviado a la JEP, que el incumplimiento de las obligaciones de alias “Yako” como compareciente era claro y grave. Por eso pidió que no solo perdiera la libertad condicional, sino que también se le revocara la amnistía que recibió en junio de 2019 y que lo expulsaran del Sistema Integral para la Paz. Pero esa petición fue desestimada. “La revocatoria se sustenta, exclusivamente, en la conducta que sí fue acreditada: la inobservancia grave, prolongada y no justificada de los deberes de comparecer ante el SIP y de mantener actualizada la información necesaria para su localización”, dice el documento. El Espectador intentó hablar con los magistrados del caso sobre la decisión, pero decidieron no pronunciarse.

Para María Claudia Tarazona, viuda del senador, la decisión es tan positiva como contradictoria. “Celebro esta orden porque alias ‘Yako’ está prófugo de la justicia, tiene orden de captura y circular roja de Interpol. La Fiscalía está adelantando las labores para declararlo persona ausente y que se pueda iniciar el proceso judicial en su contra por distintos crímenes y por su participación en el magnicidio de Miguel”, le dijo a este diario. Pero agregó que no es suficiente frente a sus incumplimientos con la justicia: “No expulsarlo es una contradicción. No entiendo cómo una persona que tiene este proceso por el magnicidio de Miguel y que debe cumplir con unos requisitos puede hacer parte de la JEP”.
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En su concepto, anular la orden de libertad condicional contra “Yako” y dejar la puerta abierta para que pueda regresar a comparecer ante la JEP es revictimizante. “Me parece muy desafortunado para nosotros como familia. Iniciaré las actuaciones jurídicas que sean posibles para que haya verdad y justicia, que no haya impunidad frente a este nivel de delincuentes. La JEP no puede ser un refugio para que los delincuentes tengan salvoconducto para actuar de manera criminal e ilegal en el país”, concluyó. Tras esta decisión, las autoridades no solo tendrán vía libre para capturar a “Yako” por el crimen de Miguel Uribe, sino también por sus otros delitos pendientes. Pero nadie sabe dónde está y la orden podría morir en el papel.
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