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En la mañana de este miércoles 11 de marzo, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, tuvo su primera cita con la justicia. Ante el juzgado 35 de control de garantías de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos al presidente de la estatal petrolera por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de influencias.
El caso está relacionado con la compra de un lujoso apartamento al norte de Bogotá. Un negocio que, según las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, estaría presuntamente relacionado con una feria de contratos en Ecopetrol, de la que se habrían beneficiado conocidos empresarios del sector de hidrocarburos. Uno de ellos, el empresario Serafino Iácono.
Ese negocio, según las pistas que han recopilado los funcionarios del búnker, se habría cerrado en 2022 y el lujoso inmueble adquirido por medio de la empresa Princeton International Holding habría sido comprado por Roa a un precio mucho menor que el de su avalúo real. Luego, el 24 de abril de 2023, Roa Barragán se posesionó como jefe de la estatal petrolera, elegido por su Junta Directiva.
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Fue por esos días que se conoció que Ecopetrol le había entregado los derechos de exploración del campo de gas Bloque Sinú 9, en San Jacinto (Córdoba), a la empresa MKMS Energy Sucursal Colombia, relacionada con Serafino Iácono. El hombre, además de haber trabajado con firmas como Pacific Rubiales y Gran Colombia Gold, es uno de los propietarios de Princeton International Holding, la empresa que le vendió el apartamento a Roa.
La coincidencia se agravó cuando apareció el nombre de Innova Mercadeo y Logística, una empresa ligada a Juan Guillermo Mancera, un expolicía que habría mediado el pago de los COP 1.800 millones del apartamento en el Chicó. Él es el representante legal de la empresa Gaxi SA ESP, a la cual Ecopetrol le ofreció un millonario contrato de su filial Hocol, para implementar y operar un barco de regasificación de gas importado en el Caribe.
Desde noviembre de 2024, cuando empezaron a estallar los escándalos que involucran a Roa, el presidente de Ecopetrol ha negado su relación con movidas ilegales o negocios irregulares desde su rol como cabeza de la estatal petrolera. Ha dicho que el apartamento lo compró con sus propios recursos y que no sabía de los intereses de Serafino Iácono. Ahora lo que la Fiscalía busca comprobar es si en realidad hubo negocios irregulares o no.
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Reviva el minuto a minuto de la audiencia:
Juez niega solicitud de la defensa de Roa y avala la imputación
Tras un receso de una hora decretado por el despacho del juez 35 de control de garantías, el togado reanudó la audiencia para avalar la imputación en contra de Roa por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de influencias. El presidente de la estatal petrolera Ecopetrol no aceptó el caro imputado. Para el juez, los argumentos de la defensa de Roa no son suficientes para darle vía libre a alguna de las dos solicitudes que hicieron.
El abogado Juan David León Quiroga había pedido suspender la audiencia para que la Fiscalía corrigiera su imputación o declararla como ilegal. Pero para el togado, las aclaraciones pedidas por la defensa del presidente fueron resueltas a detalle por la fiscal Claudia Emilia Garrido Durán. Por otro lado, dijo que en su solicitud se cito jurisprudencia fuera de contexto y que, por ser la imputación un acto de comunicación, los debates de fondo sobre los hechos y las pruebas corresponden a otras etapas del proceso penal que ahora enfrenta.
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Los reparos de la defensa de Roa
Tras la imputación por parte de la fiscal Claudia Emilia Garrido Durán, el abogado Juan David León Quiroga, quien representa a Roa, intervino para pedir aclaraciones sobre la teoría de la Fiscalía. Para el jurista, la narración de los hechos por parte de la investigadora no fue precisa ni es coherente con el delito de tráfico de influencias por el cual fue imputado. En su concepto, no es claro el rol que tuvo Roa sobre decisiones de entregar contratos de la filial Hocol, a pesar de tener el cargo más importante de ese grupo: presidente de Ecopetrol.
El abogado León Quiroga también cuestionó que la compra de un apartamento sea para la Fiscalía una movida ilegal y dijo que no es claro si hubo delitos contra la administración pública o no. Además, le pidió a la fiscal que detallara las razones por las cuales en abril de 2025 Ecopetrol ordenó echar para atrás el proyecto Chuchupa-Ballena LNG, en La Guajira, del cual se beneficiaría Juan Guillermo Mancera. “No es una narración sencilla, no es contar una historia (...). La exposición mediática es un atentado contra la honra”, concluyó el jurista.
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El negocio que habría beneficiado a Mancera
Las presuntas irregularidades en la negociación del apartamento de Roa, según la fiscal Claudia Emilia Garrido Durán, estarían relacionadas con el posible interés de Juan Guillermo Mancera, representante legal de la empresa Gaxi SA ESP e intermediario en la compra del inmueble, sobre un jugoso negocio de Ecopetrol: el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG, en La Guajira.
La firma Hocol, filial de Ecopetrol, operaba ese proyecto. Luis Enrique Rojas, presidente de esa firma, al parecer atendiendo órdenes de Roa, habría recibido una propuesta de la empresa Gaxi, representada por Mancera, para hacerse a ese negocio. Además, se habría firmado un memorando de entendimiento para asignar ese proyecto, que habría estado vigente hasta abril de 2025, cuando Ecopetrol le ordenó a Hocol no seguir con el proyecto.
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Las cuentas que no cuadran sobre el apartamento de Roa
Uno de los puntos en los que hizo énfasis la fiscal Claudia Emilia Garrido Durán son las posibles inconsistencias entre el costo real del apartamento de Roa y el precio al cual lo compró. Según la investigadora, el apartamento 901 del edificio Entre Parques, de Bogotá, estaba avaluado en COP 2.727 millones. Sin embargo, Roa habría cerrado un negocio con Juan Guillermo Mancera, intermediario de la empresa Princeton International Holding, en COP 1.800 millones.
Para la Fiscalía, esa diferencia de COP 927 millones en el costo final del apartamento, sin cobro de intereses, daría pistas de que detrás de la negociación habrían ocurrido movidas irregulares. Además, dijo la fiscal, Mancera fue el “intermediario y garante” del pago a cuotas del apartamento a Princeton International Holding, propietaria del inmueble, por medio de su firma Innova Mercadeo. Aunque en el traspaso del apartamento, con fecha del 7 de diciembre, se señala que el pago ya se había hecho, el ente investigador expuso que, en realidad, las transferencias se hicieron entre enero de 2023 y marzo de 2024.
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Las dos reuniones en las que se habría negociado el apartamento
Durante la imputación, la fiscal Claudia Emilia Garrido Durán dijo que Roa, “de manera indebida, utilizó su posición de presidente de Ecopetrol” para pedirle a Luis Enrique Rojas, presidente de la filial Hocol, que beneficiara a Juan Guillermo Mancera y a su empresa Gaxi SA ESP con contratos. Le habría dado la instrucción puntualmente en dos oportunidades. Primero, el 20 de agosto de 2024, durante una reunión en un restaurante de Bogotá. Luego, entre septiembre y octubre de 2024, en una reunión privada en Ecopetrol.
“La influencia ejercida por Ricardo Roa sobre el presidente de Hocol en relación con el proyecto de regasificación fue indebida, pues estuvo orientada a favorecer los intereses particulares del señor Juan Mancera, persona cercana a Ricardo Roa y con quien este había celebrado una negociación comercial consistente en la compraventa del apartamento 901 del edificio Entre Parques, en la ciudad de Bogotá. En dicha operación, Ricardo Roa resultó beneficiado por el señor Mancera, tanto en el precio como en las condiciones de pago”, indicó la Fiscalía durante la imputación.
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Fiscalía dice que Roa habría dirreccionado contratos a Juan Guillermo Mancera
La fiscal Claudia Emilia Garrido Durán empezó su imputación refiriéndose al presunto rol de Ricardo sobre la firma Hocol, una filial de Ecopetrol que se dedica a actividades de extracción de petróleo y gas natural. Según su teoría, Roa habría influenciado a Luis Enrique Rojas, quien para 2024 estaba al frente de esa empresa, para que beneficiara a Juan Guillermo Mancera, representante legal de la empresa Gaxi SA ESP, con contrataciones.
Al tiempo que Roa presuntamente daba esas instrucciones, dijo la fiscal, el presidente de Ecopetrol avanzaba en una negociación con la empresa Princeton International Holding, a la cual le iba a comprar un apartamento ubicado en el exclusivo sector del Chicó, al norte de Bogotá. El inmueble estaba avaluado en más de COP 2.700 millones; sin embargo, Roa habría logrado comprarlo en COP 1.800 millones, cifra menor al costo real.
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Inicia la audiencia de imputación
Sobre las 9:15 de la mañana inició la audiencia de imputación en contra de Ricardo Roa, por el delito de tráfico de influencias. La diligencia se adelanta de forma virtual ante el despacho del juez 35 de control de garantías de Bogotá y el presidente de la estatal petrolera se conectó acompañado de su abogado, Juan David León Quiroga. La imputación es adelantada por la fiscal Claudia Emilia Garrido Durán, a quien le fue asignado el expediente de Roa.
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