Por medio de una sentencia de 290 páginas conocida esta semana, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a diez exintegrantes del Bloque Tolima de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Un fallo muy sonado, además, porque ordenó la extinción de dominio de varias propiedades relacionadas con esa estructura ilegal, incluidas varias que estaban en poder del famoso cantante de boleros Charlie Zaa. Pero la sentencia va mucho más allá de la orden que le quitó al artista el poder sobre los bienes avaluados en COP 23.775 millones. El documento da cuenta de la barbarie con la que actuaron los paramilitares entre finales de los años 90 e inicios de los 2000 en Tolima.
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La decisión es contra Arnulfo Rico Tafur, Eduardo Alexánder Carvajal Rodas, Indalecio José Sánchez Jaramillo, Diego Hernán Vera Roldán, José Albeiro García Zambrano, Benjamín Barreto Rojas, José Wilton Bedoya Rayo, Misael Villalba Veloza, Óscar Oviedo Rodríguez y Leonardo Lozano, exintegrantes de la estructura al mando de Gustavo Avilés, alias “Víctor” o “Zorro”. Detalla la forma “planificada y sistemática” en la que ocurrió la expansión del grupo paramilitar en una guerra frontal contra la antigua guerrilla de las Farc para mantener el control territorial. También habla del apoyo que recibieron las autodefensas por parte de empresarios y gremios de arroceros, ganaderos, mineros y cementeros que los financiaban.
En esa guerra, según la Sala de Justicia y Paz, se cometieron homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados. “Estas conductas se encuadran como graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario y violaciones masivas, sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos; además, revisten características de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, razón por la cual se aceptan y declaran los mismos”, señala la decisión, que tuvo ponencia del magistrado Andrés Giovanni Rosas Calvo. Estas son cinco historias que evidencian la barbarie con la que actuó el Bloque Tolima de las AUC en su sangrienta campaña por controlar esa zona del país y ganarle la guerra a la antigua guerrilla de las Farc.
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La masacre de El Neme
En la madrugada del 23 de abril de 2001, un grupo de paramilitares se tomó la vereda El Neme, en jurisdicción del municipio de Valle de San Juan (Tolima). Llevaban prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y portaban brazaletes de las AUC. Reunieron a todos los habitantes en la escuela y los retuvieron allí mientras hombres armados registraban las viviendas, una a una. No contentos con haber constreñido a la población y vulnerado la intimidad de sus casas, los paramilitares seleccionaron a cuatro personas de la finca La Arrocera: José Uber Bernate Escobar, Willington Bernate Escobar, Héctor Fabio Díaz Sánchez y Cecilia Guarnizo Céspedes.
Las víctimas fueron señaladas falsamente de ser colaboradores de la guerrilla, especialmente por sus liderazgos sociales. Cecilia Guarnizo, por ejemplo, era la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Neme. Los hermanos José Huber y Willinton Bernate Guzmán eran menores de edad. Con ninguno de ellos tuvieron piedad. La sentencia señala que fueron torturados y asesinados. Registros de prensa de la época agregan que los paramilitares quemaron viviendas, robaron ganado y otras pertenencias, provocando el desplazamiento de al menos 70 familias. El exrepresentante a la Cámara Gonzalo García Angarita, condenado en 2013 por nexos con el paramilitarismo, fue investigado por ser el presunto autor intelectual.
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Manuel Ignacio Feria Nieto
El 7 de agosto de 2001, Manuel Ignacio Feria Nieto estaba en la plaza del municipio de Prado (Tolima), donde vendía frutas. Hombres de las AUC llegaron hasta el establecimiento comercial, lo retuvieron y se lo llevaron hacia la vereda Tortugas, de ese municipio. Según la sentencia de Justicia y Paz, esta persona fue señalada falsamente de tener vínculos con la antigua guerrilla de las Farc. Los paramilitares lo asesinaron y lo sepultaron en una fosa clandestina, en la finca La Quinta. Sus restos fueron encontrados el 6 de febrero de 2014, trece años después de su desaparición, tras las confesiones de Óscar Oviedo Rodríguez, conocido en las filas de las autodefensas con el alias de “Fabián”, ante la justicia.
Según la sentencia y el informe de necropsia recogido por Justicia y Paz, Manuel Feria estuvo amarrado de sus brazos y recibió un disparo en la cabeza. En la fosa en la que hallaron sus restos, las autoridades forenses encontraron también su documento de identidad. “Era un vendedor de frutas, un hombre noble. No se metía con nadie, era un hombre sano. Fueron 11 años esperándolo. Ggracias a la Fiscalía que nos lo entregó. Que Dios los castigue”, dijo una de sus hermanas a un medio regional en agosto de 2024, cuando recibió sus restos. Alias “Fabián” fue condenado en este caso por los delitos de desaparición forzada, homicidio en persona protegida y tortura en persona protegida.
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Jair Pérez Bustamante y su pareja
Sobre las 6:00 de la tarde del 14 de marzo de 2002, hombres del Bloque Tolima de las AUC llegaron a la casa de Jair Pérez Bustamante y su pareja, cuya identidad se mantiene bajo reserva porque para la fecha de los hechos tenía 16 años de edad y tres meses de embarazo. Vivían en la finca La Joya, vereda Palmar-Arenosa, en jurisdicción del municipio de Saldaña (Tolima). Según la sentencia de Justicia y Paz, los trasladaron a la fuerza, junto con otras personas, hasta el sector conocido como la mina de Tomogo, donde fueron entregados al Óscar Oviedo Rodríguez, alias “Fabián”. Según la Fiscalía, las víctimas fueron señaladas falsamente por los paramilitares de tener vínculos con las antiguas Farc.
La sentencia señala que otro comandante paramilitar, conocido con el alias de “Daniel”, ordenó que los asesinaran y los sepultaran en una fosa clandestina. Los exparamilitares sometidos a Justicia y Paz han dado pistas sobre el sitio de su posible inhumación; sin embargo, las autoridades forenses aún no han dado con sus restos y sus familias llevan más de 24 años esperándolos. Reinaldo Rodríguez Lozano, padre de la menor desaparecida, fue quien denunció el crimen en julio de 2009. Óscar Oviedo Rodríguez, Arnulfo Rico Tafur, José Albeiro García Zambrano y José Wilton Bedoya Rayo, exintegrantes del Bloque Tolima de las AUC, fueron condenados en este caso por los delitos de desaparición forzada agravada y homicidio en persona protegida.
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Pedro Nolasco Rodríguez
María Teresa Guarnizo y Wilson Rodríguez Guarnizo, esposa e hijo de Pedro Nolasco Rodríguez, llevan más de 24 años buscando respuestas sobre el paradero de su ser querido. Vivía en la vereda Chenche Asoleado, en jurisdicción del municipio de Purificación (Tolima). Un grupo de paramilitares del Bloque Tolima de las AUC llegó a su vivienda e hicieron una inspección porque, al parecer, estaban buscando armamento escondido en ese lugar, en una supuesta colaboración con el Frente 21 de la antigua guerrilla de las Farc. Los paramilitares tomaron a la fuerza a la víctima, lo golpearon con la culata de un arma, lo amarraron de sus pies y sus manos, lo metieron al baúl de un vehículo y se lo llevaron con rumbo desconocido.
Según la sentencia de Justicia y Paz, la orden de su secuestro y asesinato fue impartida por Juan Alfredo Quenza, alias “Elías”, quien para entonces era el comandante de la estructura ilegal en Tolima. Por las declaraciones de Ricaurte Soria Ortiz ante la justicia, se pudo establecer que, poco después de ser sacado de su casa, Pedro Nolasco Rodríguez fue asesinado. Los paramilitares desmembraron su cuerpo y lo lanzaron a las aguas del río Magdalena. Sus restos nunca fueron hallados y el 10 de febrero de 2009 la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué confirmó una decisión de primera instancia con la que se declaró su muerte presunta ante la casi nula posibilidad de dar con sus restos.
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Horacio Salcedo Sánchez
El 8 de febrero de 2003, Horacio Salcedo Sánchez estaba descansando en la sala de su casa, ubicada en el barrio El Carmen del municipio de El Guamo (Tolima). Estaba junto a su madre, María Irma Sánchez Céspedes. Eran cerca de las 9:00 de la noche cuando los paramilitares llegaron en una camioneta, estacionaron al frente de la vivienda y lo llamaron. El hombre salió y los armados lo obligaron a subirse al vehículo. Su familia nunca tuvo noticias de él y, a la fecha, sigue desaparecido. En agosto de 2009, la Sala Civil de Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagué confirmó una decisión previa del Juzgado Promiscuo de Familia de Guamo que determinó la presunción de muerte y dejar constancia en su registro civil de defunción.
María Irma Sánchez Céspedes, madre de Horacio Salcedo, puso su retención y desaparición en conocimiento de las autoridades años después, en noviembre de 2008. Durante 23 años ha buscado respuestas sobre qué pasó con su hijo, pero aún no hay pistas sobre su paradero o su suerte. Para la fecha de los hechos, el comandante financiero de la zona era Édgar Linares Reales, alias “Jairo” (fallecido); el comandante de los urbanos era Jhon Fredy Rubio Sierra, alias “Mono Miguel” (excluido del proceso), y el comandante militar era Óscar Oviedo Rodríguez, alias “Fabián”, quien se sometió a Justicia y Paz y fue condenado por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada.
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