Confirman condena de 28 años contra exsubdirector del DAS por secuestro de Piedad Córdoba

La decisión resolvió el recurso de apelación presentado por el abogado de Narváez contra la sentencia proferida el 6 de octubre de 2025. En ese fallo de primera instancia se estableció que el exfuncionario instigó de manera directa el plagio: habría entregado al jefe paramilitar Carlos Castaño grabaciones obtenidas ilegalmente y habría actuado como ideólogo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en el marco de la llamada doctrina del "enemigo interno". Esa doctrina, según la decisión, justificó durante años la persecución y eliminación de líderes sociales, defensores de derechos humanos y opositores políticos en el país.

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La decisión de primera instancia

El fallo de octubre de 2025 fue proferido por la jueza tercera penal del circuito especializado de Medellín, Claudia Castro. De acuerdo con su análisis, Narváez, desde su cargo en el DAS, hizo llegar a las AUC información recogida mediante interceptaciones telefónicas a la congresista durante sus conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (Eln). Esos datos terminaron en poder de las autodefensas, que en 1999 ejecutaron el secuestro.

"En este caso la conducta atribuida al procesado José Miguel Narváez consiste en haber inducido, promovido y determinado el secuestro de la senadora Piedad Córdoba, ocurrido en mayo de 1999, por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), específicamente bajo la dirección de Carlos Castaño Gil, con quien mantenía vínculos ideológicos y operativos", remarcó la decisión.

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La jueza también subrayó la gravedad de los señalamientos que pesaron sobre Córdoba, quien fue estigmatizada por supuestos nexos con el Eln. Incluso Castaño llegó a decir públicamente que ella era la "tesorera internacional del Eln". "La persecución política tanto estatal como paraestatal que significó el ser tachada como una simpatizante del grupo subversivo Eln crearon condiciones que pusieron en riesgo su vida, su integridad física y emocional; los fines de estigmatización, silenciamiento y neutralización ideológica, atropellaron su dignidad como persona y como líder política y lo que agrava la afectación sufrida", señaló a jueza Castro.

El fallo añade que ese "hostigamiento" contra la senadora "repercute en todo su núcleo familiar, quienes no se encuentran ajenos a esta persecución, generando miedo, zozobra y terror".

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Por su parte, Narváez sostuvo en sus alegatos de conclusión que las pruebas no bastaban para probar su culpabilidad. "No hay testigos directos, todos son de referencia, absolutamente todos", señaló en su defensa.

La Fiscalía, en cambio, expuso los resultados de su investigación, orientada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. "En el curso de la investigación, orientada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, se conoció que Narváez Martínez visitó al exjefe paramilitar Carlos Castaño Gil y le propuso retener y asesinar a Córdoba Ruiz con la idea de que era colaboradora del Eln. Adicionalmente, le entregó información clasificada obtenida por el DAS para sustentar la petición", señaló el ente investigador.

Eduardo Carreño Wilches, cofundador del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y representante de víctimas en este caso, señaló que "con esta decisión se da un paso más en la lucha contra la impunidad de estos funcionarios que, revestidos de poder, cometen estas violaciones de derechos humanos. El Tribunal encontró que está plenamente probada la autoría intelectual de Narváez como determinador del secuestro, por orden o mensajes de integrantes de la fuerza pública, lo que está acreditado por testimonios de paramilitares, la relación de coordinación con Carlos Castaño y el hecho de ser ideólogo y profesor de la escuela de formación de los paramilitares. En esta calidad, él influyó de forma concreta para que se realizara este crimen".

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El secuestro de Piedad Córdoba

El 21 de mayo de 1999, la entonces senadora, quien falleció el 20 de enero de 2024, acudió a una cita médica en el barrio El Poblado de Medellín. La diligencia terminó en un secuestro de un par de semanas a manos de las AUC. Hombres vestidos con uniformes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía llegaron al centro médico y se la llevaron.

En realidad, se trataba de integrantes de la banda criminal La Terraza, que después del plagio trasladaron a la congresista hasta un campamento del Bloque Central Bolívar, en el departamento de Córdoba. Fue liberada el 3 de junio de ese año en zona rural de Necoclí (Antioquia). Según los hermanos Castaño, fundadores de las AUC, el secuestro obedeció a la supuesta relación de Córdoba con la guerrilla.

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