Lina Marcela Castillo ya no tendrá que responder ante la justicia por las denuncias públicas de acoso sexual, amenazas y acoso laboral que hizo contra Hollman Morris en 2019. Un juzgado de Bogotá cerró los principales cargos del proceso que se abrió en contra de la periodista después de que el entonces concejal la denunciara. La decisión, conocida este lunes 28 de septiembre, deja pendiente solo una parte del caso: lo relacionado con lo que Castillo dijo sobre un presunto atropellamiento.
La historia comenzó con una publicación en Facebook. Castillo contó allí que, mientras estuvo vinculada al entorno de trabajo de Morris entre 2016 y 2017, vivió y presenció situaciones de acoso y violencia contra mujeres. Días después, amplió su relato en una entrevista con La FM. Por esas declaraciones, fue acusada en 2023 de injuria y calumnia. Castillo no aceptó los cargos.
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Al revisar el caso, la jueza señaló que Castillo habló públicamente de hechos que afirmó haber vivido en primera persona. Para mantener el cargo de calumnia por sus denuncias de acoso sexual, explicó, no bastaba con que Morris rechazara los señalamientos: debía existir sustento para afirmar que ella sabía que eran falsos y, aun así, decidió difundirlos con el propósito de perjudicarlo. La jueza concluyó que ese sustento no estaba en el expediente. También descartó la acusación relacionada con las amenazas, porque Castillo no afirmó que Morris fuera quien las hubiera ejecutado.
La revisión del caso de la periodista había sido anunciada por la fiscal general Luz Adriana Camargo en una entrevista con El Espectador en marzo de este año. El diálogo se dio luego del despido de dos presentadores de Caracol Televisión señalados de acoso sexual. A raíz de esas denuncias, la Fiscalía abrió una "iniciativa investigativa", para "generar un espacio donde esas periodistas pudieran escribirle a la Fiscalía, sin lo que significa ir a un centro de atención o radicar escritos formales para presentar en una ventanilla".
La fiscal señaló que querían abrirles un espacio que les permitiera contar su historia con libertad y donde no fueran sujetas de interrogatorios o de espacios que pueden ser revictimizantes. En esa línea, resaltó el caso de la periodista Lina Castillo. "Conformamos un equipo de tareas especiales, al mando de la delegada para la seguridad territorial y la delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Además, estarán sus grupos de género, con analistas e investigadores. Su primera tarea es hacer un barrido de lo que vemos hoy en redes y medios, pero también una revisión interna de los casos que fueron archivados en años anteriores", dijo Camargo.
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La fiscal recordó que Castillo utilizó un medio de comunicación para denunciar acoso laboral y sexual en un ambiente que ella misma describió como "tóxico" y en el que esos mismos comportamientos se reprodujeron en su trabajo. Al ser llamada por la Fiscalía, Castillo narró lo ocurrido y, además, lo que interpretó como amenazas a raíz de su denuncia pública para callarla. "La respuesta de la Fiscalía, hace cinco o seis años, fue archivar el tema diciendo que esas amenazas eran atípicas, sin abordar de ninguna manera el acoso, y ahora ella es procesada. Necesitamos evitar una revictimización como la de ella", afirmó.
"Es una sorpresa ver que no nos pronunciamos sobre el acoso y que lo único que quedó vivo fue la denuncia por injuria y calumnia donde ella sería la autora. Como este caso, empezamos a mirar otros que aparecieron en medios y encontramos archivados", agregó la fiscal Camargo.
Los detalles de la denuncia de Castillo
El 24 de enero de 2019, Castillo publicó en Facebook, con el perfil "Chela Lu", un texto en el que aseguró haber sido víctima y testigo de acoso laboral y sexual, agresiones verbales y revictimización mientras colaboró en la Unidad de Apoyo Normativo del entonces concejal. Le atribuyó comentarios sobre su ropa y su cuerpo, como "¿por qué no viniste en falda?" y "hoy tengo ganas de una morena", que, según Castillo, iban dirigidos a ella y a otras compañeras.
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El 28 de enero de ese año, en una entrevista con La FM, habló de comentarios de tipo sexual y de presuntos tocamientos en las piernas durante un almuerzo del equipo. También dijo que en 2017 fue atropellada por una camioneta del esquema de seguridad del concejal, lo que le habría causado una lesión en el brazo izquierdo y 15 días de incapacidad. Además, aseguró que recibía amenazas e intimidaciones en redes sociales tras hablar públicamente.
Morris respondió con una denuncia penal por injuria y calumnia el 4 de febrero de 2019, y el 8 de marzo de 2023, la Fiscalía formuló acusación contra Castillo. Más de tres años después de iniciado el proceso, el pasado 29 de julio, un juzgado de Bogotá precluyó parcialmente la actuación contra la periodista, al concluir que sus señalamientos públicos de acoso sexual contra el entonces concejal estaban amparados por la libertad de expresión.
Ahora, con la decisión de este 28 de septiembre, el Juzgado 55 Penal del Circuito de Bogotá, a cargo de la jueza Carmen Helena Ortiz Rassa, resolvió el caso en segunda instancia y modificó la decisión del pasado julio.
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En primer lugar, frente a las denuncias de acoso sexual, el juzgado concluyó que la conducta no constituye delito. Para sustentarlo, citó dos sentencias de la Corte Constitucional (T-241 de 2023 y T-145 de 2025), que reconocen el escrache como una forma de denuncia pública y de libertad de expresión con protección reforzada. La jueza explicó que, cuando una mujer cuenta públicamente violencias basadas en género, no se le pueden exigir los mismos estándares de veracidad e imparcialidad que a un medio de comunicación o a un tercero.
El despacho hizo, además, dos precisiones. La primera es que no tener contrato no invalida el relato de Castillo. Aunque el Concejo de Bogotá certificó que no hubo vínculo laboral formal, el juzgado consideró probado que ella sí estuvo cerca del entorno político de Morris, pues realizó labores de apoyo y voluntariado en el grupo. La segunda es que no hubo intención de difamar. Según las pruebas, Castillo buscaba denunciar una situación que creía cierta y visibilizar la violencia contra las mujeres, no perjudicar deliberadamente el buen nombre del concejal.
El caso del atropellamiento sí irá a juicio
La jueza negó la preclusión por el delito de calumnia frente a este episodio denunciado por Castillo. Tras revisar la grabación completa de la entrevista con La FM, la jueza verificó que Castillo dijo: "(…) fui atropellada por la camioneta de seguridad del Concejo de Bogotá del concejal Hollman Morris en el 2017 en el cual recibí una incapacidad de 15 días y una lesión en el brazo izquierdo".
El juzgado explicó que esta afirmación no queda automáticamente cubierta por el escrache. Primero, porque se trata de un hecho concreto. Segundo, porque podría implicar a Morris, ya que, aunque Castillo no dijo expresamente que él conducía, mencionar la camioneta de su esquema de seguridad podría sugerir que tuvo participación en lesiones personales. Y tercero, porque hay dudas por resolver, debido a inconsistencias con otras declaraciones de Castillo, por lo que corresponde al juicio oral establecer si el episodio realmente ocurrió.
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