La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entregó este 6 de febrero la rendición de cuentas sobre los resultados de su trabajo en 2025. En materia presupuestal, esa instancia creada con el Acuerdo de 2016 se posicionó como la entidad del sector justicia con el mayor nivel de ejecución presupuestal en el año anterior. Las cifras y análisis del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República señalan un cumplimiento del 99,3%.
En 2025, la JEP recibió en total COP 777.069 millones del Presupuesto General de la Nación, casi COP 105.000 millones más que la cantidad de recursos que había recibido para operar en 2024. De ese monto, COP 588.211 millones fueron destinados al funcionamiento de la JEP y los otros COP 188.858 millones fueron destinados a proyectos de inversión. Los recursos se ejecutaron casi en su totalidad, según las auditorías adelantadas.
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Según el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Hacienda, el Sistema Integral para la Paz, del cual hace parte la JEP, fue la entidad con mayor nivel de ejecución presupuestal entre los 32 sectores en los cuales está distribuido el Presupuesto General de la Nación. Y según el informe anual de la Contraloría, el uso de los recursos de la JEP en 2025 estuvo ajustado “a los principios de legalidad, eficiencia y transparencia”.
Desde la entidad señalaron que con el dinero asignado en 2025 fue posible “garantizar la participación de las víctimas y el desarrollo efectivo de los procesos judiciales”, traducido en que garantizaron la representación judicial de 6.555 víctimas, acreditaron a 2.063 víctimas individuales y a 55 sujetos colectivos y realizaron 99 jornadas de acreditación. Además, la JEP adelantó más de 235 audiencias públicas, 329 encuentros preparatorios, 518 diligencias judiciales y 338 versiones de compareciente.
Por medio de sus órdenes también se hicieron 44 exhumaciones, apoyadas por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd), que permitieron las entregas dignas de los restos de 147 víctimas del conflicto armado interno. A eso se suma el desarrollo de 363 actividades de participación ciudadana, como parte del mandato de búsqueda, verdad y participación de las víctimas que quedó fijado en el Acuerdo de Paz.
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El año clave de la JEP
Además de los asuntos presupuestales, el 2025 también fue un año clave para la JEP y para el país en materia judicial. Esa instancia emitió sus dos primeras sentencias restaurativas, con las que sancionó a máximos responsables de la antigua guerrilla de las Farc y del Ejército que cometieron graves crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto.
La primera decisión se conoció el 16 de septiembre, cuando los magistrados del Tribunal para la Paz sancionaron con ocho años de restricciones de derechos y libertades, y trabajos o actividades de tipo restaurativo a los siete exintegrantes del último secretariado de las Farc por su responsabilidad en más de 21.000 casos de secuestro. Pese a la importancia de la decisión, por ser la primera emitida por la JEP, aún no está en firme porque fue apelada por las víctimas y por los exintegrantes de la desmovilizada guerrilla.
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Dos días después, el 18 de septiembre, los magistrados de la JEP dieron a conocer su segunda sentencia: 12 exmilitares del Batallón de Artillería La Popa, en Valledupar (Cesar), fueron sancionados por su responsabilidad en 135 casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos contra víctimas campesinas, indígenas y afrodescendientes de los departamentos de Cesar y La Guajira.
Casi tres meses después, fruto del mismo trabajo adelantado por la JEP y de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), el Tribunal para la Paz condenó a 20 años de cárcel al coronel en retiro Publio Hernán Mejía Gutiérrez, quien fue comandante del mismo Batallón La Popa y, tras no haber aceptado su imputación como máximo responsable de dirigir la política de falsos positivos en el Caribe, fue vencido en juicio por haber participado en los asesinatos de 72 civiles inocentes.
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Para la Contraloría, en el informe de su auditoría al manejo de las finanzas de la JEP en 2025, estos logros de la justicia transicional dan cuenta de la forma en la que se manejaron los recursos en el año anterior. El ente de control no encontró hallazgos administrativos, fiscales ni penales. Por el contrario, “los resultados reflejan una gestión adecuada y conforme a los principios de legalidad, eficiencia y transparencia, en el marco de los objetivos institucionales de la Jurisdicción Especial para la Paz”.
Pese a que un sector importante de las víctimas, especialmente después de que se conocieron las dos primeras sentencias restaurativas, ha sido insistente en que la verdad de la JEP no ha sido suficiente, para la Contraloría, la justicia transicional ha alcanzado un porcentaje de reconocimiento de verdad del 91,46%. “Con más de 2,3 millones de hechos analizados y más de 2.000 versiones recibidas, la JEP consolida sus herramientas claves de justicia transicional”, señala el informe.
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Apretón a las finanzas
El secretario ejecutivo de la JEP, Harvey Danilo Suárez, dijo en diálogo con El Espectador que los resultados son un voto de confianza para la ciudadanía, que cuestiona a la institucionalidad en medio de los múltiples escándalos de corrupción que se conocen cada día. “Estamos muy satisfechos con el trabajo porque para los entes de control, el Ministerio de Hacienda, el Gobierno y el Congreso, se está mostrando que la JEP es una entidad eficiente, confiable, efectiva que tiene pulcritud en la ejecución de sus recursos”, dijo el funcionario.
Hizo referencia, además, a un recurso extra que entró al presupuesto de la JEP el 30 de diciembre de 2025: COP 30.130 millones que fueron destinados por el Ministerio de Hacienda para el cumplimiento de las sentencias restaurativas que emitió la JEP en septiembre pasado. “Ese fue un rubro específico destinado precisamente al presupuesto directo de la JEP”, dijo Suárez.
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Agregó que el objetivo de esos recursos es “cumplir con las sentencias, las medidas de contribución de los comparecientes y los trabajos y actividades preparatorias y restaurativas antes de la sentencia para los que están en un proceso judicial, que ya son máximos responsables. Es una prerrogativa, un derecho y una garantía que les da la ley estatutaria, pero necesita recursos muy específicos, sobre todo para los procesos restaurativos, la búsqueda de personas desaparecidas, la memorialización y la reparación simbólica”, agregó el secretario ejecutivo de la JEP.
Pese a los resultados positivos de la ejecución presupuestal de 2025, el panorama financiero para el 2026 no es del todo claro. El año pasado la Contraloría envió un mensaje de alerta al Gobierno Nacional señalando que aún no estaban asegurados todos los recursos para el cumplimiento de las sentencias restaurativas. También el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, le pidió en varias oportunidades al gobierno no olvidar su compromiso de garantizar el cumplimiento de las sentencias y del Acuerdo de Paz.
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Para el 2026, el presupuesto de la JEP es de COP 744.659 millones; es decir, COP 32.410 millones menos que los recursos recibidos el año pasado. Y, sin embargo, la justicia transicional tiene el reto de seguir emitiendo sanciones restaurativas este año, adelantar los procesos de 13 comparecientes que no aceptaron responsabilidad en los crímenes imputados e irán a juicio adversarial y terminar las imputaciones pendientes en los 11 macrocasos que investiga esa instancia.
“El gobierno ha hecho un gran esfuerzo en medio de esta restricción por intentar afectar lo menos posible el soporte financiero de estos recursos que son fundamentales en el cumplimiento de las sentencias. No solo de las dos primeras, sino las que hubiera este año. Las alertas, el diálogo, el acercamiento técnico y nuestra alta capacidad de ejecución ayudaron a que el impacto fuera menor”, concluyó el secretario Suárez sobre el coletazo de la reducción de su presupuesto.
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