“Quiero saber exactamente qué ocurrió”. La frase es del presidente Abelardo de la Espriella y la escribió este martes en su cuenta de X al anunciar asistencia jurídica para los exmilitares colombianos extraditados a Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021. Desde el pasado 27 de agosto, sin embargo, la justicia estadounidense dejó consignada en un documento público de 85 páginas su reconstrucción del crimen y el papel que habrían desempeñado 17 colombianos en esos hechos. La imputación contiene nombres, fechas, testimonios e imágenes claves que sustentan los señalamientos contra los hombres a quienes el mandatario llamó “héroes”.
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El documento, conocido por El Espectador, señala que entre los extraditados están tres de los cuatro integrantes del llamado “Equipo Delta”, que habrían entrado a la habitación de Moïse la madrugada del asesinato. También figura un exmilitar señalado en declaraciones del proceso de haberle disparado al mandatario haitiano. Sus responsabilidades individuales deberán establecerse en el juicio, pero la imputación permite entender qué les atribuyen los investigadores y, además, confirma lo que medios de comunicación han contado desde 2021. Pese a que esos datos se conocen hace ya cinco años, De la Espriella escribió: “No soy la clase de presidente que abandona a sus héroes cuando enfrentan dificultades”.
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Los exmilitares fueron extraditados desde Haití a Estados Unidos el pasado 20 de septiembre, junto con un ciudadano haitiano. Este 6 de octubre, el presidente les ordenó a sus ministros de Justicia y Defensa, Iván Cancino y Jorge Mora, “brindar asistencia jurídica” a los colombianos y apoyar económicamente a sus familias. “No pueden pagar justos por pecadores”, agregó. Poco después, Cancino anunció contactos con familiares y una reunión para este miércoles en la que se definirá cómo cumplir la instrucción. Mientras el Gobierno decide el alcance de ese apoyo, la investigación estadounidense expone los hechos y los elementos que llevaron a procesarlos por un crimen que ya dejó a tres colombianos condenados a cadena perpetua.
Los mercenarios colombianos, que llevaban cinco años en Haití y a la espera del proceso en su contra y cuyas familias habían denunciado falta de garantías, fueron requeridos por el Tribunal del Distrito Sur de Florida para que respondan por su presunta responsabilidad en tres delitos: conspiración para secuestrar y asesinar a una persona fuera de los Estados Unidos, conspiración para proporcionar apoyo material o recursos y provisión de apoyo material o recursos para llevar a cabo una violación resultando en muerte. El indictment menciona, entre otras cosas, a dos empresas de seguridad que los habrían reclutado para cometer el crimen, supuestos préstamos de dinero para compra de armas y municiones.
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La planeación del magnicidio
La imputación fue elaborada por Mónica K. Castro, fiscal general adjunta, y es el sexto indictment y el más reciente que se conoce dentro de esta investigación. Para comenzar el relato sobre los hechos, el documento menciona al exmilitar Arcangel Pretel, ya condenado a cadena perpetua por el asesinato del jefe de Estado, era el representante legal de una empresa de seguridad llamada CTU Security, con base en Miami, y fue uno de los encargados de contactar y reclutar a al menos 20 exuniformados colombianos para que viajaran a Haití. La intención de ese traslado, señala Castro, fue claro: “Ayudar en su plan de remover al presidente Moïse del poder”.
La idea, en principio, era que los mercenarios reclutados por Pretel se hicieran pasar por agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y que lo secuestraran con una orden de captura falsa. Germán Rivera, quien lideró al grupo de mercenarios y también está condenado a cadena perpetua, le dijo a la justicia de Estados Unidos que el objetivo de la caída del presidente Moïse era beneficiarse de proyectos de su sucesor, especialmente en plantas de energía que necesitarían apoyo de equipos de seguridad. El documento con fecha del 27 de agosto de 2026 señala que Arcángel Pretel sostuvo reuniones en Miami con otros de los presuntos implicados el 4 y el 30 de abril de 2021.
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En esos encuentros, incluso, su empresa CTU Security habría recibido un crédito de la firma Worldwide Capital Lending Group (Worldwide), por USD 175.000, para el pastor Christian Emmanuel Sanon, quien hoy está en juicio en Estados Unidos por ser presuntamente el autor intelectual del magnicidio. Lo que sostiene la Fiscalía estadounidense es que entre las empresas CTU Security y Worldwide se habría fraguado una alianza criminal para captar mercenarios, adquirir armamento y municiones, planear y retener al presidente de Haití. Esa misión, al parecer, tenía un objetivo clara: sacar a Jovenel Moïse del poder y, supuestamente con el respaldo de otros militares de ese país, realizar un golpe de Estado.
Días antes del 7 de julio, como lo reveló en su momento Noticias Caracol, Joseph Badio, exfuncionario del Ministerio de Justicia de Haití, le habría dado la orden a Germán Rivera de cambiar el plan y asesinar al presidente. “Dijo que había que matar a todos (…) los policías, la seguridad del presidente, todo el que se encuentre adentro de la casa había que matarlo”, le dijo el propio Rivera a la justicia estadounidense, según la versión revelada por el medio de comunicación. Esa orden fue corroborada por Jheyner Alberto Carmona Flórez, uno de los 17 mercenarios extraditados el pasado 20 de septiembre a Estados Unidos y que hacía parte del grupo de quienes, al parecer, ejecutaron la orden.
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El presunto rol de los extraditados
“Mike (Germán Rivera) sí dijo que tocaba entrar y matar a todo el mundo, tocaba matar a todos los policías. Mejor dicho, si había hasta mascota, matar la mascota. Que no podía haber ningún testigo. Nos vendieron la idea de que sí era la que… la orden de captura, eso sí nos lo dijeron, que era orden de captura, sí. Pero Mike nos dijo que tocaba sí pelar al presidente”, dijo Jheyner Carmona en un audio que hace parte del proceso y fue revelado por Noticias Caracol. Su versión no solo fue importante para lograr la condena de Rivera. También hace parte de la acusación que hace la justicia de Estados Unidos en contra de los mercenarios colombianos para quienes el presidente De la Espriella ordenó ofrecer ayuda jurídica.
El documento conocido por este diario señala que los 17 exmilitares compartían varias características: vivían en Colombia, fueron reclutados, al parecer “operaban bajo la dirección de las empresas CTU y Worldwide Group”, habrían participado “en un golpe de Estado planeado en Haití, incluido el plan para matar o secuestrar al presidente Moïse”, y se habrían hecho pasar por agentes de la DEA para asaltar la residencia del jefe de Estado. Tres de los extraditados, además, son señalados de presuntamente haber hecho parte del “Equipo Delta” que, sobre la 1:00 de la mañana del 7 de julio de 2021, durante el ataque a la casa del presidente, habría subido al segundo piso y hallado en su cuarto al mandatario y a su esposa, Martine Moïse.
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Se trata de Víctor Albeiro Pineda Cardona, Juan Carlos Yepes Clavijo y Naiser Franco Castañeda, quienes, según el indictment, habrían estado entre los autores materiales del asesinato del presidente Moïse. Ese grupo lo completa Mario Palacios, de quien el documento señala que, “después del asesinato del presidente Moïse, huyó a Jamaica, donde posteriormente fue detenido por las autoridades policiales estadounidenses”. Sobre Víctor Pineda también hay una pregunta que la justicia de Estados Unidos tendrá que responder: ¿Fue él precisamente quien la disparó al presidente Moïse en al menos 12 oportunidades? La más reciente acusación no incluye esa responsabilidad.
Pero quienes han hablado ante los tribunales estadounidenses en el marco de la investigación lo señalan de ser quien presuntamente accionó el arma en contra del jefe de Estado haitiano. Por ejemplo, Jheyner Carmona. En los audios revelados por Noticias Caracol, le dijo a las autoridades: “Quiero que apunte simplemente un apellido ahí y ya lo investigan ustedes a ver si es cierto o no: Pineda”. La versión fue corroborada por otro de los recientemente extraditados, Naiser Franco: “Dicen que fue Pineda. (…) le escucharon a él mismo (…) Está preocupadísimo, ese muchacho no tiene paz”. Todas esas versiones y pruebas, a las que se podrá sumar lo que encuentre la justicia durante el proceso, harán parte del proceso que enfrentarán los mercenarios colombianos, a quienes el presidente De la Espriella ya les ofreció defensa.
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Una fuente experta explicó a este diario que la orden del presidente De la Espriella a sus ministros de Justicia y Defensa puede traducirse en acompañamiento por parte del Consulado en Miami, asistencia para garantizar que tengan una defensa adecuada, seguimiento de sus condiciones de detención y gestiones para que se respeten sus derechos. “Existe un deber de asistencia del país para con sus nacionales detenidos en el exterior. Nada más. El Gobierno no tiene ninguna capacidad para interferir en el proceso de Estados Unidos”, explicó. Mientras el Gobierno define el alcance de esa asistencia, la Fiscalía estadounidense ya tiene clara la participación de los colombianos en el homicidio. En sus investigaciones está buena parte de las respuestas que pidió el presidente.
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