La salida de un director en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Una denuncia de la compra de un software de espionaje que nunca se logró demostrar. La custodia por dos meses en un apartamento en Bogotá de un jefe de las disidencias de las Farc. La información que señala supuestos nexos entre funcionarios de la entidad con alias “Calarcá”. El despido de un general de la Policía por un supuesto complot para meter droga en el carro presidencial; y ahora, las reuniones de un exdirector con el abogado de un imputado criminal del contrabando para ofrecerle presuntos beneficios. Esta es la lista de escándalos que han rodeado a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el Gobierno de Gustavo Petro.
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La última polémica gira en torno a Jorge Arturo Lemus, exdirector de la entidad, quien habría sostenido al menos dos reuniones con Luis Felipe Ramírez, abogado de Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo” o el zar del contrabando. En audios revelados por Noticias Caracol, se prueban los encuentros, así como presuntos beneficios para facilitar la entrega de Marín, prófugo en Portugal, a las autoridades colombianas.
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Aunque el exdirector Lemus aseguró que dichos encuentros tuvieron como fin la caracterización de un presunto delincuente, lo cierto es que la Fiscalía, única entidad autorizada para dar beneficios judiciales, no estaba enterada de estos movimientos, que hoy tienen al exfuncionario dando explicaciones. A la espera de las posibles repercusiones que tendrían estos encuentros, El Espectador hizo una recopilación de las seis controversias que aún sacuden a la agencia de inteligencia.
La renuncia de Carlos Ramón González en medio del caso Ungrd
El hoy prófugo de la justicia, y visto en una parranda vallenata luego de ser llamado a juicio, Carlos Ramón González fue el protagonista del primer escándalo de la DNI. Luego de ser director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), el hombre cercano al presidente Petro desde su militancia en la guerrilla del M-19 fue nombrado en febrero de 2024 como jefe de la dirección de inteligencia.
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Menos de cinco meses llevaba en el cargo cuando, en julio de 2024, presentó su carta de renuncia ante el presidente, en medio de los señalamientos de la Fiscalía de ser uno de los cerebro detrás del millonario desfalco a la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). De acuerdo con las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la Unidad, González le habría dado la orden de entregarles contratos por COP 60.000 millones y COP 10.000 millones a Iván Name, expresidente del Senado, y Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes. El objetivo de esos pagos sería destrabar los proyectos claves del gobierno que estaban en la cuerda floja en el Legislativo, especialmente las reformas pensional y a la salud.
Aunque el caso ya llevó a la condena de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, tanto González como los otros implicados aseguran su inocencia. Si bien el pasado 29 de enero fue acusado ante la Corte Suprema por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, el exjefe de la DNI sigue prófugo en Nicaragua desde hace más de dos años, protegido por el beneficio del asilo político. Con una circular roja de Interpol para su captura, la justicia colombiana espera que Carlos Ramón González regrese al país para asumir su juicio en el mayor escándalo de corrupción de este gobierno.
La denuncia del software Pegasus, que sigue sin comprobarse
Dos meses después de la salida de González, otra polémica llegó a la DNI por cuenta de las declaraciones del presidente Petro. El 4 de septiembre de 2024, en plena alocución presidencial, el mandatario aseguró que el programa espía estaría en Colombia desde agosto de 2021 y habría sido usado para hacer seguimientos ilegales a políticos y magistrados de las altas cortes del país en el Gobierno de Iván Duque.
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Tras las delicadas declaraciones de Petro, la Fiscalía inició investigaciones para comprobar si Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Technologies, sí habría sido comprado, pero la investigación todavía no ha concluido. Lo que sí ha comprobado el ente investigador es que, en junio de 2021, un informe de análisis financiero de Israel detalló un primer ingreso de divisas en efectivo a ese país por USD 5,5 millones. Mientras el expresidente Duque y varios de sus exfuncionarios han negado el negocio, el 23 de octubre de 2024 la misma empresa israelí de tecnología NSO Group confirmó el acuerdo con Colombia ante varios medios de comunicación.
Si bien el presidente Petro explicó que el contrato con NSO Technologies con la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) se firmó por USD 11 millones y se habría pagado con dinero en efectivo para no dejar rastro de la transacción, hasta ahora ni la Fiscalía ni la DNI lo han comprobado. En entrevista con El Espectador en septiembre de 2024, el entonces director (e) Jorge Lemus admitió que desde la DNI “no hemos encontrado nada aquí, ni documental. Verificamos si podía haber algunos indicios que nos permitieran ver si se había comprado ese equipo por este lado, pero no; nosotros no hemos encontrado ninguno”.
La custodia del “Mocho Olmedo”, jefe de las disidencias de “Calarcá”
Por dos meses se creyó que Willinton Henao Gutiérrez, conocido como “Mocho Olmedo” y segundo al mando del frente 33 de la disidencia del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), estuvo recluido en la cárcel La Picota tras su captura el 12 de febrero de 2025. Lo cierto es que el disidente se encontraba en un apartamento en Chapinero, en Bogotá, custodiado por la Dirección Nacional de Inteligencia, que no tenía competencia para hacerlo.
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La captura de “Olmedo” se dio por una orden de extradición de Estados Unidos, que lo reclama por delitos relacionados con narcotráfico, pero días antes, el 7 de febrero pasado, el Gobierno lo había nombrado negociador en la mesa que lleva con dicha disidencia. Tras su captura, en vez de ser recluido en el pabellón de extraditables de La Picota, el director del CTI, Fabio Ordóñez, lo entregó a la DNI, movimiento que tuvo el aval de la fiscal general, Luz Adriana Camargo. La funcionaria señaló que el proceso se dio así porque el comisionado de paz, Otty Patiño, “así lo había pedido para salvar el proceso con el Frente 33 de las disidencias”, y solo hasta el 8 de abril “Mocho Olmedo” fue trasladado a La Picota.
Los presuntos nexos entre alias “Calarcá” con altos funcionarios de la DNI
Del escándalo del jefe del frente 33, la DNI dio otro salto con la misma disidencia de alias “Calarcá” tras las revelaciones de Noticias Caracol, en noviembre de 2025, sobre la posible participación del general del Ejército Juan Manuel Huertas y el exdirector de inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía, en el suministro de información sensible a esa estructura armada. Los señalamientos se originaron del análisis de computadores, celulares y dispositivos USB decomisados durante un retén del 23 de julio de 2024 en Anorí (Antioquia), cuando el mismo “Calarcá” y otros de sus hombres se movilizaban en carros de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
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Mientras los disidentes fueron dejados en libertad por orden de la Fiscalía, al ser gestores de paz del gobierno Petro, el ente investigador no avanzó en las investigaciones de dicho material, aun cuando tuvo por más de un año las pruebas en su custodia. Entre el material incautado figuran correos y documentos que señalan reuniones entre los dos funcionarios, Huertas y Mejía, de sostener reuniones en Bogotá con un hombre de confianza de “Calarcá”, para proponer la creación de una empresa de seguridad con apariencia legal que permitiera a la disidencia movilizarse en vehículos blindados y portar armas con permisos oficiales.
Este escándalo llevó a la suspensión temporal del general Huertas y Mejía de sus cargos por parte de la Procuraduría, al considerar que ocupan posiciones estratégicas que les permiten tener acceso privilegiado a información clave para la investigación que hoy se adelanta por estos presuntos nexos. Aun con estas consideraciones, tres meses después de cumplirse el plazo de la suspensión, el Ministerio Público decidió no alargar la medida. Pero el pasado 1 de abril, Wilmar Mejía presentó su renuncia irrevocable al cargo en la DNI, sosteniendo su inocencia sobre dichas relaciones con las disidencias.
La salida del general Urrego por un presunto complot contra Petro
Un correo anónimo fue la base para que el presidente Petro señalara al general Edwin Urrego, ahora excomandante de la Policía de Cali, de participar en un presunto complot que pretendía atentar contra su seguridad y meter drogas en el carro presidencial durante su reciente viaje a Estados Unidos. Estos señalamientos le costaron el puesto a Urrego, retirado por el mandatario un día después de revelar el presunto complot durante un consejo de Ministros el pasado 10 de febrero.
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Aunque el correo no adjuntaba ninguna evidencia, bastó para que organismos de inteligencia, entre esos la DNI, presentaran un informe que relacionaba a Urrego en un supuesto plan contra el jefe de Estado. En 15 diapositivas, el informe señaló que “no se descarta la posibilidad de que estas personas (los oficiales Urrego y el teniente coronel Óscar Moreno Arroyabe) pudieran haber sido abordadas por algunas agencias extranjeras, con el posible propósito de ser utilizadas para determinados fines (el complot contra Petro)”.
La última conclusión del informe de inteligencia es que “no se descarta que la información difundida tenga un propósito negativo en contra de los oficiales, posiblemente motivada por supuestos casos de maltrato de algunos de ellos hacia sus subalternos, aprovechando la autoridad de sus cargos”. Tras su salida de la Policía, Urrego declaró que tomaría acciones legales y negó que existiera alguna prueba que lo vincule a un complot para cargar con droga el carro del presidente, acusación que hasta ahora no ha podido ser demostrada por las autoridades ni por los servicios de inteligencia del presidente.
Las reuniones entre Jorge Lemus y el abogado de alias “Papá Pitufo”
Jorge Alberto Lemus renunció a la jefatura de la DNI hace menos de una semana, cuando aún no se conocían los audios relacionados con el caso de Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”. Esas grabaciones, reveladas por Noticias Caracol el pasado 5 de abril, dejaron en evidencia que el exdirector sostuvo al menos dos reuniones con el abogado Luis Felipe Ramírez, defensor del llamado zar del contrabando, en las que se mencionaron posibles beneficios para facilitar la entrega de Marín a las autoridades colombianas.
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Los registros también exponen cómo se habrían dado contactos entre emisarios cercanos al Gobierno y el entorno del presunto contrabandista, así como se menciona la donación de COP 500 millones de alias “Pitufo” a la campaña presidencial, que fue devuelta por orden de Petro. En uno de los apartes más delicados, Lemus habla de garantías de seguridad y menciona la posibilidad de explorar salidas dentro del marco legal, incluso en escenarios relacionados con la suspensión de una eventual extradición de “Papá Pitufo”.
El exfuncionario, también exmilitante del M-19, ha defendido que se trató de acercamientos autorizados y con fines de inteligencia, aunque aceptó que la Fiscalía no estaba enterada de estos movimientos. En entrevista con El Espectador, Lemus aseguró que su salida de la DNI no está relacionada con este caso, pero afirmó que sí salió del gabinete actual “por la puerta de atrás”, a pesar de que ha “trabajado muy bien” y de que todas las reuniones con el abogado de “Pitufo” fueron autorizadas por el mismo presidente Gustavo Petro.
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Por Valentina Gutiérrez Restrepo
