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La defensa de la empresa Lili Pink, investigada por presunto lavado de activos y contrabando al interior de la compañía textil, denunció que entre mayo y septiembre de 2023, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) decomisó cerca de tres millones de prendas, avaluadas en COP 54.000 millones, que posteriormente habrían sido comercializadas de manera ilegal en tiendas no autorizadas.
La denuncia, presentada mediante un comunicado público por los abogados Andrés Eduardo Jiménez Camargo, Juan David Bazzani Montoya y Laura Kamila Toro Peña, señala que, por estos hechos, “en 2023 la compañía presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y demandó los actos administrativos del decomiso expedidos por la Dian ante el Consejo de Estado”.
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Asimismo, los abogados aseguraron que “en enero de 2026 la compañía detectó que la mercancía decomisada en 2023 estaba siendo comercializada ilegalmente en tiendas no autorizadas y sin vínculo con la marca Lili Pink”. Por estos hechos, la empresa presentó dos nuevas denuncias penales.
En el comunicado, la defensa de la empresa de ropa interior bogotana señaló que, a la fecha, la Fiscalía no ha avanzado en las denuncias presentadas por la compañía en 2023 y 2026. Además, aseguró que, tras revisar la documentación entregada por el ente investigador, no existen pruebas de contrabando.
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“Tras analizar los más de 1.500 archivos (4 GB) trasladados por la Fiscalía, la defensa ratifica: no existe prueba de contrabando. Sin contrabando, no es jurídicamente posible imputar lavado de activos ni enriquecimiento ilícito”, señaló la defensa. En ese sentido, los abogados señalaron que las “graves fallas en la investigación” han sido confirmadas por tres jueces de control de garantías diferentes, quienes, según la defensa, han declarado ilegales varios actos de investigación en las últimas semanas.
La demanda presentada por Lili Pink:
La denuncia fue radicada el 6 de enero de 2026 por Lorena Bernal Castro, representante legal de la sociedad Fast Moda S.A.S. Según el documento, pese a que la empresa presentó toda la documentación solicitada para demostrar la legalidad de los bienes, la Dian ordenó la aprehensión preventiva de aproximadamente 5.041 referencias de productos nuevos, en su mayoría, con sus etiquetas y empaques originales intactos.
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Según detalló la demanda, debido a los “vicios de legalidad de la actuación administrativa aduanera”, Fast Moda S.A.S. interpuso acciones de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones que confirmaron el decomiso, procesos que aún se encuentran en curso.
“Hacia octubre de 2025, a través del personal del área de ventas nacionales, esta representante legal tuvo conocimiento de que terceros no autorizados, que no son ni han sido clientes de Fast Moda, se encontraban comercializando grandes volúmenes de productos identificados con las marcas de la compañía en ciudades como Pasto (Nariño), Fundación (Magdalena), Bogotá y Barranquilla (Atlántico)”, señala el documento.
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Por su parte, el 11 de diciembre de 2025, la Dian informó que la mercancía decomisada “fue dispuesta bajo la modalidad de donación”, y señaló como entidades beneficiarias a diversas instituciones públicas y entidades territoriales, entre ellas ministerios, gobernaciones, alcaldías, establecimientos penitenciarios y entidades del orden nacional y territorial.
Según la empresa, pese a la respuesta de la Dian, aquellos productos “actualmente se encuentran circulando en el mercado colombiano”. En ese sentido, Fast Moda S.A.S. denunció los presuntos delitos de favorecimiento y facilitación del contrabando, usurpación de derechos de propiedad industrial, enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos y, “de manera subsidiaria, prevaricato por acción y por omisión”.
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Caso Lili Pink:
El pasado 27 de abril, la Fiscalía adelantó las primeras operaciones de extinción de dominio en más de 400 tiendas donde se comercializa la marca bogotana Lili Pink. Durante el operativo también fueron capturadas varias personas, entre ellas el abogado Walter Martínez Martínez, a quien el ente investigador imputó, el 14 de mayo, los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando.
En ese momento, cuando la Fiscalía ocupó los locales de Lili Pink, señaló que se “habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel”, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos. Posteriormente, estos productos eran distribuidos en el mercado nacional con el propósito de dar apariencia de legalidad a la operación.
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Según el ente investigador, la presunta estructura estaría relacionada con operaciones de lavado de activos por más de COP 730.000 millones, un presunto enriquecimiento ilícito superior a COP 430.000 millones y operaciones de contrabando que superarían los COP 75.000 millones.
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