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En la mañana de este 30 de enero, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana relacionada con el recrudecimiento del conflicto armado y los desplazamientos forzados en el municipio de El Roble (Sucre). Según indicó la entidad, están bajo riesgo los corregimientos de Tierra Santa, El Sitio, Grillo Alegre, Palmital, Callejón y Patillal, que limitan con los municipios sucreños de Galeras y San Benito Abad, por incidencia del Clan del Golfo.
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La Defensoría señaló que este escenario de riesgo está relacionado con la ubicación del municipio dentro de la subregión de La Sabana, que conecta las zonas del sur, San Jorge y La Mojana sucreña, con las salidas al mar Caribe por el Golfo de Morrosquillo.
“Esta ubicación ha convertido al territorio en un paso estratégico para economías ilegales, particularmente para el tráfico de drogas y otras actividades criminales”, indicó la entidad. Asimismo, señaló que en el municipio de El Roble ha sido identificada la presencia del Clan del Golfo, tanto en zonas rurales como en la cabecera municipal.
La Defensoría aseveró que, en ese contexto, “no se descarta la posible incursión de otros grupos armados ilegales interesados en disputar el control territorial, dada la importancia estratégica (geográfica) del municipio en las rutas del narcotráfico y otras economías ilícitas”.
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La entidad también indicó que, si bien “2025 tuvo un periodo de relativa calma, se registraron cuatro homicidios y un atentado sicarial entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre. Una de las víctimas fue una mujer líder campesina del corregimiento El Sitio”. Estos hechos han generado temor entre los pobladores, lo que derivó en el desplazamiento forzado de 67 familias del corregimiento Tierra Santa.
La alerta temprana de inminencia señala que alrededor del 90% de las familias desplazadas han retornado de manera voluntaria y sin acompañamiento institucional, “lo que incrementa los riesgos de revictimización, nuevos desplazamientos y posibles despojos o apropiaciones de bienes”.
Grupos poblacionales en riesgo
Según indicó la Defensoría, la situación es crítica para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quienes están en riesgo de ser reclutados y vinculados a grupos ilegales y actores armados. “Además, están en riesgo de instrumentalización para actividades asociadas al microtráfico, el cobro de extorsiones y el control social”.
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La Defensoría del Pueblo señaló que también se encuentran en riesgo las mujeres, lideresas y líderes sociales, población víctima y retornada, comerciantes, servidoras y servidores públicos, así como personas contratistas que desarrollan labores en el municipio de El Roble.
A esto, según el órgano defensor, se suma la ausencia de presencia institucional en zonas rurales, así como limitaciones en la capacidad de disuasión y respuesta de la fuerza pública, “lo que ha generado áreas de baja gobernabilidad que facilitan el accionar delictivo y han frenado procesos administrativos, como la restitución de tierras, por la falta de garantías de seguridad”.
Recomendaciones de la Defensoría
Ante el recrudecimiento del conflicto en la zona, la Defensoría del Pueblo formuló un total de 15 recomendaciones dirigidas, entre otras entidades, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, al Ejército Nacional, a la Gobernación de Sucre y a la Alcaldía de El Roble, para disminuir el riesgo en el que se encuentran estas poblaciones.
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Asimismo, solicitó acciones urgentes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) y la Procuraduría Regional de Sucre, entre otros organismos, para atender a posibles víctimas de incursiones de grupos al margen de la ley.
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