Dos días después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) diera a conocer su primera sentencia restaurativa el pasado 16 de septiembre, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, se pronunció sobre la decisión judicial y resaltó su importancia para las víctimas. Esa sanción hace parte del macrocaso 01, que investiga las tomas de rehenes y las graves privaciones de la libertad cometidas por las antiguas Farc.
“Por primera vez el antiguo secretariado de las Farc reconoció su responsabilidad por al menos 21.396 secuestros que hicieron parte de una política ejecutada en un plan a gran escala”, resaltó la defensora. Señaló que también fueron declarados responsables por crímenes de guerra como tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado, así como por crímenes de lesa humanidad, entre ellos tortura, esclavitud y “otros actos inhumanos cometidos por las unidades bajo su mando” en lo que denominó como “un plan a gran escala”.
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La sentencia, según explicó Iris Marín, fue emitida tras una rigurosa verificación hecha por la JEP, del cumplimiento de las condiciones esenciales por parte de los antiguos miembros del secretariado de las Farc, requisito necesario “para acceder a las sanciones propias y restaurativas”. Esto, pese a que una parte importante de las víctimas han dicho tras la sanción que las condiciones de verdad y reparación aún son insuficientes.
La defensora Marín también hizo eco de ese desacuerdo de las víctimas frente a la decisión judicial. “Las víctimas han solicitado legítimamente que las antiguas Farc asuman en profundidad su responsabilidad por la violencia sexual”, que es uno de los graves crímenes de guerra y de lesa humanidad, producto de la política de secuestro. Además, resaltó que falta claridad respecto a cómo se compatibilizarán las sanciones con el ejercicio político de los comparecientes.
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Los sancionados por la JEP, antiguso jefes del último secretariado de las Farc, son Rodrigo Londoño Echeverry, alias “Timochenko”; Jorge Torres Victoria, alias “Pablo Catatumbo”; Pastor Lisandro Alape Lascarro, o “Pastor Alape”; Milton de Jesús Toncel, alias “Joaquín Gómez”; Jaime Alberto Parra o “El médico”; Julián Gallo Cubillos, alias “Carlos Antonio Lozada”; y Rodrigo Granda Escobar o “Ricardo Téllez”. Este es el primer grupo de personas sentenciadas, de los 41 exfarc imputados por cometer secuestros.
La defensora Marín también se refirió a lo detallado en el fallo sobre los patrones criminales de la política de secuestro liderada por las antiguas Farc. “La sentencia reconoce 28 tipologías de daños causados a las víctimas en su dignidad humana, la vida comunitaria y los territorios del país”, dijo la defensora Marín. Y agregó: “Dejaron las armas y finalizaron el conflicto armado que existía con las Farc y reconocieron su responsabilidad”.
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Sobre la sanción restaurativa de ocho años de trabajos o actividades de carácter restaurativo y no penas de cárcel, la defensora Marín se sumó a las voces que han explicado que esta determinación va en la línea de lo pactado en el Acuerdo de Paz de 2016, que creó la instancia de justicia especial.
“Las sanciones, al ser restaurativas, maximizan la contribución a la reparación y la restauración de los daños causados, a través de la búsqueda de personas desaparecidas, actos de memoria y reparación simbólica, proyectos ambientales y desminado humanitario, lo que constituye un paso histórico en contra de la impundiad en un enfoque restaurativo”, dijo Marín.
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Finalmente, la alta funcionaria explicó que las sanciones deben responder a un carácter retributivo, que “debe generar una cierta aflicción, que se traduce en las restricciones de movilidad”. Ese es uno de los puntos que ha generado más preguntas, por no estar del todo claro en el documento de la sentencia. “Se deben ejecutar en cumplimiento de precisas condiciones de horarios, lugar de residencia, delimitación de los espacios territoriales, definición de salidas para el desarrollo de otras actividades del cumplimiento del acuerdo final, incluyendo la participación de política y otras actividades”, dijo Marín.
Concluyó haciendo énfasis en que serán la propia JEP y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas las encargadas de garantizar el seguimiento al cumplimiento efectivo de la sentencia. “El desafío actual es conocer las condiciones prácticas operativas en que se garantizarán estos requisitos. En el caso de que la sentencia sea apelada, se sugiere que se avance en la discusión de los procesos de sanción y en los proyectos de sanción desde ya”, apuntó la defensora.
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