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Defensoría respalda el decreto del salario mínimo de 2026 ante el Consejo de Estado

La Defensoría del Pueblo radicó una intervención ante el Consejo de Estado para defender el decreto que fijó el salario mínimo para 2026. En ese sentido, la entidad señaló que se trata de un asunto de derechos humanos y no solo de cifras.

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10 de marzo de 2026 - 06:43 p. m.
La Defensoría aseguró ante el Consejo de Estado que la defensa del salario mínimo es también una defensa de la dignidad humana.
La Defensoría aseguró ante el Consejo de Estado que la defensa del salario mínimo es también una defensa de la dignidad humana.
Foto: Archivo Particular
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Este martes 10 de marzo, la Defensoría del Pueblo, al mando de Irís Marín Ortiz, radicó una intervención ante el Consejo de Estado con la que pretende defender el decreto mediante el cual el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo para 2026.

“En ejercicio de su magistratura moral y de su mandato constitucional de promoción y defensa de los derechos humanos, la entidad defendió la legalidad y constitucionalidad del decreto que fijó el salario mínimo para 2026”, indicó la Defensoría.

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Señaló que la defensa del salario mínimo no es una discusión simple o puramente económica, sino la defensa de la dignidad humana y del derecho a la vida en condiciones justas. Asimismo, la Defensoría indicó que actúa como una institución que vela por la “promoción, ejercicio y divulgación de los derechos humanos”.

La entidad puntualizó que el decreto con el que el presidente Gustavo Petro anunció el aumento del salario mínimo para 2026 “se ajusta a los parámetros constitucionales desarrollados por la jurisprudencia, particularmente por la Sentencia C-815 de 1999”, la cual establece que el Gobierno debe motivar el decreto según diversos criterios económicos.

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Asimismo, la Defensoría señaló que el decreto está sustentado en criterios establecidos por la ley, como la inflación, la productividad, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y la contribución de los salarios al ingreso nacional.

Por último, la Defensoría instó a las entidades, como el Consejo de Estado, a “evitar escenarios de desprotección de los derechos laborales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Colombia, recordando que el salario mínimo no es únicamente una variable económica, sino un pilar esencial para la dignidad, la estabilidad social y la realización efectiva del Estado Social de Derecho”.

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A inicios de 2026, el presidente Gustavo Petro confirmó el aumento del 23,7 % del salario mínimo. Es decir, quedó en COP 1.750.905, mientras que el auxilio de transporte (obligatorio para los trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos) quedó en COP 249.095.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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