En estos 8 años de funcionamiento, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha imputado como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad a 304 comparecientes (73 de las extintas Farc-EP; 220 de la fuerza pública; 10 terceros civiles y un agente del Estado no integrante de la fuerza pública). Afirmar que con estos resultados judiciales la JEP está superando lo logrado por otros tribunales transicionales en el mundo es algo que las cifras respaldan.
Al realizar un perfil comparativo que parte de la base de esas 304 personas imputadas, se puede verificar que este resultado de la JEP es: 1) casi el doble de procesados que tuvo el Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia (167 perpetradores) en 24 años de funcionamiento (1993-2017), tiempo en el que, finalmente, 90 responsables fueron condenados; 2) más del triple de imputados del Tribunal Penal Internacional para Ruanda que logró 61 condenas, en 21 años de funcionamiento (1994-2015); 3) 33 veces el número de imputados por parte de las Salas Extraordinarias de Camboya (9 perpetradores, 3 finalmente condenados), las cuales investigaron durante 16 años los crímenes de ese genocidio que causó la muerte de aproximadamente 1.7 millones de personas.
Fadwa Mahamoud, una madre buscadora proveniente de Siria, acompañada por una delegación de 20 representantes de once organizaciones de víctimas de ese país árabe, con el apoyo de Open Society y Dejusticia, visitaron el pasado 11 de febrero la sede de la JEP en Bogotá. En simultáneo, en otra sala de la JEP, se realizaban reuniones bilaterales con una delegación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en las que se abordaron los avances, dificultades, retos y perspectivas de las tres primeras sentencias condenatorias proferidas y los procesos restaurativos a cargo de esta Jurisdicción.
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Fadwa es cofundadora de Families for Freedom, una red liderada por familiares de personas detenidas y desaparecidas en Siria que trabaja por la liberación de personas detenidas arbitrariamente, por encontrar a los desaparecidos y por brindar acceso a la justicia para las víctimas. Además, es integrante de la Junta Asesora de The Independent Institution on Missing Persons (Institución Independiente sobre Personas Desaparecidas), mecanismo de las Naciones Unidas creado por la Asamblea General de la ONU el 29 de junio de 2023, con mandato específico en la República Árabe Siria, que tiene como misión responder a las solicitudes urgentes de las familias de las personas desaparecidas durante el conflicto.
Un día antes a la mencionada visita, el 10 de febrero, atendíamos una sesión de trabajo con delegados de la casa matriz de UNMAS en Nueva York, el Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas, con el propósito de profundizar en el diálogo técnico con la JEP. Allí, conversamos e intercambiamos experiencias con Ayaka Amano, de la Sección de Gestión y Apoyo a Programas, y con Jin Lee Dorso, del Equipo Asesor de Mitigación de Amenazas.
UNMAS es el organismo de la ONU encargado de coordinar y apoyar la acción contra minas y otros artefactos explosivos (minas antipersonal, municiones sin explosionar y artefactos explosivos improvisados). UNMAS trabaja desde 1997 con mandato de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU.
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La delegación de UNMAS expresó que identificaba la experiencia colombiana como única a nivel internacional al incorporar estándares de la autoridad nacional en materia de la Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA). Dichos estándares hacen posible que, mediante decisiones judiciales y procesos restaurativos de base, se vincule a comparecientes máximos responsables en proyectos AICMA en beneficio de las víctimas, sus comunidades y los territorios afectados.
Durante la novena sesión de la Instancia de Articulación entre el Gobierno colombiano y la JEP —en cumplimiento del artículo 205 de la Ley 2294 de 2023 que establece el Plan Nacional de Desarrollo—, en la que estuvieron presentes delegados de la CPI, Jonathan Agar, jefe de asuntos externos de la oficina de la Fiscalía de la CPI, dijo: “Colombia es un líder global de justicia transicional”. Y señaló que con este trabajo conjunto “contribuimos en un escenario crítico global”. Añadió que “los resultados de la JEP se miran con mucha esperanza en el escenario internacional. Resulta esencial que el trabajo de la JEP se siga apoyando dentro y fuera del país”.
Estos son solo algunos ejemplos de los diálogos e intercambios de experiencias y lecciones aprendidas sobre el modelo de justicia que aplica la Jurisdicción, el enfoque y las prácticas restaurativas que despliega, los logros obtenidos a la fecha; así como las tensiones, dilemas, contradicciones, alcances y limitaciones de la misionalidad de la Jurisdicción.
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Es importante que el país pueda conocer estos esfuerzos para valorar y apreciar el esfuerzo que hace el país para combatir la impunidad y cerrar jurídicamente nuestro conflicto armado. Comprender el interés global por la justicia transicional restaurativa que encarna la JEP, es abrazar la posibilidad de tener un país mejor.
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Por Harvey Danilo Suárez
