“El niño murió en mis brazos”: la guerra con drones golpea a las familias del Catatumbo

Drones cargados con explosivos. Otros con cámaras para hacer vigilancia. También los usan con megáfonos para atemorizar a la población civil. Su uso está cada vez más presente en los enfrentamientos entre el Eln y disidencias de las Farc, pero también para atacar a la fuerza pública, con casos que han ido aumentando de manera exponencial este año. Y en medio de esa estrategia de guerra, en la que el Estado se está quedando rezagado, está la historia de Samuel*, un niño de 11 años y su familia. Su casa fue destruida por el impacto de un explosivo transportado por un dron en la vereda Galán, en Tibú (Norte de Santander). Las autoridades no han establecido si la detonación se produjo por un ataque directo del frente 33 de las disidencias o si la explosión fue por la caída no intencionada de los explosivos.

En otras palabras, por un error. Pero lo que sí sabe la familia de Samuel es de la tragedia repetida en el país: la comunidad civil como víctima de un conflicto sin tregua. El hecho ocurrió el 18 de junio pasado, cuando el dron que provocó la explosión, al parecer de las disidencias que comanda Alexánder Díaz Mendoza alias “Calarcá”, sobrevoló por la zona conocida como kilómetro 25 del Catatumbo. En diálogo con este diario, la tía de Samuel recordó que ese día se levantó a las seis de la mañana con los habituales sonidos de disparos y explosiones. “Aquí lo normal es escuchar todo el día a los grupos peleando entre ellos. El temor es cuando hay silencio, porque pueden estar planeando algo”, relató. Su hermano y esposo se fueron al monte a recoger hojas de coca, el único sustento en su casa.

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Ella se decidió a lo habitual: cocinar y cuidar a los niños. Hacia el mediodía, agregó la mujer, las explosiones comenzaron a escucharse con más intensidad, lo que hizo que los hombres regresaran de los cultivos. Toda la familia, de siete miembros en total, entre ellos Samuel, su hermano de 17 años y una niña de dos, se refugió en la vivienda hecha de tablas. “Durante ese día, cuando escuchábamos que se acercaba un dron, todos salíamos afuera para que los grupos nos vieran y supieran que ahí vivíamos civiles”, relató el papá de Samuel a El Espectador. Esta acción, según él, es recurrente entre la población de la zona rural del Catatumbo y la hacen para intentar mantenerse a salvo de las hostilidades de los grupos armados. Pero no siempre funciona.

Hacia las cinco de la tarde, mientras la familia intentaba acomodar una antena para ver televisión, una de las mujeres escuchó un dron, tomó a la niña y salió. Samuel se fue detrás de ella. “Ese dron pareciera que va a caer acá”, fueron sus últimas palabras antes de que el artefacto dejara caer el explosivo a dos pasos del niño. La explosión destruyó todo. Ante lo impredecible que pueden ser las reacciones de las personas frente a un evento traumático, Samuel se levantó y comenzó a correr desesperado. Todo su cuerpo estaba atravesado por esquirlas y comenzaba a perder sangre rápidamente. Su hermano logró atajarlo entre sus brazos. La bebé cayó al suelo, porque la explosión hizo que la mujer que la cargaba también quedara en el piso. Cuando su mamá recogió a la menor, estaba sangrando de la cabeza.

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Eran muchos los heridos y solo había una motocicleta disponible para evacuarlos. “Hermano, salgamos nosotros primero, que si no, nos morimos todos. En el camino buscamos ayuda”, le dijo la tía de Samuel al padre. Ambos salieron con los dos niños rumbo al sector del kilómetro 25, donde un vehículo los llevó hasta Tibú. Samuel se mantuvo con vida una hora más. Su tía recuerda que durante el trayecto cada vez se iba poniendo más pálido. Él solo asentía, la agarraba fuertemente de los brazos y decía que le dolía mucho el estómago. Cuando llegaron al centro médico de Tibú, hacia las seis de la tarde, el niño ya no tenía signos vitales. “El niño murió en mis brazos”, recuerda con lágrimas su padre. La familia no regresó a su casa.

Por miedo a volver a vivir algo así, se radicó en Cúcuta, tras sumarse a la lista de más de 101.883 desplazados del Catatumbo, solamente desde enero del año pasado. “En ese lugar casi pierdo lo que más amo, que es mi hija, así que nosotros no volveremos”, aseguró la tía de Samuel, desde el hospital donde está internada la niña. Los médicos ya la intervinieron en una operación para extraer una parte del cráneo, pero hasta que no baje la hinchazón de su cerebro, la esquirla en su interior no puede ser removida. Por su parte, la mujer que cargaba a la bebé antes de la explosión también permanece hospitalizada con tres fracturas en su pierna izquierda. El papá de Samuel, que está aprendiendo a vivir sin su hijo, aseguró que, además de dos mercados que le dio la Alcaldía de Cúcuta, no han recibido nada más del Gobierno.

Una guerra que da pasos de gigante

“Pedimos ayuda desesperadamente. Tal vez la casa se pueda volver a hacer, pero nada podrá reparar que mataron a Samuel”, agregó el padre de familia. Esta tragedia podría ser el antecedentes más grave del uso de drones en el Catatumbo, en donde esta tecnología sigue consolidándose, mientras que el Estado busca maneras de contrarrestarla. Solamente esta semana, las autoridades atribuyeron al Eln un ataque con dron al aeropuerto de Tibú (Norte de Santander) en el que resultaron heridos tres vigilantes y las operaciones aéreas fueron suspendidas. Ahora bien, la situación también es crítica en otras zonas del país. Según datos del Ministerio de Defensa, cada 13 horas se registran acciones que involucran drones, ya sea en casos en los que los atentados se ejecutan o se logran frustrar.

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Durante 2025, esa cartera registró 333 ataques efectivos contra la fuerza pública, frente a los 61 ocurridos en 2024. En esos hechos, 20 militares murieron y 297 resultaron heridos. Además, en ese mismo periodo se documentaron 8.395 intentos de ataque. Las cifras reflejan el complejo panorama de una guerra que evoluciona constantemente y adquiere características particulares en cada región. En el caso del Catatumbo, un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), basado en comunicados de las Fuerzas Militares, registró un total de 11 ataques con drones entre enero y junio de 2026. Lo que hace apenas un año era un recurso ocasional, como así lo describe Pares, en la confrontación entre el Eln y el frente 33 de las disidencias de “Calarcá”, ya se transformó.

Hoy, señala la investigación, es una práctica recurrente. De acuerdo con los datos, cinco ataques ocurrieron en Tibú y cuatro en El Tarra; es decir, ambos municipios concentraron más del 80 % de los casos. En Sardinata y Teorama se registró un hecho en cada municipio. Todos ocurrieron en veredas y corregimientos, lo que confirma que el uso de drones con explosivos se concentra en zonas rurales donde persiste la disputa por corredores estratégicos para el tráfico de drogas y la minería ilegal. El investigador del conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), Gerson Arias, explicó que estos drones comenzaron a ser adquiridos por los grupos armados desde 2022. “Tienen una gran capacidad para acceder a mercados legales e ilegales para la adquisición de estos dispositivos de manera mucho más fácil”, señaló.

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Asimismo, el experto detalló que muchos de estos artefactos ingresan por Venezuela, lo que hace que las zonas fronterizas, precisamente como el Catatumbo, sean más propensas al uso de drones. En la mayoría de los casos, son “adaptados con explosivos por combatientes con destrezas en el manejo de estos artefactos. Eso habla de una gran capacidad interna de los grupos”. El informe de Pares también señala que los ataques han aumentado con el tiempo. Mientras entre enero y abril de este año se contabilizaron cuatro acciones con drones, entre mayo y junio esa cifra casi se duplicó, con siete ataques que representan el 63,6 % del total registrado. Según la investigación, este comportamiento no es casual, sino que responde a un recrudecimiento generalizado de los enfrentamientos en la región durante los últimos meses.

La lectura de la oenegé es clara: la utilización de drones no solo se mantiene, sino que se intensifica a medida que avanza la confrontación, consolidándose como una herramienta cada vez más habitual en el escenario de guerra de ambos grupos armados. Sobre cómo el uso de aeronaves no tripuladas ha transformado el conflicto, el experto Arias resalta tres aspectos clave. En primer lugar, señala que los grupos armados ya no buscan alcanzar un poder de alcance nacional, sino que su objetivo es consolidar su gobernanza criminal sobre territorios y los recursos que allí se encuentran. Por eso, explica que “el uso de esta tecnología permite garantizar un mayor control, permite no exponer a los combatientes y, en estricto sentido, facilita el ejercicio de control territorial. Por eso los drones son muy efectivos”.

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En segundo lugar, Arias advierte que “estos grupos cada vez están más articulados al crimen organizado y a redes transnacionales, particularmente de todo lo que sigue funcionando a partir de la frontera con Venezuela”. Lo anterior, agrega, explica también el aumento en su capacidad para adquirir este tipo de tecnología. Finalmente, el experto apunta a que estos grupos ya no cuentan con tantos combatientes en sus filas, sino con numerosas redes criminales, de apoyo o de milicias, en las que “se ha aumentado en estos últimos años el reclutamiento, no necesariamente para que porten un arma, sino para que desarrollen y hagan uso de esas tecnologías”. Es precisamente en ese uso indiscriminado que la población civil vuelve a quedar en medio de esa guerra. Y el caso de Samuel, es uno de los más graves.

De acuerdo con Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de la organización Human Rights Watch, la historia del menor y su familia constituye una violación clara al Derecho Internacional Humanitario (DIH). “Las normas del DIH prohíben explícitamente los ataques contra civiles y exigen a las partes en conflicto esfuerzos para proteger a los civiles. Este marco jurídico aplica independientemente de las armas o medios utilizados. Por lo que esta ‘nueva’ forma de hacer la guerra con drones está cubierta por el DIH”, explicó Goebertus. Asimismo, señaló que “el reto urgente está en desarrollar una política de seguridad y justicia efectiva para proteger a la población frente a estas amenazas, y fortalecer la investigación y judicialización de los responsables de estas infracciones”.

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De acuerdo con Goebertus, desde Human Rights Watch han registrado que grupos armados como el Eln, el Clan del Golfo y varias disidencias de las Farc han demostrado tener la capacidad de “equipar drones relativamente baratos” para cometer ataques en regiones como Cauca, Arauca, Guaviare y el sur de Bolívar. “En eso la dinámica es muy similar. Sin embargo, por el conflicto que vive el Catatumbo desde enero de 2025, la afectación a civiles es especialmente grave. Por ejemplo, la muerte del niño de 11 años en junio de 2026 por un ataque con drones cargados con explosivos en Tibú se suma a la de un niño de 12 años en mayo de 2025. Allí los drones también se han utilizado para aterrorizar deliberadamente a la población”.

Aunque el propósito principal de estos ataques sigue siendo golpear a la fuerza pública, blanco del 54,5 % de los hechos, la otra mitad de los eventos tuvieron repercusiones directas sobre la población civil del Catatumbo, según Pares. El informe atribuye al Eln la mayoría de las acciones, mientras que las afectaciones a comunidades se concentraron en los escenarios de choque entre ese grupo y el frente 33. El saldo del semestre fue de 24 personas afectadas: cuatro soldados muertos y trece heridos, además de tres civiles muertos y otros cuatro lesionados. Estas cifras confirman que las comunidades continúan pagando un alto costo. La investigación deja sobre la mesa un asunto clave: la velocidad con la que evolucionan las capacidades tecnológicas de los grupos armados frente a la respuesta institucional.

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Actualmente, el Gobierno impulsa la creación del Escudo Nacional Antidrones, un proyecto valorado en COP 6,3 billones cuya primera fase de inversión, cercana a los COP 800.000 millones, aún no ha sido adjudicada. El proceso, que arrancó en enero de este año con una convocatoria a la que se presentaron 117 empresas, según El Colombiano, se ha visto retrasado por la falta de claridad en los requisitos técnicos exigidos a los proveedores. El mismo medio aseguró que actualmente el Ministerio de Defensa negocia con firmas de India y Estados Unidos, aunque persisten dudas sobre la experiencia de algunos oferentes frente a la sofisticación que han alcanzado los drones empleados por los grupos armados, muchos de ellos ya guiados por fibra óptica, como en la guerra de Ucrania.

De cara a este panorama, Gerson Arias de la FIP advirtió dos posibles escenarios futuros. En primer lugar, el uso de esta tecnología aumentará el control sobre las comunidades a través del confinamiento o el desplazamiento: “Algunos optarán por quedarse en sus casas o abandonar su territorio, generando que muchas zonas del país donde existen estas disputas puedan quedar deshabitadas”. Por otro lado, Arias concluyó que “vamos hacia un contexto en el que estos grupos armados podrán hacer un uso cada vez más frecuente. Ese es un escenario bastante difícil de controlar si no hay una mejora en las medidas para restringir el acceso a este tipo de tecnología”. Dos escenarios que, en el caso de la familia de Samuel, ya se cumplieron: la huida obligada de su hogar y el silencio de un Estado que no supo protegerlos.

“A nosotros nos cambió la vida completamente, pero es como si no hubiera pasado nada. Ahora nos estamos quedando en la casa de una conocida, pero seguimos esperando alguna ayuda porque vivíamos de lo que producíamos en nuestra finca”, contó el padre a El Espectador. En su relato, terminó recordando el funeral de Samuel: “Logramos pagar su sepelio porque la gente ha sido muy buena y nos colaboró mucho. Pero ahora estamos viendo qué hacer, porque lo poco que teníamos ya se acabó. Ahora nos toca aceptar la muerte de Samuel. Pero seguimos sin entender lo que pasó”.

*Nombre cambiado por protección de las víctimas.

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