Estas son las consideraciones de la Corte Suprema sobre estatuto antiterrorista del gobierno

El documento advierte sobre algunos puntos clave que podrían generar riesgos y tensiones constitucionales como las sanciones penales, el congelamiento de bienes y las restricciones sin un debido proceso. En el concepto, el alto tribunal advierte la necesidad de que se ajusten partes del proyecto como los efectos penales y patrimoniales del Registro de organizaciones terroristas, la acción de aprehensión de bienes, las facultades extraordinarias y la proporcionalidad de los nuevos delitos.

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Asimismo, uno de los puntos que observa la Corte Suprema tiene que ver con la creación de la figura del Alto Comisionado que podría invadir competencias judiciales. “Su principal debilidad jurídica es hacer depender consecuencias penales y patrimoniales severas de un registro administrativo y diseñar tipos penales amplios o incompletos, en tensión con los principios de ultima ratio, lesividad y proporcionalidad”, añade el concepto que conoció inicialmente el diario El Tiempo.

Por otro lado, sobre el Registro de organizaciones terroristas, la Corte Suprema señala que no puede reemplazar la prueba del delito. "La inclusión en un registro administrativo no puede sustituir la prueba de los elementos del delito de terrorismo ni la responsabilidad personal”, indica el texto.

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En ese contexto, lo que el alto tribunal pide es que el proyecto de ley explique que ingresar a la lista no prueba de inmediato la responsabilidad penal de una persona. "Se estima necesario incorporar una regla transversal según la cual la inclusión en el Registro no constituye, por sí sola, prueba de responsabilidad penal, de pertenencia, autoría o participación, ni permite presumir el elemento subjetivo de los tipos penales”, dice.

Sobre las garantías del registro, la Corte Suprema señala que el proyecto no regula la notificación del acto de inclusión ni garantiza el acceso a las razones esenciales de la decisión, en tanto su motivación puede sustentarse en anexos clasificados o informes de inteligencia que carecen de valor probatorio en procesos judiciales. Por ese motivo, el alto tribunal menciona que se debe exigir información objetiva, verificable y suficiente.

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Otra de las observaciones de la Corte tiene que ver con el control judicial y las medidas que se podrían imponer a miembros de organizaciones criminales. Para el al tribunal, "las restricciones enlistadas en el articulado están desprovistas de un soporte fáctico-probatorio mínimo. Desconoce la cláusula de reserva judicial en materia de restricción de derechos y plantea un problema de separación de poderes", advierte el concepto.

En términos generales, la Corte Suprema resalta que el aporte más significativo del proyecto es que aborda de forma conjunta lo relacionado con las redes de apoyo, nuevas tecnologías y fuentes de financiación del terrorismo. Mientras que, según el alto tribunal, la principal debilidad del proyecto se enfrasca en "hacer depender consecuencias penales y patrimoniales severas de un registro administrativo y diseñar tipos penales amplios o incompletos, en tensión con los principios de ultima ratio, lesividad y proporcionalidad".

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La Corte Suprema fue enfática en que aunque el proyecto tiene un fin constitucionalmente legítimo, su armonía con la Constitución depende de que se ajusten los aspectos señalados, específicamente los efectos penales y patrimoniales del Registro, la acción de aprehensión y las facultades extraordinarias, las competencias asignadas a los jueces penales del circuito especializados, las medidas individuales de control judicial y la precisión y proporcionalidad de los tipos penales y sus agravantes.

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