Publicidad

Fiscalía archiva investigación contra Uribe por presunto soborno a testigos exparamilitares

La Fiscalía archivó la investigación contra Álvaro Uribe por presunto soborno a testigos porque no encontró pruebas de que se hubieran hecho los supuestos pagos a exparamilitares para cambiar sus declaraciones. Sin embargo, otros procesos contra el expresidente siguen en marcha, entre ellos el de las masacres de El Aro y La Granja.

Álvaro Uribe
El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha insistido en que no tiene nada que ver con los hechos por los que es investigado por la Fiscalía.
Foto: El Espectador

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

La Fiscalía General de la Nación archivó la investigación que adelantaba contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por el presunto delito de soborno en la actuación penal. El ente investigador concluyó que no hay pruebas de que se hayan realizado pagos a exparamilitares para que cambiaran sus declaraciones ante la justicia. La decisión quedó plasmada en una resolución de 47 páginas, fechada el pasado 12 de noviembre y firmada por la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Sandra Helena Portilla Constain.

El expresidente celebró la determinación en su cuenta de X. “La Fiscalía archivó en mi favor una denuncia por soborno de testigos y fraude procesal en relación con uno de los testigos que declararon en mi juicio. Este archivo complementó la absolución del Tribunal de Bogotá”, confirmó.

Su abogado principal, Jaime Granados, también se pronunció en esa red social: “En algunos casos a la justicia le toma casi 10 años enderezar el camino que otros le torcieron. Seguiremos defendiendo la democracia y confiando en las instituciones. Nunca es tarde para rectificar la persecución”.

Lea: Corte Constitucional se abstuvo de definir y caso Uribe queda, por ahora, en Fiscalía

La investigación nació en febrero de 2018, cuando la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de investigar al entonces senador Iván Cepeda Castro y ordenó compulsar copias para que se indagara a Uribe, quien también era senador, por una presunta manipulación de testigos. El expediente se relacionó con las denuncias de Cepeda y los testimonios de antiguos integrantes de grupos paramilitares.

Tras la renuncia de Uribe a su curul en el Senado, la competencia pasó a la Fiscalía, que continuó con las diligencias.

Uno de los elementos centrales que evaluó la Fiscalía fue la declaración de Pablo Hernán Sierra García, alias “Alberto Guerrero”. Este aseguró que los exparamilitares Gabriel Muñoz Ramírez, alias “Castañeda”, y Ramiro de Jesús Henao Aguilar, alias “Simón”, recibieron sumas que llegarían a COP 300 millones a cambio de modificar sus versiones judiciales.

Según la resolución, Sierra García no presentó documentos ni elementos que respaldaran sus afirmaciones. La Fiscalía calificó sus señalamientos como “rumores del patio o de una mera percepción respecto de la cual no se encontró fundamento”.

Lea también: Corte Suprema deja en firme condena contra Santiago Uribe por "Los 12 apóstoles"

Para verificar los hechos, el despacho hizo un rastreo patrimonial y financiero con apoyo de la Dian, Cifin, el Banco de la República y la Superintendencia de Notariado y Registro. Se revisaron operaciones inmobiliarias relacionadas con predios en Cimitarra, Santander, vinculados a Muñoz Ramírez, así como el origen de los recursos utilizados para cancelar hipotecas bancarias.

Tras estudiar escrituras públicas, títulos de propiedad y transacciones, e interrogar a compradores y propietarios, la Fiscalía determinó que se trataba de negocios legítimos entre particulares, sin relación con presuntos sobornos. También descartó un origen ficticio de los recursos o una financiación encubierta de los pagos y encontró que las fechas de las transacciones y los giros de dinero no coincidían ni guardaban relación causal con las declaraciones de los testigos.

La resolución abordó, además, las acusaciones de fraude procesal vinculadas con alias “Castañeda”, alias “Simón” y Óscar Antonio Monsalve Correa, padre del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, testigo clave contra el expresidente Uribe. El despacho indicó que existe una imposibilidad legal de emitir un nuevo pronunciamiento, porque esos hechos ya fueron debatidos y valorados en el juicio oral ante el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.

Relacionado: Corte Suprema mantiene la condena contra Diego Cadena por soborno a Juan Guillermo Monsalve

La decisión se tomó bajo la causal de inexistencia del hecho, prevista en el artículo 79 de la Ley 906 de 2004. Sin embargo, el archivo no equivale a una sentencia absolutoria. La propia Fiscalía dejó abierta la posibilidad de reanudar la investigación si surgen nuevas pruebas que cambien el sentido de la decisión, siempre que la acción penal siga vigente y no haya prescrito.

La otra investigación que sigue contra Álvaro Uribe

La decisión se limita a la investigación por presuntos sobornos a testigos y no cierra otros expedientes contra el expresidente. Uribe sigue siendo investigado por la Fiscalía por su presunta relación con el paramilitarismo en Antioquia. La entidad programó para el 11 de diciembre la continuación de la diligencia de indagatoria por las masacres de El Aro y La Granja, el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la presunta conformación de un grupo paramilitar en la hacienda Guacharacas.

El proceso se activó el 18 de junio, cuando el propio Uribe informó que la Fiscalía lo había llamado a indagatoria por su presunta relación con tres masacres ocurridas en Antioquia durante la década de 1990. Según se conoció, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia inició formalmente las pesquisas por la conformación de un grupo paramilitar en San Roque y por las masacres de El Aro y La Granja, en Ituango, cuando Uribe era gobernador de Antioquia. Las indagaciones también abarcan el crimen de Jesús María Valle Jaramillo.

Relacionado: Fiscalía cita a declarar a "Don Berna" y "Julián Bolívar" en caso contra Uribe por masacres

El ente investigador sigue la pista de Uribe por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida. Su hipótesis es que habría facilitado y promovido el accionar de los grupos armados que operaron desde la hacienda Guacharacas. La diligencia reabre cuatro episodios que marcaron la historia del paramilitarismo en la región.

Publicidad

Asesinato de Jesús María Valle Jaramillo

El defensor de derechos humanos y presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia murió a manos de dos sicarios en su oficina de Medellín, el 27 de febrero de 1998. Ese día esperaba a un campesino de Ituango que iba a darle detalles sobre la masacre de El Aro.

Meses antes, Valle había señalado públicamente al entonces gobernador Uribe y al secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno, por un supuesto comportamiento omisivo ante el accionar paramilitar. Radicó la denuncia ante la Fiscalía y la Corte Suprema. El Tribunal Superior de Medellín retomó el caso en 2017 y lo declaró crimen de lesa humanidad en 2018.

Publicidad

Masacre de El Aro

Entre el 22 y el 31 de octubre de 1997, cerca de 200 paramilitares al mando de Carlos Castaño entraron a este corregimiento de Ituango. Dejaron 15 personas asesinadas y 40 casas quemadas, en una incursión que buscaba acabar con el asentamiento, cuyos habitantes fueron señalados, sin pruebas, de colaborar con la guerrilla.

Testigos y exparamilitares han declarado que un helicóptero sobrevoló la zona durante los hechos. Hasta hoy no se ha establecido quién iba a bordo.

Publicidad

Más noticias: Corte Suprema abrió indagación contra congresistas por competencia de proceso contra Uribe

Masacre de La Granja

El 11 de junio de 1996, más de 20 paramilitares comandados por alias “Doble Cero” asesinaron en este corregimiento de Ituango a cuatro campesinos: William Villa García, Graciela Arboleda Rodríguez, Héctor Hernán García y Jairo de Jesús Sepúlveda Arias. Lo hicieron por orden de los hermanos Castaño y de Salvatore Mancuso.

El crimen marcó el comienzo de la violencia paramilitar en la zona. Habría sido financiado por una oficina de finanzas del grupo armado en Medellín, conocida como el Parqueadero Padilla, cuyo administrador fue llamado a juicio en 2023.

Publicidad

Masacre de San Roque

Entre el 13 y el 17 de septiembre de 1996, este municipio sufrió una ola de violencia paramilitar que dio origen al proceso por el que Uribe fue condenado en primera instancia. El caso está ligado a la investigación por la presunta conformación de grupos paramilitares en los años noventa en la hacienda Guacharacas, propiedad de su familia.

Ese proceso permaneció en la Corte Suprema mientras Uribe fue senador y se originó en las declaraciones de los exparamilitares Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve.

Publicidad

Siga leyendo: “Con muchos años de atraso adelantarán esta investigación”: la denuncia de Valle sobre Uribe

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Conoce más

 

Comentarios
  • JORGE ORLANDO(79458)•16 de noviembre de 2026 – 15:12
    Esta maldita justicia asquerosa que tenemos es la que no permite que se acaben las guerrillas, ni el petrismo, ni los mamertos; estos jueces corruptos solo producen vergüenza y asco!!!
  • Enrique(yphzp)•16 de noviembre de 2026 – 10:09
    Que desgracia de país, justicia para los de ruana. Y a todas estas, que pasó con las denuncias por violador de mujeres que hicieron también contra este delincuente? Me imagino, si don Pedro Juan terminó donde terminó, qué pasaría con las mujeres que denunciaron , qué miedo.
  • Dario(j1520)•14 de noviembre de 2026 – 19:01
    Para el próximo fallo a favor de Uribe y alguna otra cagada del gobierno quedan varios capítulos de la novela de las mujeres de Petro…. Estrenos estratégicos en vísperas de fallos
  • Álamo(88990)•14 de noviembre de 2026 – 18:16
    ¡Cabal desenlace!: Colombia entera sabe con qué (in)justicia cuenta, y, sobre todo, de qué laya es la estirpe del (des)condenado. También el país entero sabe de su ubérrima ‘ejecutoria’.
  • UnaVezMás(22193)•14 de noviembre de 2026 – 17:11
    Cuánto habrá costado ese fallo? Porque al aboganster Cadena sí lo condenaron y absuelven al patrón. Increíble!
  • Maria(17839)•14 de noviembre de 2026 – 17:07
    INCREIBLE SIN PALABRAS ESTA VISTO QUE JUSTICIA PARA ESTE SEÑOR NO HABRA EN COLOMBIA SERA LA CPI QUE LO CONDENE YA QUE ESTA ESTABA ESPERANDO COMO ACTUABA LA JUSTICIA LAS VICTIMAS LO DEMANDARON EN ESA CPI NO HAY DERECHO ANTE TANTA INPUNIDAD
  • Héctor(20578)•14 de noviembre de 2026 – 15:21
    Sigue el mecanismo La justicia es para los de ruana.
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.