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Fuga de 41 detenidos en Santa Marta cuestiona estrategia de seguridad tras paro de las ACSN

Semanas después del paro armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), Santa Marta enfrenta nuevos cuestionamientos sobre su estrategia de seguridad tras la fuga de 41 detenidos, entre ellos alias “Mongolo”, señalado como jefe financiero de esa organización. La evasión reavivó el debate sobre la capacidad de las autoridades para contener el avance de las estructuras criminales.

La muerte de alias “Cholo”, señalado como segundo jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, desató alteraciones del orden público en Santa Marta.
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La fuga de 41 personas privadas de la libertad en el Centro de Detención Transitoria del Terminal de Santa Marta abrió interrogantes sobre la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno tras el paro armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

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La evasión ocurrió hacia la 1:00 de la madrugada del pasado lunes 12 de octubre, cuando, según el reporte del caso, uno de los detenidos manifestó problemas de salud y los custodios abrieron una reja para suministrarle acetaminofén. Ese momento habría sido aprovechado por los demás internos para amotinarse y escapar. Hasta ahora, ocho de los fugados se han entregado voluntariamente, mientras las autoridades mantienen los operativos de búsqueda para ubicar a los demás.

Hasta ahora, ocho de los fugados se han entregado voluntariamente, mientras las autoridades mantienen los operativos de búsqueda para ubicar a los demás.
Foto: Policía

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Para entender las implicaciones en materia de seguridad que trajo esta fuga, El Espectador habló con Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte. En primer lugar, el investigador del conflicto sostuvo que la situación “revela una profunda falta de capacidad institucional en cuanto a la garantía del servicio de seguridad ciudadana por parte de las autoridades distritales de Santa Marta, que no tuvieron la capacidad de prevenir este hecho o revertirlo de manera rápida”. Trejos advirtió que entre los fugados se encuentran “delincuentes de distinto perfil, en algunos casos vinculados a organizaciones o estructuras de crimen organizado y otros de delincuencia común”.

Precisamente, entre los fugados está alias “Mongolo”, señalado por las autoridades como uno de los jefes financieros de las ACSN, con presunta incidencia en Magdalena y La Guajira. Asimismo, la evasión se produjo en medio de la tensión que atraviesa Santa Marta por las acciones de este grupo, que el pasado 21 de septiembre anunció un paro armado en represalia por la muerte de alias “Cholo”, señalado como segundo jefe de la organización, durante un operativo policial.

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Mientras el paro se prolongó durante cinco días, el presidente Abelardo de la Espriella respondió con la militarización de la ciudad y ordenó el traslado de los miembros de las ACSN recluidos en la cárcel de Santa Marta. Tras la fuga, el mandatario pidió priorizar la recaptura de alias “Mongolo” y ordenó retirar de su cargo al comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, el coronel Jeyson Haird López Puerto, quien será llamado a calificar servicios.

Integrantes de la Policía de Colombia custodian una calle tras la violencia desatada por las paramilitares Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). El Gobierno colombiano desplegó más de 1.100 integrantes de la fuerza pública en Santa Marta. EFE/Jhan Carlos Araujo P
Foto: EFE - Jhan Carlos Araujo P

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El profesor Trejos señaló que, con la fuga de alias “Mongolo”, los Conquistadores de la Sierra Nevada “se ven beneficiados de manera directa, no solo porque liberan a miembros de su organización, entre esos uno con alto perfil de liderazgo al interior del grupo, sino que es posible que hayan tenido la posibilidad de reclutamiento de mano de obra”.

De acuerdo con el investigador, algunos de los 33 hombres que siguen evadidos pudieron haber “recibido algún tipo de refugio en las partes medias y altas de la Sierra Nevada de Santa Marta” por parte de las ACSN. Además, puntualizó que, con un antecedente tan grave como el paro armado, “este hecho hace ver que la seguridad se salió de las manos de las autoridades distritales”.

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Sobre los riesgos que representa para Santa Marta y el corredor de la Troncal del Caribe la fuga de personas señaladas de participar en actividades como extorsiones, homicidios y control de economías ilegales, Lerber Dimas Vásquez, director de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada (PDHAL), advirtió que el panorama es preocupante. “Esto claramente es un riesgo enorme, porque estas personas hacen parte de estructuras como Los Primos, las ACSN y el Clan del Golfo. Estos grupos están dedicados principalmente al robo y al fleteo, delitos que pueden aumentar en municipios de Magdalena, Riohacha y Santa Marta principalmente”.

El defensor Vásquez amplió el contexto y sostuvo que estas fugas son una problemática que se viene presentando desde hace años en Santa Marta. En 2023, también se fugaron dos delincuentes de las ACSN, alias “El Mellito” y alias “Comando 39”, que se encontraban en el Centro de Detención Transitorio La Norte. Además, sostuvo que, “PDHAL ya había hecho denuncias de torturas en ese centro, que se convirtió en un lugar de reclusión permanente, donde tienen a muchas personas sindicadas de delitos graves que deberían ser trasladados y estar bajo el control del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)”.

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El director de PDHAL sostiene que esos traslados no se han realizado y que en estos centros transitorios ya han ocurrido tres fugas este año, incluida la más reciente. “Las otras ocurrieron en febrero y en julio y, con este hecho reciente, son 100 personas aproximadamente las que se fugaron. De esas todavía no han recuperado la gran mayoría. Es un problema gigante que ya se había presentado, que persiste y que demuestra que la situación penitenciaria y carcelaria en Santa Marta está en crisis desde hace muchísimos años”.

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A la par, Vásquez sostiene que esta fuga también se da en un contexto en el que las autoridades quieren mostrar resultados tras la gobernanza criminal que dejaron en evidencia las ACSN durante el último paro armado. A esto se suma la orden de De la Espriella de trasladar a miembros de esta estructura criminal. “Con ese movimiento de varios reclusos entre las medidas represivas que viene tomando el Gobierno contra las ACSN, donde cada uno busca demostrar quién tiene más poder, el presidente decidió cambiar de cárcel a por lo menos 70 personas. El tema es que llevaron a algunas al nuevo centro de reclusión temporal, el cual todavía no está lo suficientemente adecuado”.

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El defensor explicó que en el centro “se presentaron varias denuncias de violación de derechos humanos para los internos, los cuales venían alegando algunas situaciones que finalmente aprovecharon para hacer un motín y fugarse”. Frente a esto, Vásquez manifestó que el principal cuestionamiento es que “si hay personas que ostentan grados de peligrosidad, no pueden ponerlos en un centro de reclusión temporal porque finalmente los que dirigen allí son policías y ellos no están capacitados para este tipo de cosas porque no son el Inpec”.

En esa línea, el director de PDHAL criticó que “muchas de estas medidas se han venido dando de manera rápida para mostrar resultados coyunturales en temas de seguridad en el territorio, pero no se están evaluando algunos efectos que puedan surgir, como esas fugas que se que se dieron ahora en Santa Marta. Entonces queda muy mal el Gobierno en anunciar la captura de alias “Mongolo” y que días después se les fugue. Finalmente, ¿quién responde por la fuga de 41 personas?, y más cuando el comandante de la Policía fue llamado a calificar servicios, teniendo poco más de un mes en Santa Marta”.

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El coronel Jeyson Haird López Puerto llevaba poco más de un mes al frente de la Policía Metropolitana de Santa Marta.

Una de las respuestas que propone el profesor Luis Fernando Trejos es que, tanto a nivel nacional como distrital, se realice “un diagnóstico riguroso de las amenazas de seguridad que está enfrentando Santa Marta”. En ese orden de ideas, es necesario “hacer una evaluación lo más objetiva posible en torno a si los recursos y capacidades que tiene el distrito en este momento sirven para enfrentar esa amenaza, o si por el contrario se necesita una coordinación mucho más estrecha con el Gobierno, especialmente con los Ministerios de Justicia y Defensa para revertir el contexto de inseguridad que está atravesando la ciudad”, concluyó el investigador.

Por su parte, Lerber Dimas Vásquez cerró su análisis con una pregunta: ¿quién responde políticamente por estas decisiones ante la sociedad? “El Estado tiene la obligación de recuperar la seguridad, pero también tiene que medir cuáles son las acciones de impacto que van a producir estas medidas represivas”, señaló el defensor. Y agregó: “Ahora están ofreciendo recompensas, pero ¿por qué no dicen, por ejemplo, cuántas personas de las 100 que se han fugado se han vuelto a recuperar? Estas son medidas de choque que claramente van en contra de la población civil, de los derechos de los ciudadanos y de la seguridad del territorio”.

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