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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, y la cúpula militar estuvieron presentes en el debate al que citó este 3 de diciembre la senadora Paloma Valencia por la supuesta relación del general Juan Miguel Huertas y del director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, con las disidencias de las Farc de alias “Calarcá”.
Rodríguez, director de la UNP, habló sobre las investigaciones que adelantan las autoridades sobre el material que se le incautó a estas disidencias cuando se movilizaban en camionetas de la Unidad, el 23 de julio de 2024 en Anorí (Antioquia). En teléfonos, discos duros y otros dispositivos electrónicos, de acuerdo con Noticias Caracol, existirían pruebas sobre las posibles reuniones entre este grupo, Mejía y el general Huertas para crear una fachada de seguridad que les permitiría a las disidencias operar con vehículos blindados y armas legales.
“Pienso que a estas alturas de la vida y de la discusión ya tendríamos que tener un poco de claridad sobre esto y despojar de tanta prevención un debate. Es decir aquí hay muchas más suposiciones, que realidades”, señaló Rodríguez, agregando que la Fiscalía todavía no ha confirmado si las voces que se escuchan en dichos dispositivos si corresponden al general Huertas y Mejía.
“Esos elementos digamos que para mí son los que hoy podrían resolver la situación tanto de este debate, como toda la serie de elucubraciones que se han venido trazando”, declaró el director de la UNP. También recordó que “ese material que contenían esas memorias pues están en la Fiscalía de Medellín desde hace 16 meses, eso se ha dicho acá, y lo que nos preocupa es que durante todo ese tiempo han podido habernos aclarado de qué tipo de información contendría y no estaríamos ante una situación como hacer suposiciones de que tenían una información, o la otra”.
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El director añadió que “en un momento determinado la Fiscalía tendría que decir qué información había ahí. Si estaban las voces del señor Huertas o del señor Mejía, o de ambos, y si no es así, pues cómo se construyen otras versiones por fuera de esos elementos de información”. Rodríguez aclaró que en enfocó en el material incautado “porque fueron encontrados dentro de las camionetas (de la UNP) y mis escoltas acompañaron esa diligencia, pero yo realmente lo que veo es que el debate se ha politizado demasiado”.
Otro punto de su intervención se centro en si en los camionetas de la UNP se encontró oro y un menor de edad: “No pudimos encontrar la razón concreta de si había menores, como se ha dicho acá, y también como se ha dicho acá, tampoco había oro, como lo manifestó ayer una de las citantes”, declaró el director Rodríguez.
Sin embargo, las autoridades si confirmaron que en el operativo fueron incautados, además del material electrónico, más de COP 60 millones en efectivo, oro, y viaja un menor de edad de 17 años. Los disidentes fueron conducidos al batallón Pedro Nel Ospina, en Bello (Antioquia), y la mayoría de los capturados fueron dejados en libertad por un oficio de la Fiscalía por ser “gestores de paz”.
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Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió puntualmente a las investigaciones contra el general Juan Miguel Huertas. El jefe de cartera recordó que Huertas estuvo activo hasta diciembre de 2021 y “luego solicitó el retiro. Posterior a ello, en julio del 2024, ocurrieron los presuntos hechos que no conocíamos y que salió por Caracol. En julio de este año, un año después, por orden del señor presidente de la República se reincorporó”.
Sánchez indicó que, tras la publicación del reportaje de Noticias Caracol el pasado 23 de noviembre, “al día siguiente el comando del Ejército inició la investigación”. Además, explicó que el 2 de diciembre ordenó “una inspección a cargo del Ejército para garantizar que todos los actos en servicio activo realizados por el general Huertas este año fueran transparentes”.
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El ministro resaltó que este martes, 3 de diciembre, Huertas “ya no se encuentra ejerciendo el cargo”, pero no por la suspensión temporal ordenada por la Procuraduría el pasado 27 de noviembre, sino debido a un permiso de cinco días “con el fin de atender trámites de índole personal”. Lo cierto es que Huertas todavía continúa como jefe del Comando de Personal del Ejército (COPER) hasta que un acto administrativo del presidente oficialice su salida.
Sánchez precisó ante el Congreso que la orden de la Procuraduría corresponde a “unos procedimientos administrativos” que requieren validación por parte del Ejército, el Comando General y el Ministerio de Defensa: “Ya está el decreto para la revisión jurídica de Presidencia y la firma del presidente de la República”, anunció.
Con el permiso a Huertas, el Ejército designó al coronel Luis Hernando Sandoval Pinzón como encargado provisional del COPER. La asignación aplica únicamente por los días que dura el permiso del general, quien retornaría el 8 de diciembre, salvo que su suspensión sea formalizada antes por la Casa de Nariño, como lo solicitó la Procuraduría al advertir los riesgos de que el oficial permanezca en funciones.
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El organismo sostuvo que, dado que uno de los ejes de la investigación es la presunta entrega de información de inteligencia a un grupo armado ilegal, la permanencia del general Huertas y del director de inteligencia Wilmar Mejía en sus cargos podría facilitar “reiterar o continuar cometiendo las conductas que ahora se reprochan”.
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