La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le dio pista al exjefe paramilitar Saúl Severini Caballero, uno de los hombres claves del antiguo Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El hombre, también conocido como alias “Camilo”, fue admitido en la justicia transicional para que responda por crímenes de la fuerza pública cometidos en alianza con paramilitares.
El Espectador conoció el auto de 36 páginas con el que la Sala de Reconocimiento de Responsabilidad de la JEP le dio luz verde al sometimiento de Severini tras verificar que no solo comandó una de las estructuras claves de las AUC en el Caribe colombiano, sino que también actuó “como financiador, facilitó su incursión en el municipio de Pivijay (Magdalena)”.
Severini había pedido pista en la JEP en octubre de 2018 y se presentó como financiador de las autodefensas. En principio, la justicia transicional le negó el sometimiento, argumentando que estaba por fuera de sus competencias. Pero el exjefe paramilitar interpuso un recurso de reposición y la Sala de Reconocimiento le dio luz verde, no como paramilitar, sino como tercero civil.
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Severini había sido capturado el 2 de septiembre de 2025 para que cumpliera con una condena de 33 años de prisión por el asesinato de la lideresa sindical Ledys Marina Pertuz en Salamina (Magdalena), el 3 de mayo de 2002. Llevaba varios años huyendo de las autoridades, hasta que dieron con él al tiempo que su caso se movía en la justicia transicional.
El 12 de diciembre de 2025 y el 18 de marzo de 2026, los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad escucharon en declaración a Severini sobre sus vínculos con el Bloque Norte de las AUC, la incursión paramilitar en el departamento de Magdalena, la consolidación de estructuras como el Frente Pivijay, la relación entre autodefensas y fuerza pública y varios crímenes.
Esas declaraciones pusieron a Severini en la conversación pública luego de que recientemente Caracol Radio diera a conocer apartes de las diligencias en las que los magistrados de la JEP escucharon al exjefe paramilitar. En sus versiones, aceptó haber participado en al menos 299 homicidios y dio detalles de la relación de las AUC con empresarios, políticos y ganaderos del Caribe.
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Señaló, por ejemplo, al político y paramilitar Jorge Gnecco, fallecido en 2001, de haberle tendido el puente con Carlos Castaño para ampliar el poder de la AUC en el sur de Magdalena. También mencionó a ganaderos que habría ayudado a financiar la expansión paramilitar y la llegada del grupo ilegal a sitios estratégicos para las autodefensas como el municipio de Pivijay.
“Me reuní con los ganaderos de más confianza, con el doctor Silvio Severini, primo de mi papá; con el señor Hernando Asmar, con el señor Tarquinio Llanos y después, en la ciudad de Barranquilla, con el señor José Gamarra Sierra y su hermano Andrés Gamarra”, le dijo Severini a la JEP. Incluso, habló sobre José Félix Lafaurie, esposo de la exsenadora María Fernanda Cabal.
“Me consta que el señor Lafaurie fue elegido por las AUC. Yo estuve en el Centro de Convenciones de Cartagena para su elección. La orden para los ganaderos era que se tenía que votar por él para la presidencia de Fedegán. La orden la dio el señor Salvatore Mancuso y a mí me llegó la razón por medio del ganadero Hernando Asmar”, le dijo Severini a la JEP.
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Tras la declaración, la Sala de Reconocimiento de la Verdad señaló que son “graves y representativas” las conductas y crímenes sobre los que declaró Severini. Entre ellos, los asesinatos del periodista Gustavo Rafael Ruiz y de la profesora y lideresa Ledys Pertuz Montero. La JEP señaló que, con su ayuda, el horror se sembró en Magdalena a finales de los 90 e inicios de los 2000.
“La introducción de las AUC a la zona de Pivijay dio pie a la comisión de, por lo menos, dos hechos particularmente graves: en primer lugar, la masacre y arrasamiento del corregimiento de Salaminita, en Pivijay, a partir del 7 de junio de 1999, en donde por lo menos tres personas fueron asesinadas y 211 fueron desplazadas; luego del desplazamiento masivo, los paramilitares destruyeron el pueblo con la ayuda de maquinaria pesada”, dice el auto.
Agrega sobre las tomas de comunidades por parte de las AUC con apoyo de Severini: “En segundo lugar, entre el 21 y el 22 de noviembre del 2000, aproximadamente 80 paramilitares incursionaron en el pueblo palafito de Nueva Venecia, en donde asesinaron a, por lo menos, 30 personas, desaparecieron a otras cuatro y agredieron sexualmente a una mujer”.
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El auto hace énfasis también en el rol del exparamilitar como mediador de los paramilitares: “Asimismo, a raíz de la incursión de los paramilitares en Pivijay solicitada por Severini, se cometieron más de 100 hechos, entre homicidios, desplazamientos, masacres y desapariciones forzadas. Por estos hechos y por haber sido el canal mediante el cual los paramilitares llegaron a Pivijay”.
Para la JEP, según el documento conocido por este diario, también son claves las sentencias previas de Justicia y Paz contra personas que tuvieron relación con Severini, como el exparamilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40″. Esa instancia señaló en su momento que fue “una figura central en la llegada, consolidación y actuar de las autodefensas en el departamento del Magdalena”, que cometieron al menos 135 homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos y casos de violencia sexual.
“Aunque la sentencia identificó a Severini Caballero como un ganadero o ‘tercero involucrado’ en varios puntos, especialmente en las compulsas de copias, también es definido como ‘comandante político’ de la estructura. Su nivel de influencia era de tal nivel que envió a combatientes como Deiro Elías Londoño Garcés (alias ‘Care Niña’) a conformar el grupo inicial en Pivijay, utilizaba las mismas frecuencias de radio internas de las Autodefensas y participaba en reuniones políticas junto con ‘Jorge 40′ y Miguel Ramón Posada Castillo, alias ‘Rafa’“, señala el auto de la JEP.
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La justicia transicional verificó que Severini señaló falsamente a personas inocentes de ser auxiliadoras de la guerrilla, para convertirlas en objetivo del Bloque Norte de la AUC y posteriormente asesinarlas. Además, “se habría visto beneficiado del actuar paramilitar en tanto recibió protección por parte del grupo y adquirió tierras de manera irregular gracias a su actuar”.
Agrega el auto: “Es claro para esta Sala que Severini realizó actividades de financiación, intermediación política y económica, la entrega de listados de presuntos colaboradores de la guerrilla y la obtención de beneficios derivados del actuar paramilitar”. Las versiones de exjefes paramilitares y otras personas relacionadas con las AUC ante la JEP también permitieron verificar su rol.
Alias “Jorge 40″, por ejemplo, señaló su relación de colaboración con el grupo ilegal, desde su rol como ganadero. “Para mí, el señor Saúl Severini era un líder político, un líder social, un líder económico de esa región de Pivijay y, como también lo he dicho, en esas condiciones fue un colaborador”, le dijo el exjefe paramilitar a la JEP, según el auto.
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La cercanía de Severini con las AUC, señaló la Sala de Reconocimiento, llegó al punto de que parte de su esquema de seguridad estaba compuesto por integrantes de las autodefensas. “Para esta Sala es claro que Severini Caballero tuvo una relación extremadamente cercana con los grupos paramilitares en el departamento del Magdalena, tanto que esto le valió la asignación de hombres orgánicos de dicha estructura como parte de su escolta personal”, señala el documento.
La JEP concluyó que, si bien no tuvo un rol de comandancia armada de Severini en las autodefensas, sí hay información suficiente y verificada que da cuenta de que “desempeñó un rol determinante en la configuración del entramado criminal que investiga el subcaso Gran Magdalena. Su participación en los patrones criminales que se investigan se dio desde su posición de hacendado y ganadero con enorme influencia política en la región de Pivijay”.
En esa línea, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP ordenó admitirlo en la justicia transicional y vincularlo a la investigación del subcaso Gran Magdalena (Cesar, La Guajira y Magdalena) del caso 8, que indaga los crímenes cometidos por la fuerza pública y agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el conflicto armado.
Severini también será llamado a rendir versión voluntaria ante la JEP, tras ser notificado en la cárcel de Cómbita (Boyacá), donde paga la condena de más de 30 años de prisión que recibió en la justicia ordinaria. Además, la JEP le pidió a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz remitir los listados de desmovilizados de las AUC y de su Bloque Norte para seguir con la investigación y verificación del rol de Severini en esa estructura armada.
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Por Gustavo Montes Arias
