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Por medio de un comunicado firmado por sus abogados, tres de las cuatro mujeres que denunciaron al expresentador de Noticias Caracol Jorge Alfredo Vargas, por presunto acoso sexual, manifestaron su rechazo a la decisión de la Fiscalía de intentar vincularlas como víctimas en el proceso penal que se adelanta en contra del periodista, imputado el pasado 4 de agosto. Indicaron que el ente investigador las está exponiendo al “acoso judicial y mediático”.
En el pronunciamiento, que también fue puesto en conocimiento de la jueza del caso, tres de las cuatro mujeres que denunciaron a Jorge Alfredo Vargas señalaron que fueron incluidas en el proceso penal en contra de su voluntad, pues desde el principio decidieron no hacer ninguna denuncia penal. “No se puede renunciar a un caso en el que no hemos pedido estar”, señalaron.
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“Desde el primer momento hemos sido claras, tanto ante Caracol Televisión S.A. como ante la propia Fiscalía, que no es nuestro interés denunciar penalmente al señor Vargas. Consideramos que, tras las denuncias internas, la compañía ya tomó las decisiones que, a nuestro sentir, nos dieron verdad, justicia, seguridad y garantías de no repetición”, se lee en el pronunciamiento.
Las mujeres agregan que, desde que el caso llegó a manos de la Fiscalía, los funcionarios del búnker las han intentado contactar con insistencia mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp para vincularlas al proceso penal. “Pese a nuestra negativa, conocimos que delitos como el acoso sexual en concurso homogéneo y sucesivo deben ser investigados de oficio por la Fiscalía”, indicaron las tres mujeres.
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Aclararon que, pese a la insistencia, en múltiples ocasiones le respondieron al ente investigador que no están interesadas en ser reconocidas como víctimas. “Hoy nos vemos obligadas a aclarar públicamente una situación que nunca buscamos protagonizar porque constituye para nosotras una revictimización”, se lee en el pronunciamiento.
Agregan que esta decisión “no obedece a un cambio de versión, ni a una retractación, ni tampoco desvirtúa que los hechos abusivos y denigrantes contra nuestra libertad sexual ocurrieron”. Su verdadera razón es la necesidad de proteger su intimidad, su salud mental y su proyecto de vida. Así como evitar cualquier tipo de estigmatización, acoso judicial y mediático como el que, según señalaron, han favorecido las actuaciones de la Fiscalía.
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También criticaron el manejo del caso por parte del Ministerio del Trabajo en sus inspecciones al medio de comunicación. En su carta exponen que, tras las visitas a sus instalaciones, esa cartera exigió que les entregaran las denuncias de acoso hechas por las empleadas, a pesar de que el área de Gestión Humana de la empresa señaló que estaban bajo reserva.
Tras acceder a la información, dicen las mujeres, la Fiscalía emitió una orden judicial para que le entregaran copia de las denuncias. “La Ley 906 de 2004, que establece en su Artículo 11 los derechos de las víctimas, destaca el derecho a recibir un trato humano y digno, y que se proteja nuestra intimidad y seguridad. Invocamos esta normatividad para recordar que el ejercicio de nuestra libertad y autonomía no debe ser cuestionado por el sistema judicial, ni por la sociedad”, expresaron las mujeres.
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En esa línea, el abogado penalista Fabio Humar también criticó la forma en la que las autoridades competentes han tramitado este caso. “Lo primero que uno tiene que señalar es el pésimo manejo que le ha dado el Estado, el Ministerio del Trabajo, no solo la Fiscalía, al citar a personas que nunca presentaron una denuncia”, señaló el jurista en diálogo con Caracol Radio.
Señaló que “esto es un mal inicio para la Fiscalía”, que además puso al frente del caso a una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, del mayor rango en el ente investigador. Y agregó que el proceso debe avanzar para confirmar o desmentir la denuncia. “El daño que se le causa a la justicia cuando una falsa víctima denuncia es que las demás víctimas, que son reales, ya no pueden denunciar porque sobre ellas va a pesar un manto de duda”.
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Las mujeres, por su parte, señalaron que ahora lo más importante para ellas no es el proceso penal, sino avanzar en sanar lo que sucedió. “Hoy, nuestra salud mental y emocional depende de que podamos superar esta agresión y no repetir los hechos que ya son de conocimiento de las autoridades (...) Antes que ser mujeres o periodistas, somos seres humanos, tenemos familia, una historia, un nombre, una trayectoria profesional y una vida que debe continuar, y hemos hecho un esfuerzo enorme para que así sea”, expresaron.
Le pidieron a la Fiscalía que no las obligue a presentarse como víctimas en el proceso contra Jorge Alfredo Vargas. “No hemos renunciado a la verdad, no hemos negado los hechos, no hemos solicitado que la investigación se detenga y no pretendemos obstaculizar el trabajo de la administración de justicia. Lo único que hemos pedido es que no nos obliguen a constituirnos como víctimas procesales y lo hacemos conforme al derecho que tenemos a decidir cómo afrontar una situación profundamente difícil”, concluyeron.
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Poco después de ese primer pronuncimiento se conoció también un comunicado de la organización El Veinte, que representa a otra de las mujeres que denunciaron en Caracol Televisión el presunto caso de acoso. La víctima señaló que ella tampoco presentó ninguna denuncia penal y que fue citada a la audiencia de imputación en contra del periodista sin su consentimiento. “A pesar de todos los costos que las agresiones de Vargas y todo lo que ha ocurrido después ha tenido sobre mi vida y mi saludo mental”, expresó.
Agregó que la jueza, “aplicó una decisión sin enfoque de género” al decidir que debí revelarse su nombre. “La administración de justicia nos revictimiza, pero eso no quiere decir que no quiero que se haga justicia. Mi negación a que se revele mi nombre es una medida para protegerme de las consecuencias de ser revictimizada, como ya está ocurriendo, en el debate público”, concluyó.
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