Jueza da luz verde a acuerdo de reparación entre Epa Colombia y TransMilenio

Entre las acciones planteadas por la influencer están el pago adicional de COP 100 millones, suma que se agrega al dinero que ya había pagado, y la realización de 55 videos relacionados con TransMilenio y la cultura ciudadana. "Lo que se hizo fue transformar el componente económico del remanente, que serían COP 300 millones de pesos, en videos, que es un factor plenamente monetizable y plenamente comprobable", explicó el representante de víctimas del TransMilenio.

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En ese sentido, la jueza detalló que, aunque no se puede calcular con exactitud el valor monetario de los videos, estos pueden tener un impacto importante en la ciudadanía como parte de la reparación. Puntualmente, señaló: “Estas actividades tienen un valor económico susceptible de monetización, especialmente porque el apoderado de TransMilenio explicó que este tipo de contenido suele ser contratado por la entidad para campañas institucionales”.

Sin embargo, durante la audiencia se mencionó la inhabilidad de Epa Colombia para ejercer como influencer durante el tiempo en el que cumple su condena. “Eso lo tengo muy claro, que no se pueden utilizar las redes sociales hasta que no se cumpla la pena. Cuando se cumpla la pena, se hacen los 55 videos”, aseguró la creadora de contenido durante la diligencia.

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La decisión se da luego de que, el pasado 8 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella ordenara el traslado de Barreras Rojas a la cárcel de máxima seguridad La Picaleña, en Ibagué (Tolima). La popular creadora de contenido había estado recluida en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en Bogotá.

El caso de Epa Colombia con TransMilenio

El 22 de noviembre de 2019, la creadora de contenido Epa Colombia publicó un video en el que se veía cómo vandalizaba una estación de TransMilenio. El hecho ocurrió durante una de las manifestaciones que se dieron durante el denominado “estallido social”.

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En 2020, el Juzgado Segundo Penal Especializado de Bogotá la condenó a tres años y medio de cárcel por los delitos de daño en bien ajeno y perturbación al sistema colectivo de transporte público. La jueza determinó que, debido a que no contaba con antecedentes judiciales o disciplinarios, la procesada quedaba en libertad condicionada. Sin embargo, la Fiscalía apeló.

En agosto de 2021, el Tribunal Superior de Bogotá revisó el proceso y le aumentó la pena a cinco años y tres meses. Epa Colombia, entonces, presentó un recurso de casación como el último que le quedaba para definir si había cometido los delitos endilgados. Así, el caso llegó a manos de la Corte Suprema de Justicia, encargada de revisarlo.

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Aunque Epa Colombia trató de explicar durante la investigación que todo se trató de un acto de expresión y de una estrategia para ganar seguidores, la Corte confirmó el fallo del Tribunal que detalló que, en realidad, lo que pretendió fue convencer a un “conglomerado para la comisión de delitos, verbigracia, daño en bien ajeno y perturbación en servicio de transporte público”.

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