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La historia de la megacárcel de Magdalena que lleva seis años en construcción

El proyecto inició en 2019, durante el gobierno del expresidente Iván Duque, con el propósito de atender el hacinamiento en la región Caribe. Luego de varios años de retrasos y una ejecución por fuera de los tiempos previstos, el proyecto vuelve a presentar avances.

30 de septiembre de 2026 – 08:24 p. m.
El proyecto contempla 1.947 nuevos cupos para el sistema penitenciario y actualmente registra un avance aproximado del 88 %. / Uspec
El proyecto contempla 1.947 nuevos cupos para el sistema penitenciario y actualmente registra un avance aproximado del 88 %. / Uspec

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El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella entregó nuevos resultados sobre el avance del centro penitenciario o megacárcel ERON Renacer, en Sabanas de San Ángel (Magdalena). Este proyecto, que contempla 1.947 nuevos cupos para el sistema penitenciario, actualmente registra un avance aproximado del 88 %, según confirmó la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

Con cerca de 60.000 metros cuadrados construidos, el complejo se ubica sobre un terreno de aproximadamente 22 hectáreas. Según la información entregada, la inversión destinada al centro carcelario supera los COP 291.000 millones. La Uspec señaló a este diario que a su directora general, Isadora Fernández Posada, le fue encomendada la misión de avanzar en la ejecución y culminación de la obra en el menor tiempo posible.

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Además, señaló que este proceso se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y otras entidades involucradas, "con el objetivo de superar los aspectos pendientes y avanzar hacia la terminación y posterior puesta en funcionamiento del establecimiento”.

Sin embargo, aunque la obra fue retomada en el marco de las directrices del presidente De la Espriella de ampliar las capacidades carcelarias del país, la construcción de este centro penitenciario ha dado tumbos desde hace varios años. El proyecto empezó a tomar forma en 2019, durante la presidencia de Iván Duque Márquez. El 15 de noviembre de ese año, la Uspec abrió la licitación para construir la megacárcel, con el propósito de atender el hacinamiento en la región Caribe.

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En ese momento, El Espectador reportó que el proyecto tenía un costo de COP 186.000 millones y que inicialmente tendría 1.500 cupos, con la posibilidad de llegar a 3.500 después de futuras adecuaciones. Dicho diseño contemplaba tres pabellones de mínima y mediana seguridad para hombres y uno para mujeres.

En su momento, la Uspec señaló que el proyecto debería estar terminado en 32 meses. Pese a esto, el 18 de febrero de 2022, la entidad detalló que el proyecto en Sabanas de San Ángel apenas mostraba un avance del 34 % y ya contaba con una destinación superior a COP 291.000 millones.

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Además, la construcción comenzó a acumular retrasos frente a los tiempos previstos. No fue sino hasta el pasado 27 de septiembre cuando el Ejecutivo, en compañía de la Uspec y el Inpec, realizó una jornada de seguimiento al proyecto. María Margarita Guerra, gobernadora del Magdalena, también estuvo presente durante el recorrido.

“Por más de seis años, la comunidad esperó la terminación del centro penitenciario. Hoy, gracias a la determinación del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, este proyecto por fin será una realidad. No solo se estableció la fecha de apertura, sino que se aseguraron los recursos financieros necesarios para culminar la infraestructura”, se lee en la publicación de la gobernadora en X.

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Los retrasos en la ejecución del proyecto no solo aplazaron su entrada en servicio, sino que también dispararon sus costos. Hoy, la construcción de este proyecto tiene un costo de COP 289.000 millones, unos COP 106.000 millones más que el valor inicial, por cuenta de tres adiciones al contrato original.

En un diálogo con El Tiempo, José Esteban Muñoz Rodríguez, representante legal del Consorcio Fundación 2020, que es la firma a cargo del proyecto, señaló que los planes originales han tenido que ser ajustados desde 2020, cuando inició su ejecución. "Teníamos que garantizar la obtención de agua en el lugar en el que se adelantan las obras, sacar adelante unos permisos ambientales y una consulta previa con las comunidades indígenas del sector. Garantizar todos esos trámites tomó tiempo", le dijo a ese diario.

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A esos retrasos se sumó la pandemia de covid 19, que llegó a Colombia en marzo de ese año, que supuso retrasos por las restricciones. Luego, según dijo Muñoz Rodríguez en la entrevista, llegó el gobierno de Gustavo Petro y "el presidente dijo que no había ni un peso para cárceles. Empezamos a tener problemas de caja; no nos entraban los desembolsos que se tenían que hacer mensualmente para ejecutar el contrato".

En 2023, la Uspec le dio luz verde a una suspensión temporal de la ejecución del proyecto, por cuenta de ataques del Clan del Golfo a quienes trabajaban en la obra. Fueron 14 meses que el proyecto estuvo congelado y su avance era, según Muñoz Rodríguez, del 28 %. Ahora la expectativa es que el proyecto se entregue en 2027, especialmente tras la orden del presidente De la Espriella de poner a caminar la obra de nuevo.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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