Tres militares muertos, seis heridos y dos ataques con drones en una misma noche volvieron a poner al Catatumbo en el centro de la discusión sobre seguridad. El Eln atacó el viernes el Cantón Militar El Trapiche, en Ocaña, y la subestación de Policía de Guamalito, en El Carmen, mientras el gobierno de Abelardo de la Espriella intenta contener una expansión del conflicto que ya alcanza municipios del sur del Cesar. Los atentados ocurren, además, cuando el Ejecutivo comienza a mostrar los dientes de su estrategia militar: más operaciones ofensivas, persecución de jefes criminales y una promesa presidencial que resume el giro frente a su antecesor: imponer la seguridad o la paz con las armas.
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La respuesta del Gobierno a esta escalada violenta de los últimos días fue reforzar esa apuesta. El ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora anunció la reorganización de la campaña militar y policial llamada Esparta, mediante el bloqueo de corredores utilizados para movilizar armas y hombres, y dos centros para integrar inteligencia y judicialización. Es una estrategia que comienza a tomar forma, pero cuyos riesgos fueron advertidos antes de la posesión. Elizabeth Dickinson, subdirectora para América Latina de Crisis Group, señaló a El Espectador que operaciones que no anticipen las repercusiones y represalias de los grupos pueden romper fácilmente la confianza con las comunidades.
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En Catatumbo, por una parte, esa tensión comienza a ponerse a prueba. Durante el ataque con drones, y un posterior enfrentamiento armado, murió el capitán del Ejército, Marco David Pirajón Montezuma, y los soldados Joel Alberto Jiménez Jaramillo y Jhon Marrugo Manjarrez. El jefe de Estado aseguró en sus redes sociales que se había comunicado con sus allegados para agradecerles “por el sacrificio de sus seres queridos”. Y agregó: “Sus muertes no quedarán impunes. Vamos a encontrar a los responsables y haremos caer sobre ellos todo el peso de la fuerza legítima del Estado y de las leyes de la República. Cada gota de sangre de nuesros hérores y ciudadanos será cobrada con creces. Su sacrificio no será en vano”.
Por otra parte, los resultados militares también empiezan a alimentar la narrativa del Gobierno. El más reciente fue la muerte en Riohacha (La Guajira) de Naín Andrés Pérez, alias “Bendito Menor”, jefe de un frente de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), durante una operación conjunta del Ejército y la Policía ocurrida el pasado 4 de septiembre. Es el segundo de los diez objetivos de “alto valor” que el presidente Abelardo De la Espriella prometió “neutralizar” en sus primeros 90 días de mandato. El primero de esos golpes se conoció el 9 de agosto, cuando murió alias “el Ruso”, jefe del frente 28 de las disidencias de “Iván Mordisco”.
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Pero el golpe tiene una dimensión mayor que el conteo de jefes asesinados. Las ACSN son una organización con profundas raíces en la Sierra Nevada y una trayectoria ligada a las estructuras que sobrevivieron al paramilitarismo en esa región. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) ha documentado que, aunque son más pequeñas que otros grupos armados, construyeron una fuerte arquitectura de injerencia territorial en Magdalena, Cesar y La Guajira. Desde 2020 consolidaron mecanismos de gobernanza criminal y control sobre rentas ilegales, especialmente la extorsión. Ese poder les permitió regular aspectos de la vida de comunidades, disputar corredores estratégicos y resistir los intentos del Clan del Golfo por ingresar a sus territorios.
Al anunciar el nuevo golpe, el presidente fue explícito sobre la doctrina que quiere imponer: “La paz en la que cree el gobierno es en la que se impone con las armas”. La apuesta también tiene otro frente: qué ocurre en los territorios después de un golpe militar. Así, la muerte de “Bendito Menor” golpeó a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, pero no necesariamente desarticuló el poder que esa organización construyó durante años. Para la FIP, desmontarla requiere mucho más que afectar su estructura armada. Lerber Dimas, investigador del conflicto, anticipa ahora un posible reacomodamiento criminal: otros mandos podrían intentar ocupar el espacio de Pérez y abrir una disputa que vuelva a poner a la población en medio de la violencia.
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La FIP ha sido insistente en los alcances de las ACSN: las ofensivas de choque pueden fragmentar organizaciones y desplazar economías ilícitas cuando no están acompañadas de una presencia estatal sostenida. Javier Flórez, director del área de Conflicto y Seguridad de la FIP, señaló que más pie de fuerza no garantiza automáticamente mayor seguridad y que el objetivo debería ser reducir la capacidad de daño, control y reproducción de las organizaciones. En este contexto, la muerte de “Bendito Menor” puede representar un golpe para esa estructura, pero no resuelve por sí misma quién ejercerá el control que durante años construyó en partes de la Sierra Nevada.
Ese riesgo no es exclusivo de La Guajira. Antes de que De la Espriella llegara a la Presidencia, expertos consultados por El Espectador habían advertido que una ofensiva militar sin una presencia estatal capaz de permanecer en los territorios podía fragmentar estructuras criminales, desplazar sus economías y trasladar la violencia. El desafío, entonces, no está solamente en recuperar una zona mediante operaciones, sino en impedir que vuelva a ser ocupada. Esa discusión cobra relevancia en lugares como Catatumbo, donde el Eln consolidó durante los últimos años un control territorial dominante y mantiene una disputa por corredores, economías ilícitas y rentas criminales. Allí, la nueva estrategia tendrá que demostrar si puede transformar las condiciones que permitieron ese dominio armado.
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La Defensoría ya puso sobre la mesa esa preocupación después de los ataques en Ocaña. Aunque respaldó la decisión del Gobierno de diseñar una nueva estrategia para el Catatumbo, advirtió que la respuesta disuasiva mediante el uso de la fuerza puede ser insuficiente. La región, sostuvo, necesita una intervención de distintas entidades que permita transformar problemas estructurales y proteger a la población. La advertencia toca el corazón de la apuesta gubernamental: el éxito de operaciones, bombardeos o capturas puede medirse inmediatamente, pero recuperar control estatal requiere resultados menos visibles y, en la gran mayoría de los casos, también necesitan tiempo para consolidarse.
Además, esa apuesta debe incluir la garantía de justicia, servicios, protección y capacidad institucional en territorios donde los grupos armados han logrado imponer reglas y condicionar la vida cotidiana de las comunidades. Las mayores críticas a esa ofensiva, sin embargo, ya no se concentran únicamente en su eficacia. Según informes de Medicina Legal, en el primer mes del gobierno de De la Espriella han muerto seis menores de edad durante los tres bombardeos ordenados por el presidente. Una cifra que volvió a encender la polémica sobre este tipo de operaciones cuando las cifras de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes han alganzado registros históricos.
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Dos jueces de tutela ya ordenaron suspender temporalmente las operaciones aéreas, al menos en Guaviare, cuando existan alertas o información de inteligencia sobre presencia de menores reclutados en las estructuras armadas que se quieren atacar. La controversia creció cuando De la Espriella viajó a ese departamento y apareció en un video caminando entre los cadáveres recuperados mientras presentaba la acción como “el golpe más contundente” de la Fuerza Pública durante los últimos 12 años. La escena se repitió el pasado viernes en La Guajira, hasta donde llegó el jefe de Estado para contarle al país los resultados de la operación que terminó en la muerte de “Bendito Menor”.
Esas imágenes llevaron a la defensora del Pueblo Iris Marín a plantear una discusión distinta sobre los límites de la nueva estrategia. Marín reconoce que combatir militarmente a los grupos armados y proteger a la población son deberes constitucionales, pero advierte que esa facultad no es ilimitada. Marín fue enfática: “Las imágenes y las palabras de quienes representan el poder público importan. Por eso no deberíamos normalizar que los cuerpos de las personas muertas hagan parte de la escenografía en una declaración pública ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad”. En un Estado de Derecho, recordó Marín, el deber del Estado es “proteger a la población y enfrentar, dentro de la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario, a los grupos armados”.
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En su intervención, la defensora del Pueblo advirtió que “la humanidad aprendió después de guerras y violencias extremas que deshumanizar al adversario termina también deshumanizando a quien ejerce el poder”. Marín expresó que Colombia conoce bien esa historia, pues durante décadas distintos actores armados han utilizado los cuerpos, la humillación y el miedo como formas de enviar mensajes de dominio y terror. Sobre la idea de regresar a la estrategia que midió el éxito militar por el número de bajas, Marín recordó que esa política derivó en un aumento exponencial en las ejecuciones extrajudiciales que hoy investiga la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La defensora invitó al gobierno “a tener indicadores más comprensivos de lo que significa la seguridad, que se mide en derechos garantizados y en vidas salvadas, especialmente para la población civil sometida a la acción de grupos criminales”. Y concluyó: “El Estado y el Gobierno no pueden entrar en una competencia por demostrar quién puede ser más cruel”. Un mes después de la posesión, los trazos de la política de seguridad de De la Espriella comienzan a hacerse visibles. Pero reaparecen planteamientos claves: la seguridad no consiste en eliminar personas, sino los riesgos que enfrenta la población civil. La prueba no estará en contar jefes criminales muertos, sino en establecer si esos golpes producen más seguridad sin borrar los límites del Estado.
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