La Procuraduría suspendió temporalmente al comandante de Personal del Ejército, el general Juan Miguel Huertas y al director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, en medio del escándalo por presuntas filtraciones de información a las disidencias de las Farc al mando de alias “Calarcá”.
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La decisión del 27 de noviembre se basó en el reportaje de Noticias Caracol, que expuso documentos en los que, supuestamente, Huertas y Mejía proponían a esa estructura armada la creación de una empresa de seguridad para facilitar su movilidad en vehículos blindados y el porte de armas legales. Estos elementos fueron hallados tras el análisis de dispositivos incautados a “Calarcá” el 23 de julio de 2024, durante un operativo en Anorí (Antioquia).
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Pese a que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó el pasado 25 de noviembre que el general Huertas no sería apartado de su cargo mientras no existieran pruebas concluyentes, la Procuraduría sostuvo que hay motivos suficientes para suspenderlo a él y a Mejía.
Según la entidad, “a partir del análisis de los elementos de juicio expuestos objetivamente, en este momento procesal, la permanencia de los disciplinables en sus cargos posibilita su interferencia en el trámite de la investigación, además de la continuación o reiteración de las presuntas faltas, situación que debe valorarse conforme al comportamiento investigado, su relación con la función y los elementos de juicio”.
El ente de control subrayó que Huertas y Mejía ocupan posiciones estratégicas en el Ejército y en la DNI, lo que les permite tener acceso privilegiado a información clave para la investigación. En el caso de Mejía, resaltó que dentro de sus funciones está “la de dirigir, orientar y coordinar la planeación y ejecución de órdenes, misiones y actividades de inteligencia estratégica autorizados a las subdirecciones, además de coordinar, articular, alinear y armonizar las acciones para dar cumplimiento a la misión de la DNI”. Ese nivel de acceso, señaló la Procuraduría, podría comprometer el hallazgo y preservación de las pruebas en su contra.
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El Ministerio Público también indicó que ambos funcionarios mantienen una relación de “superioridad jerárquica con personas de interés para este proceso, ya sea por su posible conocimiento o incluso participación en los hechos investigados”. Por ello, advirtió que “la posición de los investigados en los niveles más altos del Ejército Nacional y de la Dirección Nacional de Inteligencia” implica un riesgo adicional para el proceso disciplinario.
El organismo sostuvo que, dado que uno de los ejes de la investigación es la presunta entrega de información de inteligencia a un grupo armado ilegal, su permanencia en los cargos podría facilitar “reiterar o continuar cometiendo las conductas que ahora se reprochan”.
El organismo de control concluyó que la suspensión busca “precaver la posibilidad de que los mismos sujetos, en un nuevo evento, procedan en similar o igual forma a la que se ha denunciado, situación que podría poner en riesgo, no solo el éxito de la investigación, sino también la integridad y la vida de hombres y mujeres de la Fuerza Pública que adelantan acciones relacionadas con el mantenimiento de la seguridad en el territorio nacional”.
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Mientras avanza la investigación disciplinaria, el pasado 24 de noviembre la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que se indague la conducta del general Huertas, luego de que se conociera que la información clave sobre sus presuntos nexos con las disidencias no había sido investigada por la fiscal especializada durante más de un año.
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Por Valentina Gutiérrez Restrepo
