Calles desiertas, negocios comerciales cerrados, clases suspendidas, comunidades indígenas confinadas y la suspensión del servicio de transporte intermunicipal y hacia La Guajira hacen parte del panorama de orden público que hoy se vive en Santa Marta. La situación es resultado del más reciente operativo policial contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), grupo armado que controla gran parte de la Troncal del Caribe y se lucra a través de economías ilícitas como el narcotráfico y la extorsión.
En la tarde del pasado 21 de septiembre, la Policía Nacional y el presidente Abelardo De la Espriella confirmaron la muerte de siete personas que harían parte de este grupo armado, entre ellas José Luis Pérez Villanueva, alias "Cholo", señalado como el segundo comandante militar de la primera línea de las ACSN, y un hijo de alias "Pinocho", conocido como el máximo jefe y financiador de la organización heredera del paramilitarismo.
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Las represalias por estos golpes operacionales a las ACSN se presentaron ese mismo lunes 21, con bloqueos en la Troncal del Caribe y la quema de buses. Estas alteraciones al orden público llevaron a que el jefe de Estado anunciara un Consejo de Seguridad ese mismo día para liderar las medidas que garanticen la seguridad de los habitantes de Santa Marta. Asimismo, se mantiene un Puesto de Mando Unificado (PMU) luego de que el grupo armado anunciara un presunto paro armado.
"La situación es compleja y bastante delicada. Primero, la muerte de alias "Cholo" es una muerte al corazón de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, porque era el segundo comandante militar. Es una muerte muy sensible para el grupo y particularmente impacta negativamente en el territorio", señaló a El Espectador Lerber Dimas Vásquez, director de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada (PDHAL).
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El líder social sostuvo que la capital de Magdalena "se encuentra paralizada y es una ciudad que está arrodillada por la violencia". De acuerdo con Vásquez, se vivió "una noche un poco tensa y hoy la situación todavía es caótica. No hay servicios públicos hacia ciertas zonas. No hay servicio de transporte intermunicipal hacia otros municipios. Ni de La Guajira hacia Santa Marta, ni de Santa Marta a Fundación, Aracataca y esas zonas. Hay mucho comercio cerrado. Hemos tenido reportes de diferentes barrios de Santa Marta donde los negocios están completamente cerrados. Además, los colegios hoy no tuvieron clase". Asimismo, el líder advirtió que las posibles afectaciones que podrían continuar en la Troncal del Caribe "ha desencadenado un ola de miedo colectivo en las personas".
Uno de los presuntos anuncios de las ACSN que más preocupó a las autoridades fue el de un paro armado; sin embargo, PDHAL advirtió que el comunicado que circuló por redes sociales no sería oficial. "Los que hemos hecho seguimiento al conflicto sabemos que no es un panfleto original por las formas, pero produjo el efecto que buscaban, que era cerrar más de un 90% de los negocios en Santa Marta".
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El operativo contra alias "Cholo" tuvo lugar en Quebrada del Sol, corregimiento de Guachaca, zona rural de Santa Marta, donde comunidades indígenas denunciaron terminar en medio de la acción policial. El Cabildo Arhuaco del Magdalena y La Guajira manifestó su inquietud "frente a los reiterados hechos de violencia que se han venido afectando los territorios ancestrales de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, el día de hoy 21 de septiembre de 2026, particularmente en el sector de Quebrada del Sol, territorio tradicionalmente habitado por comunidades de los pueblos Arhuaco, Wiwa y Kogui".
De acuerdo con las autoridades indígenas, los combates entre la fuerza pública y las ACSN "constituyen una grave amenaza para la vida, la integridad personal, la autonomía territorial y la pervivencia física y cultural de nuestras comunidades, desconociendo las garantías constitucionales, así como los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que obligan a todos los actores a respetar y proteger a la población civil en el marco de cualquier situación de conflicto o confrontación armada".
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El Cabildo también recordó que entre febrero y marzo de 2026 ya se habían registrado hechos violentos en distintos puntos de la Sierra Nevada de Santa Marta, con afectaciones a comunidades indígenas que derivaron en intimidación, confinamiento, desplazamiento y un serio deterioro de sus condiciones de vida. En ese entonces, un niño de seis años y un adulto de 92 murieron durante enfrentamientos entre las ACSN y el Clan del Golfo en zona rural de Aracataca (Magdalena), lo que obligó a las autoridades a habilitar un corredor humanitario para evacuar a once heridos de la comunidad indígena arhuaca.
A esto se suma, según el Cabildo Arhuaco, lo ocurrido el pasado 16 de junio, cuando las comunidades de Quebrada del Sol, entre los corregimientos de Don Diego y Palomino, se vieron afectadas por enfrentamientos y operaciones armadas en el territorio. Ese episodio provocó el cierre de la vía, restringió la movilidad de la población, limitó el acceso a alimentos y servicios básicos, y elevó los riesgos para la seguridad y el bienestar colectivo.
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"La violencia que se viene ciñendo sobre nuestros territorios no solamente pone en peligro la vida de quienes los habitan, sino que también altera el equilibrio espiritual, cultural y ambiental de la Sierra Nevada de Santa Marta, reconocida por nuestros pueblos indígenas como el Corazón del Mundo", sostuvo la comunidad indígena, que hizo un llamado urgente a todos los actores armados para que respeten de manera irrestricta la vida, la integridad, la dignidad y la autonomía de las comunidades.
Esta denuncia fue apoyada por PDHAL, que ha recibido “información de confinamiento y uso de las comunidades como escudos humanos".
En esa misma línea, el Cabildo solicitó al Estado colombiano, a las autoridades civiles y militares y a los organismos competentes adoptar medidas que garanticen la protección de las poblaciones afectadas y prevengan nuevas acciones violentas. La autoridad indígena resaltó que, en cumplimiento de las medidas de protección ordenadas para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, las comunidades no pueden seguir quedando en medio del conflicto armado que persiste en la región.
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