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El 25 de octubre de 2002, a las 10:30 de la mañana, Carol Vanessa Restrepo llamó a su mamá, Margarita Restrepo, para que la dejara ir a la Comuna 13, al occidente de Medellín. “¿Y usted a qué va a ir por allá?”, le respondió la mujer. La joven, de 17 años, le dijo que iría a entregarle unos papeles a una amiga y que la acompañarían Cristian Adrián Castrillón Castrillón, también de 17 años, y Jhon Jairo Durango Machado, de 15.
“No va a ir, Carol. Mire eso cómo está, mire cómo tuvimos que salir”, dijo la madre. Una semana la familia dejó su casa y salieron con sus seis hijos a quedarse donde unos conocidos en el municipio de Itagüí, porque la guerra desatada tras la Operación Orión de las Fuerzas Militares no daba tregua. Tanto insistió Carol Vanessa en ir a su barrio, que su mamá la dejó ir. Fue la última vez que supo de ella.
Han pasado 24 años desde esa llamada y apenas este 30 de octubre de 2026, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les imputó cargos a ocho exmilitares y cuatro expolicías por su presunta responsabilidad en la desaparición de los tres jóvenes y en otros 590 hechos criminales ocurridos entre 2001 y 2004.
Se trata de una decisión sin precedentes para las víctimas de la Comuna 13 de Medellín y del corregimiento de San Cristóbal, que llevan más de dos décadas pidiendo justicia, verdad y reparación sobre los graves crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos por la fuerza pública, en alianza con los paramilitares. No es una decisión menor, pues entre los oficiales llamados a reconocer responsabilidad está el general (r) Mario Montoya Uribe, quien fue comandante del Ejército durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
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En la lista de oficiales y suboficiales imputados están también el coronel (r) Jairo Bocanegra de la Torre, excomandante del Batallón de Ingenieros Número 4; el brigadier general (r) José Leonardo Gallego Castrillón, excomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá; y el coronel (r) Álvaro Botero Mejía, exsubcomandante operativo de esta última unidad.
El general (r) Montoya era para la época de los hechos el comandante de la Cuarta Brigada del Ejército en Antioquia. La unidad militar a su cargo y algunas de las estructuras a su mando, según la imputación de la JEP, se aliaron con el bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para “expulsar al ‘enemigo común’, identificado como la guerrilla y sus milicias urbanas”.
En su campaña por mantener el control territorial, según la investigación liderada por el magistrado Gustavo Salazar Arbeláez, militares al mando del general (r) Montoya Uribe y paramilitares planearon y ejecutaron acciones en las que miles de civiles inocentes fueron víctimas. Una de esas arremetidas armadas fue la Operación Orión, realizada el 16 y 17 de octubre de 2002 en la Comuna 13.
Según la decisión, lo que ocurrió allí fue “bajo una justificación contrainsurgente y mediante la actuación directa, conjunta, coordinada o articulada de miembros de unidades de la fuerza pública y con estructuras paramilitares”. Lo que “implicó una reorganización de la hegemonía armada ilegal en el territorio y la comisión de homicidios, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual, privaciones ilegales de la libertad y desplazamientos forzados”.
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La crueldad de las operaciones militares
Margarita Restrepo fue víctima de lo ocurrido durante los dos días que duró la Operación en la Comuna 13 (16 y 17 de octubre), cuando los militares entraron y, casa por casa, empezaron a buscar supuestos guerrilleros. La respuesta fueron disparos de lado y lado. En otros casos, cuando los señalados por las autoridades eran heridos, los uniformados impidieron que sus familiares los auxiliaran para llevarlos a centros asistenciales y varios murieron en la puerta de sus casas.
Prohibieron incluso el paso de buses de servicio público. Y cuando muchos fueron detenidos, su custodia pasó a manos de los paramilitares, que posteriormente los desaparecieron. Cuando el momento más álgido de los ataques armados cesó, Margarita Restrepo salió de su casa para buscar refugio donde unos conocidos.
La zona aún estaba controlada por los militares. “El 19 de octubre salí. Yo no me aguanté más. Se me estaba acabando lo poquito que tenía de comida para darles a los hijos. Ya no sabíamos qué hacer”, narró la mujer. Solo pudo empacar un pequeño bolso con algo de ropa y salió con sus seis hijos, incluida Carol Vanessa, hacia Itagüí. “Yo me monté al bus con los niños y no descansé hasta que no llegué a La América, porque cuando los buses salían con muchas personas que se iban, los bajaban”, recordó.
Y agregó: “Llegamos al centro, empeñé el anillo y nos fuimos para Itagüí, a la casa de los familiares de la comadre mía, la mamá de John Jairo Durango, que está desaparecido con Carol”. La imputación de la JEP señala que John Jairo y Carol habían sido “perfilados” por la fuerza pública y los paramilitares durante la operación.
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A la hija de Margarita Restrepo, incluso, le habrían tomado fotografías y la habrían amenazado integrantes de la Policía. La imputación, de 1.337 páginas detalla que personas de la Comuna 13 fueron señaladas falsamente como integrantes de las guerrillas de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y los Comandos Armados del Pueblo (CAP).
Aunque la decisión no detalla quién sería el responsable de la desaparición de Carol Vanessa Restrepo, sí incluye su caso en la lista de las 87 personas desaparecidas de manera forzada en medio de operaciones militares y hechos violentos en la Comuna 13. La determinación de la JEP señala que el general (r) Mario Montoya habría tenido un rol clave como comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, por haber estado a cargo del “mando efectivo” de la Operación Orión.
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Incluso, hay registro de programas radiales en los que habría dado instrucciones sobre cada una de las movidas durante la misión en Medellín, lo que iría en contra de la inocencia que ha defendido durante años. “Ello es incompatible con la afirmación de que él no conducía la operación”, se lee en el documento. Y agrega: “El mando personal del general Montoya era efectivo y excluyente, pues ninguna decisión relevante podía adoptarse sin su autorización”.
En la planificación logística de la Operación Orión, según la JEP, lo apoyó el brigadier general (r) José Leonardo Gallego Castrillón. A este oficial, la JEP le atribuye la dirección de los policías que intervinieron en la arremetida armada. También lo señala de presuntamente no haber adoptado medidas para respetar el principio de distinción entre civiles y combatientes.
A otros uniformados les atribuye la responsabilidad en la identificación de supuestos “objetivos”, el suministro de guías (algunas de estructuras ilegales como la de alias “Carlos Pesebre”) que operaron desde días previos a la operación militar y la ejecución de retenciones ilegales. Una de ellas, posterior a la Operación Orión, fue la de Carol Vanessa Restrepo, a quien Margarita Restrepo busca desde hace 24 años sin tener aún pistas de su paradero.
“En cualquier momento yo la voy a encontrar”, concluyó la madre. El modelo de la Orión, señala la JEP, se repitió en una larga lista de operaciones militares y policiales contra la zona occidental de Medellín. Solo en el primer semestre de 2002 las autoridades intervinieron en 19 oportunidades con este tipo de despliegues en la Comuna 13.
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El drama de la desaparición
Los habitantes de la Comuna 13 y el occidente de Medellín no solo vivieron de frente el horror de las operaciones militares, con sus resultados, que se contaban en decenas de muertos. Cientos de familias vivieron también el drama de la retención y desaparición forzada de sus seres queridos. Luz Enith Franco Noreña lo sufrió en carne propia. Ella y su esposo, Arles Edison Guzmán Medina, vivían en el barrio 20 de Julio.
Llevaban tres años casados y tenían un asadero de pollos. Aún no eran papás, pero guardaban la ilusión de formar un hogar. El 30 de noviembre de 2002, la pareja estaba en su negocio cuando tres hombres llegaron a preguntar quién era “el patrón” y cuánto valía un pollo asado. La mujer pensó que se trataba de un intento de robo.
En la noche, los hombres regresaron a preguntar por Arles Guzmán. “Lo llamaron por el nombre. Luego se sentaron en una mesa más o menos cinco minutos. A mí no me dejaron arrimar. Mi esposo se paró después de haber conversado con ellos y me dijo: ‘Mami, quédese ahí que yo ya vengo. Ellos necesitan hacerme unas preguntas’. Yo le respondí: ‘Cómo así que unas preguntas, que se las hagan acá’. Y uno de ellos me dijo: ‘No, acá no porque el jefe no está’. Mi esposo me dijo: “Yo le prometo que vuelvo’”, narró Luz Enith Franco.
Otros dos hombres llegaron en un taxi y obligaron a su esposo a subirse. Aproximadamente dos horas después, una persona la llamó para decirle que su esposo, de 29 años, regresaría después de un interrogatorio. Han pasado 24 años y la mujer aún lo busca en la fosa de La Escombrera.
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Luz Enith Franco tuvo la valentía de ir donde los paramilitares a preguntar por su esposo. La respuesta fue un golpe en el estómago: “Él va a llegar entre una bolsa de basura picado”, le dijo un hombre de alias “King Kong”. La imputación señala que, para la fecha, la Cuarta Brigada del Ejército, comandada por Montoya, tenía dos casas alquiladas en el barrio 20 de Julio.
Agrega que, pese a que el centro de operaciones del bloque Cacique Nutibara estaba muy cerca de allí, en San Cristóbal, las autoridades no hicieron nada para sacarlos y proteger a la población. “Su responsabilidad se fundamenta en haber permitido, tolerado o no impedido la comisión de los crímenes, pese a ostentar posición de garante como superiores y comandantes de las respectivas unidades”, dice la imputación sobre el posible rol del oficial retirado.
“Para mí esta imputación es demasiado importante porque por fin estoy viendo, después de 24 años que llevo luchando, que me hicieran caso en algo de todo lo que he denunciado. Pero esto apenas comienza, porque yo siempre he dicho que hasta que no encuentre a mi esposo no podré decir: ‘Ya puedo descansar”, le dijo Luz Enith Franco a este diario.
Parte del trabajo de búsqueda lo adelantó ella misma, a quien, de tanto ir y venir buscando respuestas, alguien le entregó hace años un croquis del sitio exacto de La Escombrera en el que, al parecer, los paramilitares habrían sepultado a su esposo. La Fiscalía nunca hizo nada con esa información, según contó la mujer. Pero la JEP, que decretó medidas cautelares sobre ese depósito de escombros, avanza en la búsqueda, de la mano de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
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Desde 2024, ya han encontrado restos de siete personas y han logrado la identificación de cuatro. Lo que sostiene la imputación es que los paramilitares, en alianza con la fuerza pública, trasladaban a las personas que retenían, como Arles Guzmán, a sitios como La Escombrera, La Arenera y distintas fincas de San Cristóbal. La investigación liderada por el magistrado Gustavo Salazar señala que la brigada comandada por Montoya Uribe sabía desde noviembre de 2002 sobre la existencia de fosas con restos de personas desaparecidas de la Comuna 13.
En sitios como estos, según el documento, habrían sido desaparecidos 87 civiles. Son parte de las cifras que recoge la imputación, en la que se recopilan también los casos de 80 personas asesinadas, 289 desplazadas forzosamente, 74 civiles heridos, 34 torturados, siete víctimas de violencia sexual y 380 de privaciones graves de la libertad.
Para la JEP, las retenciones ilegales, asesinatos y desapariciones en sitios como La Escombrera hicieron parte de una política de estigmatización de los paramilitares en contra de los habitantes de la Comuna 13. Esa dinámica criminal habría tenido vía libre para materializarse en crímenes de guerra y de lesa humanidad por la falta de control de las autoridades.
“Esta construcción del enemigo permitió que líderes y lideresas sociales, mujeres, jóvenes, comerciantes, estudiantes y habitantes en general fueran convertidos en objetivos de persecución, captura, desaparición forzada, homicidio y desplazamiento forzado”, señala la imputación. Para Luz Enith Franco, más allá de la calificación de los crímenes que hizo la JEP, su objetivo es encontrar a los desaparecidos: “La Escombrera ya habló y algunas familias ya pueden descansar”.
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Una decisión llena de expectativas
La imputación sobre los crímenes en la Comuna 13 es un panorama de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en la capital de Antioquia entre 2001 y 2004. Sin embargo, para las víctimas y sus representantes, el documento de 1.337 páginas, que aún no han podido leer a detalle, también les genera incertidumbres.
Así lo señaló Bayron Góngora, abogado de la Corporación Jurídica Libertad (CJL), organización que representa a 45 víctimas individuales y a la Organización Mujeres Caminando por la Verdad. El jurista expresó que es la primera vez que la justicia colombiana emite una decisión detallada sobre lo ocurrido en el occidente de Medellín. Sin embargo, la imputación contra el general (r) Montoya, por omisión de sus deberes como comandante del Ejército y no como coautor de los crímenes, le parece “incongruente”.
“Si la JEP reconoce que hubo una alianza criminal que fue antes, durante y después de la Operación Orión, eso da luces de que los comandantes que planearon son los directos responsables de haber diseñado estas operaciones militares con participación de los paramilitares”, indicó Bayron Góngora. Por eso, agregó Góngora, “hablar de una omisión (de Montoya) no se ciñe a la realidad. Incluso, ni con lo que los magistrados mencionan sobre la estructura criminal que operó ya en la Comuna 13”.
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A eso se suma la expectativa sobre si el excomandante de la Cuarta Brigada y los otros 11 imputados (siete exmilitares y cuatro expolicías) aceptarán su responsabilidad en los crímenes imputados por la JEP o negarán, una vez más, las atrocidades ocurridas en el conflicto.
El propio Montoya Uribe lo ha hecho. En febrero de 2019, la JEP le imputó cargos por su presunta responsabilidad en 130 casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos ocurridos cuando fue comandante del Ejército en Antioquia. El oficial retirado no aceptó su responsabilidad y su expediente fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que este diciembre cumplirá dos años de tenerlo en sus manos y aún no decide si lo lleva a juicio adversarial o no.
Para Luz Enith Franco, la expectativa es más sencilla que la que plantean los abogados en la complejidad del lenguaje jurídico y en la extensión de la imputación del magistrado Gustavo Salazar. Para ella, lo más importante es que haya verdad: “Espero que algún día Montoya se toque el corazón y diga qué pasó. Necesitamos encontrar a los desaparecidos”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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Berta Lucía(2263)•Hace 19 horasNi Montoya ni el #7837, posible genocida, reconocerán jamás los crímenes que aparentemente habrían cometido. Su ideología fascista les impide tener ética. Eso mismo sucede con los criminales de guerra de las FARC y ELN; dicen "luchar" por el pueblo y lo que han hecho es tratar de exterminarlo. Sólo les interesa el poder y el dinero que da la guerra. Son bazofia pura.
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Héctor(15733)•Hace 21 horasTodo tiene sentido; por eso el afán de acabar la JEP.
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Gilberto(54899)•01 de noviembre de 2026 – 08:44Esa es la razón que tiene el Ultra/Derechista ESPURIO presidente Abelardo: Que los asesinos y sus comandantes no sean juzgados por tan ATROZ opración militar dentro de la ciudad.
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Martha(69929)•01 de noviembre de 2026 – 07:30Por eso quieren acabar con la JEP!! Porque se inicia las investigaciones para dar con los civiles que los financiaron, Martha Lucia R!! Alcalde de Medellín!! Empresarios, cuándo??
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Jairitoco(24834)•01 de noviembre de 2026 – 07:20"La academia mundial lleva años estudiando las diferencias políticas entre el campo y la ciudad, sobre todo en la pospandemia" esta es la razón por la cual Medellin apoya siempre los candidatos de derecha, por que es una "ciudad agropecuaria", miren su música, o las pintas de los manes, por ejemplo.
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Helena(32726)•31 de octubre de 2026 – 14:38Esos bandidos no tienen ni han tenido corazón así que de ellos no puede esperarse ninguna verdad. Son unos canallas amparados por la impunidad que les ha brindado el estado todos estos años.
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Berta Lucía(2263)•31 de octubre de 2026 – 11:24Ni Montoya ni el #7837, posible genocida, reconocerán jamás los crímenes que aparentemente habrían cometido. Su ideología fascista les impide tener ética. Eso mismo sucede con los criminales de guerra de las FARC y ELN; dicen "luchar" por el pueblo y lo que han hecho es tratar de exterminarlo. Sólo les interesa el poder y el dinero que da la guerra. Los unos y los otros son bazofia pura.
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Edgar(22146)•31 de octubre de 2026 – 11:18Y alvaro uribe velez? INNOMBRABLE? INTOCABLE?
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luis german(18551)•31 de octubre de 2026 – 10:02Medellín, refugio de pillos.
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Álamo(88990)•31 de octubre de 2026 – 09:51Y el que dio la orden, ahí, vivito y coleando. La JEP es la esperanza de acabar con la impunidad reinante.
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Maria Eugenia(56068)•31 de octubre de 2026 – 09:21Poe esto es que quieren acabar la JEP.
