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El juicio contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, y procesado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, tomó un rumbo decisivo este viernes 29 de noviembre. El Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, Hugo Junior Carbonó, ordenó remitir copias para que se adelanten investigaciones penales y disciplinarias contra funcionarios de la Fiscalía, agentes del CTI y abogados que intervinieron en las primeras diligencias del caso.
La medida también cobija a la periodista Vicky Dávila, quien dirigía la revista Semana en julio de 2023, fecha en la que se grabó y divulgó el video de la captura. Entre los señalados figura el fiscal Mario Burgos, quien supervisó el operativo de allanamiento. La determinación fue adoptada durante la audiencia preparatoria del juicio.
En la sesión, el juez definió qué elementos probatorios continuarán en el proceso y cuáles deben excluirse. Uno de los puntos más relevantes fue la decisión de dejar por fuera todo el material relacionado con el principio de oportunidad fallido que el procesado intentó tramitar con la Fiscalía. Según el ente acusador, Nicolás Petro habría recibido COP 1.050 millones provenientes del exnarcotraficante Santander Lopesierra, alias Hombre Marlboro, y de Gabriel Ilzaca, hijo del empresario Alfonso “El Turco” Hilsaca.
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La orden de compulsar copias surgió tras el análisis de varios videos entregados por la defensa de Petro, en los que, según el despacho, se evidenciarían posibles vulneraciones a derechos fundamentales durante la captura de Petro y su entonces pareja, Daysuris Vásquez, el 29 de julio de 2023 en Barranquilla. Para el juez, las imágenes indican que los investigadores ingresaron al apartamento en circunstancias que comprometieron la dignidad e intimidad del procesado, quien fue sorprendido desnudo y grabado en ese estado.
El juez Carbonó sostuvo que su despacho no cuestiona la validez de la orden de captura, sino la manera en que se ejecutó. Dejó consignado que los investigadores ingresaron al apartamento, encontraron a la pareja desnuda, y aun así procedieron a grabar y esposar al exdiputado. “Se compulsa copia al fiscal delegado ante el Tribunal Mario Burgos, como director de los investigadores de la Fiscalía, a la Policía y a los investigadores que llevaron a cabo la captura”, afirmó.
Agregó que el procedimiento fue “abusivo” y contrariaba los protocolos de la Policía Judicial, especialmente porque Petro, en ese momento, no era imputado, ni había sido puesto a disposición de un juez de control de garantías, por lo que la exposición de su desnudez implicaba una afectación grave a su intimidad. El despacho enfatizó que la grabación terminó publicada por un medio nacional y ampliamente replicada en redes, lo que dejó, según el juez, “sesgado y apabullado” el derecho a la dignidad humana.
Por ello también ordenó compulsar copias contra Vicky Dávila, aclarando que no se trata de un reproche por la filtración, sino de un llamado a las autoridades competentes para esclarecer cómo se obtuvo y difundió el material: “De lo contrario, Semana no publica una imagen de un procesado desnudo porque Semana no hizo ningún allanamiento o captura”, señaló.
Según el juez, las imágenes grabadas por funcionarios del CTI mostraron actuaciones dentro de la esfera íntima del procesado, en contravía del artículo 128 del Código de Procedimiento Penal, que exige preservar la dignidad de las personas capturadas, permitirles cambiarse de ropa y actuar con especial cuidado en casos de vulnerabilidad, como el de Vásquez, quien estaba embarazada.
A juicio de Carbonó, los funcionarios “no guardaron las formalidades debidas”, lo que podría constituir faltas disciplinarias e incluso delitos relacionados con violación a la intimidad.
La audiencia también estuvo marcada por una denuncia del abogado Alejandro Carranza, defensor de Petro, quien advirtió una supuesta intervención indebida del fiscal Burgos. Explicó que el 10 de noviembre, desde el correo institucional del fiscal 52 delegado ante el Tribunal de Bogotá, llegó al juzgado una comunicación firmada por Burgos, como particular, en la que pedía que no se le compulsaran copias, acompañada de un acta no conocida previamente por la defensa.
Carranza cuestionó que un fiscal retirado del caso continuara enviando comunicaciones con logos institucionales. El juez ordenó remitir estos documentos a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que determine si hubo alguna falta.
Pruebas excluidas y admitidas
El juez ordenó dejar por fuera del juicio el interrogatorio en el que Petro reconocía responsabilidad penal, así como las menciones a los presuntos aportes del “Turco” Hilsaca y el “Hombre Marlboro” a la campaña presidencial de 2022. También fueron descartados certificados del CNE y un informe psiquiátrico sobre la condición de Daysuris Vásquez.
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“Excluir los elementos correspondientes al acta de compromiso del 3 de agosto del 2023, suscrito por Nicolás Fernando Petro Burgos y la Fiscalía General de la Nación, así como los interrogatorios ha indicado contenidos en los informes del 22 y 25 de agosto del 2023 con ocasión a un principio de oportunidad no materializado o fracasado de conformidad con la parte emotiva de este auto conforme a la quinta enmienda de acuerdo al derecho internacional aplicado por este despacho”, señaló el juez.
Entre las pruebas admitidas se encuentran el escrito de acusación contra Daysuris Vásquez por posible violación de datos personales, así como los testimonios de Máximo Noriega, Lopesierra, Laura Ojeda y otros llamados al proceso. Las compulsas de copias contra Burgos y el abogado Alait Freja seguirán su curso en los ámbitos penal y disciplinario. Las nuevas sesiones de audiencia quedaron programadas para el 16 y 19 de diciembre, y, de ser necesario, continuarán el 23, 24 y 26 de febrero.
En paralelo, continúa un segundo proceso en contra de Nicolás Petro por contratos presuntamente irregulares en Atlántico. El pasado miércoles 24 de noviembre, el juez 14 de control de garantías de Barranquilla, Jorge Alberto Ortiz Ángel, avaló la imputación por interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación. Petro no aceptó cargos y el próximo 2 de diciembre la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento.
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La fiscal Lucy Laborde sostuvo que entre 2021 y 2022, cuando Petro era diputado, habría desviado COP 111 millones de contratos destinados a programas de atención a adultos mayores, y que habría instruido a Daysuris Vásquez para hacer contactos con funcionarios de la Gobernación y con representantes de la Fundación Conciencia Social, encargada de ejecutar los convenios cuestionados.
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