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Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, su esposa, Liset Samboní, y sus tres hijos presentaron una demanda de reparación directa contra la Nación, la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y los ministerios de Justicia y del Derecho y de Relaciones Exteriores. El hombre, conocido también como el zar del contrabando, sostiene que la orden de captura con fines de extradición emitida en su contra en 2024 les habría ocasionado afectaciones emocionales y psicológicas.
El caso tiene su origen el 1 de marzo de 2024, cuando el Juzgado 48 Penal con Función de Control de Garantías emitió la orden de captura con fines de extradición y una orden de medida de aseguramiento, pedida por la Fiscalía. Para ese momento, el zar del contrabando estaba en España, por lo que la orden fue tramitada por el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio de Relaciones Exteriores para solicitar una circular roja de Interpol.
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En cumplimiento de esa orden, Marín Buitrago fue detenido en España el 5 de abril de 2024. Meses después, recuperó su libertad y se fugó a Portugal, donde fue detenido nuevamente el 3 de diciembre de 2024, en respuesta a la misma orden de captura emitida por Colombia. Estuvo detenido hasta el 9 de junio de 2025, cuando obtuvo la libertad provisional mediante una acción de habeas corpus promovida por su defensa.
A través de su apoderado, el abogado William Iván Mejía, alias “Papá Pitufo” sostiene que la orden de captura en su contra no debió tramitarse como un mecanismo de extradición, pues no cumplía con los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Penal para solicitar el regreso al país de una persona radicada en el exterior. Por ello, el conocido zar del contrabando atribuye, por un lado, a la Rama Judicial un error jurisdiccional, es decir, haber expedido una medida contraria a la ley.
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En segundo lugar, señala a la Fiscalía General de la Nación y a los ministerios de Justicia y del Derecho y de Relaciones Exteriores de haber incurrido en una falla en el servicio. Según su denuncia, estas entidades habrían cometido un error al adelantar las gestiones diplomáticas ante España sin verificar previamente que la solicitud tuviera soporte legal.
Puntualmente, la denuncia de Marín Buitrago señala: “La falla en el servicio atribuible a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Ministerio de Relaciones Exteriores, por haber solicitado, tramitado, verificado de manera deficiente y gestionado internacionalmente una orden de captura que terminó produciendo efectos en España y luego nuevamente en Portugal”.
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En esa línea, el recurso presentado por alias “Papá Pitufo” asegura que, por ello, la captura en Portugal “debe ser presentada como una consecuencia directa de la permanencia y utilización internacional de la misma orden de captura No. 002 del 11 de marzo de 2024, y no como un hecho aislado o independiente”.
Además, se conoció que antes de presentar esta denuncia, en diciembre de 2025 se llevó a cbo una audiencia de conciliación con la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, el procedimiento resultó sin un acuerdo beneficioso entre las partes. Ahora, el zar del contraband exige, en primer lugar, una declaracion de resposanilidad de las entidades demandadas.
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En segundo lugar, solicita una indemnización de 400 salarios mínimos, equivalentes a cerca de COP 700 millones, por perjuicios morales. Además, pide que a su esposa y sus tres hijos se les reconozcan 50 salarios mínimos a cada uno, lo que representa cerca de COP 500 millones en total. También reclama otros 100 salarios mínimos por la presunta vulneración del debido proceso.
Diego Marín Buitrago tiene un historial de casi cuatro décadas en negocios ilícitos. Según la investigación que adelanta la Fiscalía, entregó, solo entre 2023 y 2024, COP 1.019 millones en coimas y sobornos a policías colombianos que trabajaban en los puertos de Cartagena y Buenaventura, para que permitieran el funcionamiento de sus negocios ilegales.
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“Era el líder de una organización criminal que buscaba cooptar a servidores públicos de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) mediante la entrega de dádivas como teléfonos celulares, dinero en efectivo y demás, para lograr que estas personas dejaran de lado sus funciones”, dijo la Juez 48 con Función de Garantías de Bogotá, al dictarle medida de aseguramiento en 2025.
En su recurso, alias «Papá Pitufo» aseguró que no pretenden negar la competencia del juez para expedir órdenes de captura. Sin embargo, señala que en su caso, la medida fue emitida sin que previamente existiera una medida de aseguramiento, resolución de acusación en firme o sentencia condentoria. Sin embargo, el proceso en Colombia en su contra sigue activo, a la espera de que se resuelva su estatus migratorio en Portugal y regrese al país.
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