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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra seis funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por presuntas irregularidades en la realización de una parranda vallenata al interior del Complejo Penitenciario y Carcelario con Alta y Media Seguridad de La Paz, en Itagüí (Antioquia).
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La decisión fue contra los tenientes Fabián Leandro León Rodríguez, director (e) de la cárcel; Heyler Antonio Fracica Sarmiento y Fredy Antonio Ciprián Díaz. También están el inspector jefe Salvador del Cristo Jiménez Palencia, el inspector Eduardo Parra Ceballes y el dragoneante Juan Diego Ospina Morales.
Los hechos se dieron el pasado 8 de abril, cuando una agrupación vallenata, incluido el cantante Nelson Velásquez, realizó una presentación al interior del penal. De acuerdo con la investigación, se habrían presentado omisiones en los registros y reportes de novedades sobre la entrada y salida de personas. El organismo también verifica en qué circunstancias se permitió el ingreso y la permanencia del grupo musical.
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Las conductas atribuidas a los seis funcionarios fueron calificadas como gravísimas, cometidas a título de dolo. Con el pliego de cargos, el órgano de control busca establecer si las presuntas omisiones constituyeron faltas disciplinarias y determinar las responsabilidades individuales.
La Procuraduría ordenó además abrir investigación disciplinaria contra Raúl Torres Romero y la dragoneante Katherin Vanessa Baquero Henao por presuntas irregularidades en un informe en el que consignaron aparentes fallas en el sistema Sisipec 1 y en la red del Inpec para controlar el ingreso y la salida de personas. El ente de control recordó que, recientemente y por los mismos hechos, los dragoneantes Nairo Vargas Rubio y Juan Camilo Goez David aceptaron su responsabilidad por omisiones que permitieron que se realizara la fiesta.
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De acuerdo con el Ministerio Público, Nairo Vargas Rubio y Juan Camilo Góez se acogieron al beneficio de confesión, al admitir que no hicieron las anotaciones y los registros que les correspondía consignar en los libros del penal el 8 de abril de 2026, día en que se realizó la fiesta vallenata en la cárcel. Con ese beneficio, los funcionarios podrían obtener una rebaja de hasta el 50 % en la sanción que eventualmente se les imponga al término de las investigaciones.
Por último, la Procuraduría compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la posible comisión de conductas punibles por parte de los tenientes Ciprián Díaz, Fracica Sarmiento y León Rodríguez, director encargado del penal al momento de los hechos.
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El pasado 14 de abril, la Fiscalía abrió una indagación preliminar por los mismos hechos, con el fin de establecer si funcionarios del Inpec habrían incurrido en prevaricato por omisión. Sin embargo, el ente acusador no descarta que se configuren otros delitos asociados a presuntos actos de corrupción dentro del penal.
El caso despertó especial controversia porque la cárcel La Paz, en Itagüí, alberga a varios de los llamados gestores de paz que participaron en la estrategia de “paz urbana” del entonces gobierno de Gustavo Petro. Esa circunstancia reavivó el debate sobre los beneficios y las condiciones de reclusión de algunos voceros de estructuras criminales del Valle de Aburrá.
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