La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de nueve personas, presuntamente involucradas en una red dedicada al cobro de dinero para direccionar procesos de lavado de activos que se adelantan en la entidad. Entre los capturados se encuentran cuatro funcionarios de la Policía Nacional, dos servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y tres particulares que hicieron parte de la Sijín y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Las personas fueron identificadas como el capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez; los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca, y el patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo, integrantes de la Dijín de la Policía Nacional. Asimismo, fueron aprehendidos los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo.
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Además, fueron capturados los exfuncionarios de la Policía Nacional y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) Luis Eduardo Riveros García, Rosember Gil Ramírez y Jimmy Gerardo Casas Torres. Estas personas fueron capturadas en medio de diligencias realizadas en Bogotá, Chiquinquirá (Cundinamarca), Pereira (Risaralda) y Granada (Meta).
Según indicó la Fiscalía, los funcionarios habrían aprovechado sus cargos para realizar exigencias económicas entre los COP 400 y 1.000 millones a un hombre que cumplió condena en Estados Unidos y a sus familiares. Esto, “para evitar la imposición de medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre sus bienes, impedir que se ejecutaran órdenes de captura, entre otras acciones judiciales en su contra”.
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El ente investigador señaló que, hasta ahora, se han documentado eventos delictivos ocurridos en 2014, 2015, 2024 y 2025. “En los casos detectados algunos de los implicados se habrían reunido con los afectados en Bogotá y Villavicencio (Meta) y exhibido información reservada sobre procedimientos que se realizarían para ejercer presión e intensificar los cobros ilícitos”.
Además, la Fiscalía indicó que los presuntos involucrados en la red delincuencial, que ejercían funciones judiciales, “alcanzaron a eliminar elementos materiales probatorios y evidencias para alterar el curso normal de las investigaciones, y constriñeron a testigos para que entregaran datos falsos sobre los familiares del hombre que cumplió pena en Estados Unidos”. Esto habría ocurrido luego de que las víctimas no pagaran las sumas solicitadas.
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Estas personas también fueron señaladas de intimidar a uno de los líderes de la investigación para que les permitiera acceder a detalles de los procesos de su interés. Por ello, fiscales de la Seccional Bogotá y de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputarán a los capturados, por su presunta participación, los delitos de concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistema informático, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario.
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