
Ocho bombardeos a grupos ilegales. Megaoperativos contra estructuras criminales en ciudades capitales. Exposición de resultados operacionales en redes sociales. Decisiones sobre las fumigaciones de cultivos de uso ilícito. Acercamientos a Estados Unidos para pedir ayuda en materia de seguridad. Una ley de sometimiento completamente distinta a la del mandatario anterior. Ese es parte del panorama de los primeros 100 días de mandato del presidente Abelardo de la Espriella en los sectores de defensa y justicia. Un tramo de su gobierno que también estuvo marcado por las decisiones con las que los jueces le pusieron límite a algunas de las órdenes del jefe de Estado.
En sus primeros 100 días, el presidente De la Espriella logró que el Congreso aprobara el pasado 4 de noviembre su ley de sometimiento, que será la hoja de ruta para los próximos cuatro años para el tratamiento de los grupos criminales. El proyecto que discutió el Legislativo es todo lo contrario a la ley de paz total que venía del gobierno del expresidente Gustavo Petro y solo ofrece algunos beneficios judiciales a integrantes de estructuras ilegales, como rebajas de penas a cambio de entregar bienes, armamento y rutas ilegales. La ley contempla, entre otras cosas, que los llamados “Actores Armados Ilegales o Terroristas” que se sometan a la justicia paguen seis años de privación de la libertad.
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Los miembros de estructuras criminales que estén privados de la libertad también podrán acogerse a la justicia, pero la ley descarta de plano el sometimiento de personas condenadas por reclutamiento de menores. También la ley de sometimiento del gobierno del presidente De la Espriella que aprobó el Congreso señala que la sola intención de someterse a la justicia no será suficiente. Los integrantes de estructuras criminales que busquen beneficios judiciales tendrán que entregar actas colectivas e individuales en las que hagan la plena identificación de todos sus integrantes, así como la información de las personas secuestradas y desaparecidas. Además de dejar todas sus actividades ilícitas.
Además, en sus primeros 100 días, el Gobierno movió sus fichas en materia de cooperación para seguridad y defensa con Estados Unidos. En agosto pasado se anunciaron dos decisiones en esa materia. La primera es la entrada de Colombia al llamado Escudo de las Américas, una iniciativa del gobierno de Donald Trump para intensificar la lucha contra las drogas en la región. La segunda es la firma de un acuerdo entre ambos países para hacer operaciones militares conjuntas. Esto incluye el uso de al menos siete bases militares colombianas por parte de personal militar y civil estadounidense. Pero las decisiones se suman a las iniciativas de “mano dura” que están andando desde el primer día de mandato.
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Las movidas para recuperar la seguridad y las respuestas de los grupos ilegales
Una ofensiva militar que ha tenido pocos efectos en la recuperación del control territorial. Así definen algunos expertos los primeros 100 días del gobierno de De la Espriella en materia de seguridad y orden público. En el marco de esa ofensiva, el jefe de Estado ordenó nueve bombardeos (su meta era llegar a 12), la militarización de Santa Marta (Magdalena) y Cúcuta (Norte de Santander). Además de megaoperativos de seguridad en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta y Bucaramanga que, según las autoridades, dejaron más de 825 capturas. Sin embargo, no está claro cuántas de estas fueron legalizadas, en medio del debate sobre la competencia del presidente para intervenir en esos operativos y capturas.
En respuesta a esta ofensiva militar, los grupos armados reaccionaron con 111 ataques contra la fuerza pública y la población civil entre el 7 de agosto y el 31 de octubre, según la Fundación Ideas para la Paz (FIP). En agosto, esa organización registró 106 personas heridas y asesinadas, “la cifra más alta registrada en este mes y el tercer pico mensual más alto desde 2022 hasta la actualidad, solo detrás de julio de 2022 y mayo de 2026”. Este panorama no incluye la ola de atentados registrada durante el puente festivo de comienzos de noviembre, que dejó un policía y cuatro civiles muertos. Estos últimos, víctimas de un ataque atribuido a la disidencia de “Iván Mordisco” en Planadas (Tolima).
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Allí, el pasado 1 de noviembre, una volqueta cargada con explosivos destruyó el hospital y varias viviendas. Una de las víctimas mortales es una bebé de dos meses. Días después, el 7 de noviembre, hubo un ataque con tatucos explosivos y un enjambre de drones contra el cantón militar de Santa Rosa (Bolívar). La acción, atribuida por las autoridades al Ejército de Liberación Nacional (Eln), dejó tres militares muertos y 47 heridos. Expertos calificaron el hecho como el más grave desde 2023, cuando se registró el primer ataque con drones de grupos armados en el país. Este tipo de atentados se ha vuelto cada vez más frecuente y ha afectado peajes e infraestructura de la fuerza pública, así como a civiles.
De acuerdo con la FIP, entre enero y noviembre de este año se han registrado 351 ataques con drones, la mayoría dirigidos contra la fuerza pública. Y solo en los primeros tres meses del gobierno de De la Espriella murieron 38 uniformados y otros 213 resultaron heridos en este tipo de hechos. Las cifras del Ministerio de Defensa muestran un aumento del 58 % en las muertes y del 72 % en los heridos frente al mismo periodo del gobierno de Gustavo Petro. Este complejo panorama de seguridad, según Javier Flórez, director de Conflicto y Seguridad de la FIP, muestra que el mandatario no pudo cumplir las promesas en materia de seguridad que anunció cuando se posesionó, el 7 de agosto de 2026.
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De la Espriella había prometido recuperar el control militar y territorial en 90 días, neutralizar a 10 jefes criminales de alto valor y fumigar 330.000 hectáreas de coca. “Realmente no se cumplieron los objetivos, porque eran metas difíciles de alcanzar en un periodo tan corto y con tantas dificultades de capacidades actuales, no solamente en las Fuerzas Militares, sino en el sector justicia y la estrechez fiscal en la que nos encontramos”, sostuvo Flórez. En esa línea, el director agregó que se están utilizando “herramientas del pasado para atender un problema que es distinto en el presente” y que el Gobierno debería plantear una estrategia que realmente afecte los “nodos críticos de estas estructuras criminales”, como sus finanzas provenientes del narcotráfico y la minería.
Según los analistas, la “ineficacia” de estas estrategias alcanza los bombardeos. “Es muy pronto para decir que estos bombardeos han afectado las capacidades de los grupos armados, porque una cosa es la capacidad militar de los grupos armados y otra muy distinta es el ecosistema criminal”, le explicó a este diario Jorge Mantilla, investigador del conflicto y el crimen organizado. De acuerdo con el experto, es clave entender “las relaciones sociales, económicas y territoriales que permiten que estos grupos persistan a través del tiempo”. A eso se suman los daños colaterales, como las muertes de menores de edad reclutados por los grupos armados. En lo que va de este Gobierno, se han registrado ocho casos de este tipo.
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Mantilla definió esta situación como una “paradoja” entre la ofensiva militar y los costos que ha tenido en términos de aumento del impacto humanitario, desplazamientos, confinamiento, reclutamiento forzado, el aumento de policías y militares heridos y la respuesta y adaptación por parte de los grupos armados en ataques con drones. Y señaló que la política de seguridad ha estado “desconectada” del contexto del país. “No hay un componente territorial claro y eso ha impedido que haya una recuperación integral. Hay una brecha entre los anuncios de los resultados, en los videos que publica el presidente, la puesta en escena de la seguridad y lo que está pasando realmente en el país”, concluyó el experto.

Las decisiones judiciales que le han puesto límites a De la Espriella
Durante los primeros 100 días del gobierno del presidente De la Espriella, su administración también se enfrentó a las decisiones de la justicia. Aunque el jefe de Estado y su gabinete llegaron con la idea de imponer una nueva agenda para tomar distancia del proyecto político que tuvo Colombia con Gustavo Petro, materializar sus nuevas propuestas no pasó todos los filtros de la justicia que, en algunos casos, frenó por un tiempo su agenda y, en otros, la mantiene congelada. El poder judicial ha tenido que conocer y tomar decisiones en apuestas en materia de seguridad, lucha contra las drogas y comunicación institucional.
Uno de los primeros hechos fue el de los bombardeos contra estructuras armadas ilegales, después de que varias operaciones militares en Catatumbo (Norte de Santander) y Guaviare dejaran a ocho menores de edad muertos, según confirmó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El 3 de septiembre de 2026, el Juzgado 34 de Familia de Bogotá admitió una tutela y ordenó suspender los ataques aéreos contra objetivos sobre los que existiera información acerca de la presencia de niños, niñas y adolescentes reclutados. La medida fue ratificada el 10 de septiembre, cuando la jueza rechazó la impugnación presentada por el presidente, sus ministros de Defensa e Interior y la cúpula militar.
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Sin embargo, el 16 de septiembre el mismo juzgado levantó la suspensión general y estableció condiciones para continuar las operaciones. Entre ellas, advirtió que “la sola presencia en un campamento o la mera vinculación material con aquella no conduzca automáticamente a presumir que un menor de edad puede ser objeto legítimo de ataque”. También ordenó intensificar las verificaciones de inteligencia, evaluar alternativas menos lesivas y aplicar el principio de proporcionalidad conforme al derecho internacional humanitario. Pese a esa decisión, actores de la sociedad civil han interpuesto otros recursos alegando un presunto incumplimiento de los deberes relacionados con los bombardeos.
Otro de los reveses judiciales para el Ejecutivo se produjo alrededor de su intención de reactivar la aspersión aérea de cultivos de uso ilícito. El Gobierno derogó la resolución que desde 2015 mantenía suspendida la fumigación aérea con glifosato y anunció un plan piloto con glufosinato de amonio, una sustancia distinta, que pretendía utilizar como herramienta de erradicación. Sin embargo, el Juzgado Tercero Promiscuo de Puerto Asís (Putumayo) ordenó en septiembre pasado suspender provisionalmente el proyecto tras admitir una tutela que advertía sobre los posibles efectos de la iniciativa en los derechos a la salud, el acceso al agua y un ambiente sano en las comunidades impactadas por el piloto del plan.
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Ese mismo mes, el Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa resolvió cerca de 10 acciones de tutela y mantuvo frenado el programa. Aunque posteriormente el juzgado aceptó una impugnación presentada por el Ministerio de Justicia, la medida cautelar de suspensión siguió vigente. El 3 de noviembre, el Tribunal Administrativo del Putumayo, en segunda instancia, ordenó mantener la suspensión por cuatro meses, mientras se evalúan de fondo los riesgos de la sustancia y el cumplimiento de las condiciones impuestas por la Corte Constitucional desde 2021 para una eventual reanudación de la aspersión, incluyendo un plan de manejo ambiental y la consulta previa con las comunidades étnicas afectadas.

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Las publicaciones del presidente y el uso de las redes oficiales también terminaron en los despachos judiciales. El pasado 9 de septiembre, el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá ordenó inicialmente a la Presidencia y al Departamento Administrativo de la Presidencia retirar temporalmente videos en los que el presidente De la Espriella aparecía caminando entre cadáveres de presuntos integrantes de grupos armados abatidos durante operaciones militares. La medida buscaba evitar una posible vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes expuestos a imágenes explícitas de violencia. Sin embargo, el 23 de septiembre, el Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá declaró improcedente la tutela.
Aunque el fallo no impidió que se subieran nuevamente las imágenes, el despacho sí exhortó a la Presidencia a utilizar mecanismos de advertencia y clasificación para contenidos sensibles. Otro episodio ocurrió por los actos religiosos en la posesión presidencial: un fallo de primera instancia ordenó al mandatario y al presidente del Senado, Honorio Enriquez, ofrecer disculpas por la vulneración de la neutralidad religiosa del Estado al hacer referencias de la religión católica en su discurso. Pero el Tribunal Superior de Bogotá revocó esa decisión el 25 de septiembre. En medio de los pulsos judiciales perdidos y las decisiones de seguridad, el jefe de Estado sigue marcando la línea de lo que seguirá en su mandato.
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