Ungrd: traslado de testigos pone bajo la lupa vínculo de Minjusticia con Carlos R. González

El traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla a la cárcel La Picota abrió un nuevo frente de controversia alrededor del caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La defensa de los principales testigos del expediente cuestionó la decisión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y puso sobre la mesa un antecedente del actual ministro de Justicia: antes de llegar al Gobierno, fue abogado de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), procesado por el entramado y prófugo de la justicia.

El señalamiento fue hecho a El Espectador por el abogado Gustavo Moreno, defensor de Pinilla, después de conocerse la decisión del Inpec de sacar a su cliente y a Olmedo López de una guarnición militar, ubicada en Puente Aranda, y trasladarlos a La Picota. “Rechazamos ese traslado, además que genera un sinsabor teniendo en cuenta que el ministro de Justicia (Iván Cancino) fue defensor del señor Carlos Ramón, involucrado en estos hechos de corrupción, por lo cual enfrenta un juicio y está prófugo”, aseguró Moreno.

El abogado agregó que fue el ministro quien designó al nuevo director del Inpec, funcionario que firmó la orden de traslado. “El señor ministro designó al nuevo director, quien es el que firma la orden, que supongo que no fue en consulta, teniendo en cuenta la gravedad de la misma y la preocupación que genera”, señaló el abogado. Su cuestionamiento parte de que, según sostiene, existen dos decisiones judiciales que establecieron condiciones especiales de reclusión para proteger a quienes se convirtieron en testigos en el escándalo de corrupción de la Ungrd.

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Foto: EFE - Alexa Rochi

Carlos Ramón González ha sido uno de los nombres centrales de la investigación y uno de los hombres más cercanos al entonces presidente Gustavo Petro que terminó involucrado en este caso. La Fiscalía lo llevó a juicio por su presunta participación en el entramado mediante el cual se habrían direccionado recursos y contratos de la Ungrd para conseguir apoyos políticos en el Congreso. González ha dicho que es inocente y que todo se trata de una persecución en su contra por haber sido un alfil del expresidente Petro.

El traslado de ambos a La Picota tiene otra perla: allí permanecen recluidos tres personajes que llegaron a esa cárcel de máxima seguridad por los testimonios que han entrado el propio Pinilla y Olmedo López. Uno de ellos es Wadith Manzur, exrepresentante a la Cámara de Representantes, investigado por la Corte Suprema de Justicia por su presunta responsabilidad en el entramado de corrupción. Y los otros dos son: Iván Name, expresidente del Senado, y Andrés Calle, expresidente de la Cámara.

Además, la controversia por el traslado de López y Pinilla también tiene otra artista, pues ninguno llegó a una guarnición militar por una decisión sin fondo. En agosto de 2024, un juez de control de garantías concluyó que ambos enfrentaban riesgos derivados de su decisión de colaborar con la justicia y ordenó que fueran recluidos en instalaciones especiales. En esa audiencia, el juez John Mario Díaz explicó que inicialmente contempló enviarlos a un establecimiento penitenciario de alta seguridad.

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¡SE ACABÓ LA GUACHAFITA Y SE ACABARON LOS PRIVILEGIOS! Di la orden y hoy se cumplió: Olmedo López y Sneyder Pinilla fueron trasladados a La Picota. Estamos hablando de plata que era para llevar agua donde no había una gota, alimentar niños, ayudar a familias que lo habían perdido todo y atender emergencias. Los involucrados en ese escándalo hoy responden ante la justicia y no van a tener privilegios mientras enfrentan sus procesos. Que quede claro: en mi Gobierno no hay cárceles VIP, pabellones a la medida ni privilegios. No importa cuánto dinero, poder, influencias o amigos tenga alguien. Aquí nadie tiene corona y nadie está por encima de la ley. La plata pública es sagrada. Quien la toque tendrá que responder ante la justicia. Y quien esté privado de la libertad estará donde legalmente corresponda. Aquí no hay intocables. Aquí no hay coronas. Aquí la ley se cumple. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 6, 2026

Sin embargo, cambió su decisión después de escuchar a las defensas y revisar los elementos presentados sobre los riesgos que enfrentaban los dos testigos. El juez aseguró entonces que sus vidas podían estar en peligro por el poder de personas presuntamente involucradas en el entramado de corrupción. Según explicó, algunos de esos actores podrían tener interés “en que la verdad no salga a flote, en que la investigación no camine y en que las líneas de investigación que está adelantando la Fiscalía se entorpezcan”.

Por esa razón accedió a que fueran recluidos en instalaciones diferentes a una cárcel ordinaria. En el caso de Pinilla existe, además, otra decisión. Cuando fue condenado en abril de 2025 por concierto para delinquir y peculado por apropiación agravado, la jueza Martha Cecilia Artunduaga Guaraca negó concederle prisión domiciliaria, pero dispuso que permaneciera en una guarnición militar debido al riesgo de seguridad que enfrentaba como testigo colaborador. Moreno sostiene ahora que trasladar a los dos testigos desconoce esas determinaciones.

Pero esa segunda decisión contiene detalles que ahora cobran especial relevancia ante la orden de trasladar a Pinilla a La Picota. La jueza dejó consignado que la Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía había evaluado las amenazas contra su vida e integridad y, en un estudio técnico del 8 de mayo de 2024, había determinado que enfrentaba un “riesgo extremo”. La razón estaba directamente relacionada con su colaboración: Pinilla venía entregando información sobre el entramado de corrupción y sería testigo contra altos funcionarios del Estado.

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Foto: Ley de Sometimiento

El riesgo, según la sentencia, no era solamente una posibilidad. La jueza señaló que, mientras Pinilla se encontraba recluido en la guarnición militar, se detectó que otro privado de la libertad estaba averiguando sobre “las actividades y movimientos” que realizaba dentro del lugar. La situación, dice la decisión, pudo ser neutralizada mediante el traslado de ese recluso. La defensa también informó que a Pinilla le habrían ofrecido una millonaria suma de dinero para que guardara silencio, un hecho que, según quedó registrado en la sentencia, ya había sido puesto en conocimiento de la Fiscalía.

Con esos elementos, la jueza concluyó que incluso enviarlo a un pabellón especial para servidores y exservidores públicos en una cárcel ordinaria podía ponerlo en peligro. Consideró que mantenerlo en una instalación militar era una medida “adecuada y suficiente” para protegerlo, pues sus delaciones involucraban a personas con poder que, según la decisión, tendrían interés en impedir que se conociera la verdad. Por eso, aunque negó la prisión domiciliaria solicitada por Pinilla, ordenó que continuara recluido en la guarnición militar.

Ese antecedente es uno de los argumentos con los que su defensa cuestiona ahora el traslado ordenado por el Inpec. Gustavo Moreno sostiene que no se trata de un beneficio penitenciario concedido a Pinilla, sino de una medida adoptada judicialmente ante un riesgo documentado por la propia Fiscalía. Y es en ese contexto en el que el abogado introduce otro cuestionamiento: el actual ministro de Justicia fue defensor de Carlos Ramón González, uno de los procesados en el mismo entramado de corrupción y actualmente prófugo.

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PRONUNCIAMIENTO URGENTE: Como defensa de Sneyder Pinilla, solicitamos que sea dejada sin efectos la decisión del INPEC que ordena su traslado a la cárcel La Picota. Existe una orden judicial vigente que dispone que nuestro representado permanezca en un centro de reclusión militar. Las decisiones de los jueces de la República deben ser respetadas y cumplidas. Sneyder Pinilla es un testigo que ha decidido colaborar con la justicia. Su vida e integridad deben ser protegidas y las garantías otorgadas dentro de su proceso de cooperación deben ser efectivas. No se pueden desconocer las decisiones judiciales ni poner en riesgo las garantías de quienes han decidido colaborar con la justicia.

— Gustavo Moreno (@GustavoMorenoRi) October 6, 2026

“Este Gobierno, ni este ministro de Justicia, ni este director del Inpec pueden desconocer esa orden judicial”, afirmó. Para el abogado, hacerlo podría poner en riesgo “la seguridad, la vida y la integridad de los testigos y de la verdad”. La defensa de Olmedo López planteó un reparo similar. Su abogado, José Moreno, aseguró que mientras la decisión judicial que fijó su sitio de reclusión no sea aclarada o modificada por un juez, ejecutar el traslado podría implicar su incumplimiento.

Además, responsabilizó anticipadamente a quienes ordenen o ejecuten la medida por cualquier afectación contra López o su familia. El presidente Abelardo de la Espriella, por su parte, asumió públicamente la responsabilidad política de la decisión. Aseguró que fue él quien ordenó el traslado a La Picota y defendió la medida bajo el argumento de que las personas involucradas en el escándalo de la Ungrd no deben recibir privilegios mientras responden ante la justicia. “En mi Gobierno no hay cárceles VIP, pabellones a la medida ni privilegios”, afirmó.

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Sneyder Pinilla cooperó con la justicia, participó en una agencia encubierta y sigue siendo testigo en procesos de corrupción. Ignorar las órdenes judiciales de protección lo expone a un riesgo grave y puede silenciarlo. Exigimos garantías inmediatas para su vida e integridad. https://t.co/pdjVRPH6g9

— Gustavo Moreno (@GustavoMorenoRi) October 6, 2026

El choque, entonces, va más allá del lugar en el que López y Pinilla cumplirán sus medidas de privación de la libertad. Sus defensas sostienen que la permanencia en una guarnición militar responde a órdenes judiciales adoptadas para proteger a dos personas cuya colaboración permitió avanzar en uno de los mayores expedientes de corrupción de los últimos años. El Gobierno, en cambio, presenta el traslado a La Picota como el fin de un supuesto trato privilegiado.

El Espectador consultó al ministro de Justicia, Iván Cancino, a través de su oficina de prensa para saber cuál es su postura frente a las declaraciones del abogado Moreno. Sin embargo, señalaron que “las comunicaciones se centralizan ahora por Presidencia y el ministro no puede pronunciarse sobre nada sin el visto bueno de la Casa de Nariño”.

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