Las víctimas reconocidas en el caso contra Álvaro Uribe Vélez presentaron ante la Corte Suprema de Justicia, en la tarde de este 13 de enero, el recurso de casación con la que buscan tumbar el fallo que absolvió en segunda instancia al expresidente de los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal.
Con este recurso, las víctimas buscan que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la última palabra sobre el caso resuelto en primera y segunda instancia por la jueza Sandra Liliana Heredia y por el Tribunal Superior de Bogotá. La casación es el único mecanismo que les queda para intentar tumbar la decisión de segunda instancia, que declaró la inocencia de Uribe Vélez.
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En un inicio, y tras la decisión en segunda instancia, las víctimas, acreditadas del caso (el senador Iván Cepeda, el exministro de Justicia Eduardo Montealegre, el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo y Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve) tenían un plazo de 30 días hábiles para presentar el recurso de casación.
Sin embargo, el pasado 18 de noviembre, la fiscal delegada del caso, Marlena Orjuela, pidió una prórroga de 30 días a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá para presentar el recurso de casación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Tras su solicitud, la sala amplió el plazo hasta este martes.
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Según el recurso de casación, los apoderados de las víctimas señalaron que acudieron a este recurso al estimar que “la sentencia de segunda instancia incurrió en errores de juicio con aptitud para afectar el derecho material y, en particular, las garantías que les asisten a las víctimas dentro del proceso penal”.
Asimismo, aseveraron que esta providencia desconoció “las reglas de producción, apreciación y valoración de la prueba, o que arriba a conclusiones sin el soporte argumentativo exigible por la sana crítica, no solo compromete la corrección de la declaración de justicia, sino que impacta directamente los derechos de las víctimas a una decisión fundada, coherente con el acervo y respetuosa del debido proceso”.
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Entre otros argumentos presentados en el recurso, se manifiesta que el Tribunal Superior de Bogotá excluyó grabaciones en las que se podría establecer “que Álvaro Uribe Vélez le daba constantes instrucciones a Diego Cadena y a sus demás interlocutores para que, a su vez, incidieran en los testigos con el único propósito de que adulteraran la verdad en sus declaraciones y plasmaran las mentiras mediante cartas”.
Asimismo, indicaron que, de haberse valorado este material junto con otras pruebas, se “habría podido corroborar los actos de determinación realizados por Uribe Vélez sobre Diego Cadena y demás colaboradores para la consumación de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, y habría adquirido el conocimiento suficiente para desacreditar la presunción de inocencia”.
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El recurso de casación presentada solicitó a los magistrados de la Sala Penal que se tumbe la sentencia de segunda instancia del pasado 14 de octubre, en la que se absolvió al expresidente. En consecuencia, pidió que se deje en firme la sentencia condenatoria del 28 de julio de 2025, en la cual se declaró penalmente responsable a Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, en calidad de determinador.
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